Aristóbulo del Valle, Misiones, 
Argentina, 19 de junio de 2020.-

Señor Relator Especial de las Naciones Unidas
Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
Sr. Francisco Calí Tzay:

De mi consideración:
 			En mi carácter de Coordinadora Nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) que forma parte de la Conferencia Episcopal Argentina, me dirijo a Ud. a fin de realizar nuestro aporte en razón del informe que Ud. se encuentra realizando con motivo de los Pueblos Indígenas y el COVID-19.
 			En importante aclarar que el Equipo que represento es una articulación de equipos locales, compuestos de religiosos, laicos y miembros de los Pueblos, que hace casi cuatro décadas acompaña a los Pueblos Indígenas en Argentina. 
 			Expondré en el documento que acompaño el resultado de los aportes de miembros de distintos equipos en el contexto de la experiencia con que contamos en épocas anteriores a la pandemia.
 			Saludo a Ud. con distinguida consideración.

Introducción.
 	Los Pueblos Indígenas en Argentina han logrado importantes avances en nuestro país en el plano jurídico. La reforma de la Constitución que los reconoció como sujetos colectivos en 1994, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el impacto de los tratados ratificados por Argentina entre otros documentos, han puesto en vilo una matriz de  siglo y medio de racismo, discriminación y sometimiento.
 	Sin embargo la práctica concreta de los poderes públicos, y la consideración de amplios sectores de la sociedad no indígena aún resiste fuertemente los reconocimientos y declamaciones de los textos legales.
En el contexto de la promoción de las industrias extractivas y el aumento de la frontera agrícola, el incumplimiento del Estado de la obligación de reconocer la propiedad comunitaria indígena, representa una lucha cotidiana para estos pueblos. En el mismo sentido, la violación a los derechos de consulta y participación, el desconocimiento de las autoridades representativas de los pueblos, y la imposición de pautas extrañas a las comunidades en la prestación de los servicios públicos más importantes (salud, educación, asistencia social, vivienda y servicios básicos como el agua corriente) constituyen un escenario que la pandemia por el COVID 19, solo puede empeorar y profundizar.
 	Tal como expresa un reciente trabajo de investigación “Esta coyuntura agrava la situación de desigualdad socioeconómica, la irregularidad en la posesión de las tierras que habitan, la histórica invisibilización, estigmatización y, en ocasiones, criminalización asociada a su condición sociocultural”.
	Trataremos de proporcionar la información disponible en respuesta a algunas de las preguntas formuladas por el Sr. Relator y luego agregamos un punto referido a la violencia por parte de fuerzas de seguridad contra miembros de pueblos indígenas durante la pandemia.

Cuestionario para las respuestas de los Estados, los pueblos indígenas y otros agentes:
1.	¿Cómo recopila y analiza el gobierno del Estado la información sobre los efectos de COVID-19 en los pueblos y personas indígenas?  ¿Se dispone de datos desglosados sobre los pueblos indígenas, incluidas las repercusiones en la salud?
 	Existen algunas acciones estatales como por ejemplo la Resolución 04/2020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que estableció la realización de un relevamiento de miembros de comunidades indígenas para garantizar que accedan  denominado “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA” (IFE). Sin embargo frente a las realidades concretas en muchas de las comunidades aparecen como insuficientes. 
 	Si bien el INAI tiene un registro de Comunidades Indígenas y a partir del censo nacional del 2010 se incluyó una pregunta sobre pertenencia a algún pueblo indígena y se realizó un censo complementario, los datos con que el estado cuenta en materia de servicios de salud y otros derechos económicos, sociales y culturales, la información es fragmentada e insuficiente o desactualizada.
2.	Sírvase proporcionar información y ejemplos concretos que muestren el aumento de los riesgos y/o el impacto desproporcionado de la pandemia en la salud de los pueblos indígenas. ¿Qué medidas se han adoptado para prestar atención de salud y otras formas de asistencia urgente a las comunidades remotas?
 	 La falta de acceso al agua potable en numerosas comunidades del norte de Argentina impide un cumplimiento adecuado de la principal medida de prevención frente a la emergencia de la COVID - 19. 
 	En muchos casos, fundamentalmente en zonas urbanas y periurbanas, los altos niveles de hacinamiento de las familias indígenas condicionan las posibilidades de llevar adelante el aislamiento obligatorio, así como mantener las condiciones necesarias de higiene.
 	Por otra parte dado que la atención del sistema sanitario en todo el país está centrada en el brote de COVID-19, siguen faltando durante este período medidas adecuadas para enfrentar otras enfermedades, mayormente evitables con sencillas medidas sanitarias. Así es que continúan presentandose casos de tuberculosis, desnutrición, anemia, parasitosis, así como casos severos y constantes de gastroenteritis, sumándose el dengue que se encuentra en un pico estacional.
	En este crítico contexto en la región del NEA, principalmente en tierras bajas, se enfrenta la mayor epidemia de dengue de los últimos tiempos, lo que afecta seriamente a las comunidades indígenas, por las condiciones sanitarias, climáticas y territoriales. 
3.	¿Cómo se apoya a los pueblos indígenas en sus propias iniciativas para luchar contra la pandemia, proteger la salud y prestar asistencia en sus propias comunidades?  ¿Qué enseñanzas pueden extraerse de las prácticas tradicionales indígenas y de los programas comunitarios en materia de cierre y emergencia?
No se dispone información sobre este punto.
4.	¿Cómo se da a los pueblos indígenas la posibilidad de dar forma a la respuesta nacional a la COVID-19 para garantizar que no tenga un efecto discriminatorio en sus comunidades.
Si bien existen al menos dos espacios estatales en los que la participación de los pueblos indígenas se encuentra prevista (Consejo Consultivo de INAI y el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, que funciona en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creado por el Decreto 672/2016) existen dudas de que exista algún ámbito de nivel nacional de articulación de los Pueblos Indígenas, con lo que el objetivo de consulta no resulta abordado por el momento.
5.	¿Se busca y respeta su aporte en los programas que podrían afectarlos?
 	En general esto no ocurre. No existe en Argentina siquiera una ley que instrumente el derecho a la consulta y la participación previstos en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y el Convenio 169 de la OIT.
6.	¿Cómo se difunde la información sobre COVID-19 y las medidas de prevención en las comunidades indígenas? ¿Se dispone de dicha información en lenguas indígenas?
	Si bien se destaca que hacia el final del mes de mayo el INAI distribuyó en redes sociales recomendaciones básicas de prevención para la pandemia en algunos idiomas de pueblos indígenas de Argentina, no se ha verificado la existencia de información en cantidad, calidad y accesibilidad adecuada para estos pueblos.
7.	Sírvase proporcionar ejemplos de buenas prácticas y medidas específicas para corregir los efectos desproporcionados de la pandemia en la salud de los pueblos indígenas.  Si son los gobiernos estatales, provinciales y locales los que las aplican, sírvase explicar cómo se concibieron esas medidas en consulta y aplicando el consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas interesados a fin de garantizar que dichas medidas se adapten a las necesidades culturales y otras necesidades específicas de esas comunidades indígenas.
No se cuenta con información. Remitimos a la respuesta 5.
8.	Sírvanse proporcionar información sobre las repercusiones económicas, sociales y culturales de los cierres, las cuarentenas, los viajes y otras restricciones a la libertad de circulación de las comunidades indígenas.
	Las restricciones a la circulación y el aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional (Decreto 297/2020 y otros) impactó negativamente en los Pueblos Indígenas por diversos motivos.
 	Diversas actividades  tradicionales de subsistencia de estos pueblos (recolección, caza, pesca) los circuitos de recorrida y de contactos familiares, que muchas veces trascienden las fronteras provinciales y hasta nacionales (como ocurre con miembros de los pueblos mbya guaraní en Misiones, Kolla en Jujuy y Salta) se vieron limitadas u obstruidas con motivo de estas medidas de gobierno.
 	Las comunidades Huarpes de la Laguna de Guanacache (Mendoza) reportan dificultades para la realización de trabajos estacionales de vendimia, pues los productores de uva acortaron el período de recolección a pocas semanas, reduciendo el tiempo de trabajo en el que participan muchos trabajadores golondrinas miembros de diversos pueblos indígenas.
 	En forma simultánea la falta de ingreso de comerciantes a la zona en la que están asentadas las comunidades aumentó el costo de los productos básicos de consumo familiar y obligó a asumir costos de desplazamiento para su provisión.
 	En todas las comunidades, se vieron muy afectadas las actividades de reunión comunitarias. Eso implicó la imposibilidad de tomar decisiones ni participar en la consideración de medidas propuestas para enfrentar la pandemia. Por el tipo de prácticas y la relevancia en la vida interna de las comunidades, se trata de encuentros que no pueden ser reemplazados por medios virtuales o de otro tipo.
	Entre las actividades más afectadas por las restricciones se encuentran las de tipo religioso. Las celebraciones de Semana Santa en la que participan muchos de los Pueblos cayeron dentro del período afectado como también ocurrirá con el Wiñoy Tripantu o “año nuevo mapuche” que se celebra en el solsticio de invierno. No existen antecedentes del impacto de este tipo de privaciones en la vida de estas comunidades, dado que se trata de momentos muy importantes en la vida del Pueblo Mapuce. 
 	Lo mismo ocurre con el pueblo Rankel que comparte dicha celebración del año nuevo y que suspendieron un encuentro previsto en Leuvuco, Provincia de La Pampa.
9.	Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las comunidades indígenas no sufran efectos discriminatorios en su acceso a los medios de vida, los alimentos y la educación.   ¿Cómo se tiene en cuenta a los pueblos indígenas en la elaboración de los programas de asistencia y socorro?  ¿Dónde están las lagunas, si las hay?
	No conocemos experiencias en las que los pueblos indígenas hayan sido tomados en cuenta para la elaboración de programas de asistencia y socorro durante la pandemia. Las medidas de asistencia económica fueron previstas millones de personas afectadas por la inactividad laboral y económica. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se presentó como una opción de ayuda con un monto interesante para aliviar la situación. 
 	Sin embargo se presentaron dificultades para tramitar dicho beneficio, pues exigía conexión a internet y habilidades informáticas no siempre al alcance de las comunidades, lo que perjudicó a cierta cantidad de posibles beneficiarios indígenas. 
La falta de atención tradicional cara a cara resulta un impedimento severo para quienes no acceden al manejo de estas tecnologías. En otros casos la boca de pago del IFE se fijó en bancos o correo muy alejados del domicilio de los beneficiarios, incluso en bancos de Buenos Aires. Se notó una falta de vías alternativas y accesibles para las comunidades en relación a los trámites del IFE, sumado a ello, la demora en las respuesta de si les correspondía o no.
	Si bien con motivo de las medidas para hacer frente a la pandemia los gobiernos han tomado distintas medidas para asistir en general a la población, no se registran medidas específicas para los pueblos indígenas encaminadas a estos efectos. 
Los Pueblos de la Región del Noreste (NEA) con cierto desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe han lamentado los retrocesos sufridos pues la EIB sienta una de sus principales bases en la presencia, la comunicación, y el contacto estrecho y esto ha sido interrumpido en forma casi total.
 	Comunidades del pueblo mapuche en la Provincia de Neuquén que cuentan con un ciclos educativo que inicia en septiembre y culmina en mayo han sufrido gran incertidumbre para la conclusión del período. En  algunos casos se decidió desde el gobierno  la promoción pese al truncamiento del ciclo, transfiriendo al siguiente período las actividades faltantes.
10.	Sírvase proporcionar información sobre la forma en que las mujeres, las personas de edad, los niños, las personas con discapacidad y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de los pueblos indígenas se enfrentan o pueden enfrentarse a nuevos problemas de derechos humanos durante la pandemia.
	Sin información disponible.
11.	Sírvanse proporcionar información sobre las medidas específicas adoptadas para prevenir las formas de discriminación que se entrecruzan y garantizar el acceso, la protección y los servicios de las mujeres, los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de las comunidades indígenas, teniendo debidamente en cuenta sus necesidades específicas.
	Sin información disponible.
12.	Sírvanse proporcionar información sobre la forma en que los estados de excepción pueden contribuir a las amenazas o agravar las actuales violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular en lo que respecta a la libertad de reunión y la protección de sus tierras y recursos tradicionales.  ¿Qué medidas se han adoptado para proteger las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas contra las invasiones y el acaparamiento de tierras por agentes externos durante la pandemia?
 		Si bien algunos de los conflictos vinculados con tierras y recursos naturales han disminuido su intensidad por las restricciones a la circulación, se registran casos en los que se han acrecentado
●	Las Comunidades KA’A KUPE, KO’Ẽ JU e YVY CHI  del Pueblo Mbya Guaraní (Provincia de Misiones) han denunciado que “aprovechando” la cuarentena, se están desmontando territorios del Pueblo Mbya, pese a los reclamos en contra de las comunidades. Se obliga a la comunidad a presentar una acción judicial, la que tampoco logra proteger los derechos vulnerados, por lo que las comunidades denuncian la situación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 	Se responsabiliza por estos hechos y omisiones a la empresa que realiza los desmontes, CARBA SA y al Ministerio de Ecología y RNR- que autoriza los desmontes pese a las quejas de las comunidades.
●	La COMUNIDAD MBOKAJATY del Pueblo Mbya Guarani en San Ignacio, Provincia de Misiones, durante el aislamiento obligatorio sufrió incursiones en su territorio, talas y desmontes. Su Cacique intentó denunciarlo en la Comisaría de San Ignacio por lo que el 18 de mayo ante la negativa de la Policía de tomarles la denuncia se realizó ante el Juzgado de Instrucción N° 1 Expte. N° 44500/2020. Al 28/05/20 el Juzgado no había ordenado medida alguna.

●	 En una recuperación que la Comunidad Mapuche Paillaco lleva adelante en la zona aledaña al Parque Nacional Los Alerces (cordillera de la Provincia de Chubut), se denunció la existencia de actos de hostigamiento contra Isabel Catriman y su esposo. Otra denuncia realizada en contra de los ocupantes del predio, dio lugar a una serie de incidentes judiciales entre los que se destaca una resolución del Juez Penal de Esquel Jorge Criado en la que rechaza abiertamente la pertenencia étnica como fundamento de derechos, aplicando una idea de igualdad del siglo XIX.
 	Se aprecia que durante el aislamiento obligatorio establecido por el Estado Argentino mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 fue más difícil para las comunidades indígenas realizar las denuncias policiales o ante las Fiscalías o Tribunales, por las distancias geográficas que las separa de estas instituciones.

Aumento de la violencia contra miembros de Pueblos Indígenas.
 	Las actividades de los gobiernos en el control del aislamiento obligatorio ha generado un aumento de la violencia y el racismo en Argentina. Detenciones injustificadas, agresiones y hasta abusos sexuales han sido denunciados durante esta etapa, reconociéndose en ellos un patrón de racismo y discriminación escalofriantes.
	En este sentido deben incluirse detenciones a miembros del pueblo wichi en Salta, la agresión en Chaco a miembros del pueblo qom, detenciones y vejámenes a miembros de una comunidad diaguita en Catamarca. También se han registrado en Chubut problemas para las comunidades que quieren ir desde la comarca andina hasta la localidad el Bolsón en Rio Negro, por los controles en el límite interprovincial.
 	Probablemente uno de los episodios más graves, que mereció incluso la manifestación pública del Presidente de la Nación Alberto Fernandez, lo constituye el terrible atropello que sufrieron algunos pobladores de la localidad de Fontana, Provincia de Chaco y que tomó estado público gracias a la viralización de un video en el que se registra la violencia y brutalidad policial para con niños y adolescentes de una comunidad Qom.