Cuando Miguel Ángel Barboza López trabajaba como abogado para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos conoció a Melchora Surco, una campesina procedente de Espinar, Cusco, Perú.

En esos momentos ella padecía problemas de salud relacionados con los metales pesados que producía un complejo minero en su ciudad. Sus nietos y algunos miembros de su familia también habían enfermado por la misma causa. A muchas de las personas que vivían cerca de la compañía minera en Espinar se les había diagnosticado varias afecciones de salud, como por ejemplo neumoconiosis y cáncer.

Según Amnistía Internacional, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (una agencia gubernamental que evalúa la presencia de metales tóxicos) tomó muestras de sangre y de orina en 2013 a 180 personas procedentes de la zona de Espinar con el fin de detectar la posible presencia de 17 metales tóxicos. «A todas las personas que fueron analizadas se les detectó la presencia de al menos un metal tóxico en su organismo, y 52 personas tenían niveles superiores al límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud,» según informa Amnistía Internacional.

«Es importante que todo el mundo conozca esta historia y que comprenda el dolor de larga duración que produce ese nivel de contaminación, el cual podría haberse evitado si la compañía minera hubiera tenido más respeto por las personas que viven en Espinar,» aseguró Barboza.

Las empresas son una fuente de primer orden de inversión, innovación y desarrollo, y pueden además ser un motor principal para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al mismo tiempo, la actividad económica puede presentar también riesgos considerables para los derechos humanos, según afirma Lene Wendland, Jefa de la Unidad de Empresas y Derechos Humanos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“A la vista de los desafíos urgentes a los que se enfrenta nuestra sociedad actual, que incluye el aumento dramático de la desigualad y la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, así como la necesidad de acelerar los esfuerzos para cumplir con los ODS, la mayor contribución que las empresas podrían hacer para este fin es asumir de forma eficaz su responsabilidad para que se respeten todos los derechos humanos en todas sus cadenas de valor,” aseveró Wendland.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas lidera esta iniciativa dentro de los sistemas de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. La Oficina ha desempeñado un papel crucial a la hora de exigir responsabilidades a las empresas por abusos de derechos humanos cuando creó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs, según sus siglas en inglés) hace ya doce años. Los UNGPs condujeron a conseguir avances radicales a la hora de cómo hacer negocio respetando siempre los derechos humanos. Los UNGPs supusieron una medida sin precedente en lo que se refiere a su enorme aceptación e influencia.

“Se han convertido en un marco autorizado aceptado a nivel global que puso de acuerdo a todas las personas,” aseveró Wendland.

Los UNGPs cambiaron las expectativas que se tenían sobre cómo las empresas debían llevar a cabo sus actividades de negocio. Antes de los Principios Rectores, la medida en la que los derechos humanos se aplicaban a los negocios era a la vez una cuestión que generaba división y polarización. The UNGPs quickly became the global standard for countries and companies to use as their universal manual to prevent, address and remedy human rights abuses connected with business activities.

Siendo aprobados de manera unánime por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, estos Principios Rectores ofrecen una base común para todos los interesados respecto a los roles que se espera que empresas y Estados desempeñen en relación a los derechos humanos, explicó Lene Wendland. Hoy en día, los Principios Rectores son la publicación más descargada del sitio web del ACNUDH. El ACNUDH elabora directrices y formación las cuales sirven de ayuda para la puesta en práctica de los UNGPs destinadas a países, empresas, sociedad civil, y otros interesados. La Oficina canaliza esta ayuda por medio de asesoramiento y herramientas, además de reforzando la creación de capacidad sobre empresas y derechos humanos dirigida a todos los involucrados.

Empresas responsables

El equipo sobre empresas y derechos humanos también dirigió diversas iniciativas para afianzar prioridades específicas y zonas geográficas incluyendo el proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (RBCLAC), organizado conjuntamente con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (ILO), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) además de recibir también financiación de la Unión Europea (UE).

En su cuarto año de aplicación, el proyecto aspira a promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, apoyando para ello prácticas de conducta responsables por parte de las empresas en línea con las Naciones Unidas, la ILO y los instrumentos de la OCDE, incluyendo a los UNGPs. Hasta la fecha, el proyecto ha sido puesto en marcha en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú.