Estoy consternado por las denuncias verosímiles que afirman que las fuerzas armadas de Malí, acompañadas de personal militar extranjero, ejecutaron de forma sumaria a al menos 25 personas en el pueblo de Welingara, en la región central de Nara, el 26 de enero. También estoy sumamente preocupado por informes que indican que cerca de 30 civiles resultaron muertos en varios ataques perpetrados por hombres armados que aun no han sido identificados en otros dos pueblos, Ogota y Oimbe, en la región de Bandiagara, durante el fin de semana pasado. 

Es fundamental que todas las acusaciones de privación arbitraria de la vida, incluyendo las ejecuciones sumarias, sean investigadas en su totalidad y de manera imparcial, y que sus responsables sean llevados ante la justicia en juicios que cumplan con las normas internacionales. Las autoridades de Malí deben garantizar también que sus tropas, así como sus agentes y aliados, respetan la normativa internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo que incluye adoptar todas las medidas posibles destinadas a asegurar la protección de los civiles.  La violencia contra los civiles, así como contra las personas fuera de combate, está estrictamente prohibida. 

Mi Oficina ha verificado recientemente otros dos ataques mortales perpetrados por miembros de las fuerzas armadas de Malí y por personal militar extranjero aliado, durante los cuales perdieron la vida al menos 31 civiles.  El 24 de septiembre de 2023, 14 pastores fueron al parecer ejecutados en Ndoupa, en la región de Segou, y el 5 de octubre, otros 17 civiles fueron aparentemente ejecutados en el pueblo de Ersane, en la región de Gao. No tenemos constancia de que se haya puesto en marcha investigación alguna por parte de las autoridades sobre estos supuestos asesinatos.