GINEBRA (28 de diciembre de 2023) – Un nuevo informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía (EHRC, según siglas en inglés) apela al Gobierno de Etiopía a asegurar que las iniciativas en marcha para hacer frente al legado del país en materia de violaciones y abusos de derechos humanos se basan en la normativa internacional de derechos humanos aplicable, y que pone el foco de forma sistemática en los derechos y necesidades de las víctimas y sus familias.

El informe de 90 páginas detalla las conclusiones extraídas de 15 consultas con la comunidad mantenidas desde julio de 2022 hasta marzo de este año con más de 800 participantes, incluyendo 319 mujeres, en las regiones de Afar, Amhara, Harari, Oromia, Somali y Tigray, así como en la administración de la ciudad de Dire Dawa. Entre los participantes se incluyeron víctimas, personas desplazadas internas, personas con discapacidades, líderes tradicionales y religiosos, además de organizaciones de base de la sociedad civil.

«Celebro la decisión de Etiopía de adoptar medidas concretas con el fin de desarrollar una política nacional de justicia de transición en línea con el Acuerdo de Cese de Hostilidades,» afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk. «Es crucial que estas iniciativas tengan una visión integral y sean acordes con las normativas internacionales de derechos humanos, y que sitúen a las víctimas y las poblaciones afectadas, de forma especial las mujeres y las niñas, en el centro de sus propuestas.»

Las conclusiones del informe señalan un amplio consenso conseguido entre todos los participantes acerca de la necesidad de poner en práctica todos los componentes de la justicia de transición, de forma equitativa. Estos componentes abarcan responsabilidad penal, la búsqueda de la verdad, reparaciones y garantías de no repetición, incluyendo recursos efectivos para las víctimas, reformas legales y reconciliación.

Los participantes estuvieron de acuerdo en que para que Etiopía rompa el ciclo de violencia e impunidad, es fundamental que los procesos en marcha de justicia de transición contemplen responsabilidad penal, incluso por posibles delitos en base al derecho internacional, los cuales no pueden beneficiarse de una posible amnistía.

También se consideró como prioritario en el camino de Etiopía hacia la paz, la rendición de cuentas y la reconciliación, la resolución pacífica de conflictos y violencia en curso así como la búsqueda de soluciones de larga duración para las personas desplazadas internas, de forma especial para facilitar su regreso seguro, voluntario y digno a sus hogares.

En todas las localidades, la mayor parte de los participantes destacaron que estaban dispuestos a contribuir de forma significativa con el proceso de justicia de transición, incluyendo su colaboración con instituciones relevantes, siempre que estas fueran independientes, tuvieran competencia y funcionaran libres de cualquier influencia o control políticos. También ofrecieron sus puntos de vista sobre una posible arquitectura institucional que liderara iniciativas de justicia de transición.

Este informe aparece dos años después de que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la EHRC publicaran en noviembre de 2021 las conclusiones de su investigación conjunta sobre la región de Tigray, las cuales, entre otras medidas, recomendaban la adopción de una política de justicia de transición que estuviera basada en los derechos humanos, que fuera integral y se centrara también en las víctimas, una recomendación que se reflejó posteriormente de forma expresa en el Acuerdo de Cese de Hostilidades que se firmó en Pretoria en noviembre de 2022. Tanto la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la EHRC han prestado apoyo a su aplicación mediante ayuda técnica y de asesoramiento.

«Dando voz a las experiencias y opiniones de las poblaciones afectadas directamente en todo el país de Etiopía, es importante que este informe sirva para orientar debidamente los debates en curso para la creación de una política de justicia de transición que sea legítima, integral, verdadera e inclusiva,» añadió Türk.

El informe presenta 31 recomendaciones dirigidas a diferentes interesados, entre los que se incluyen el Gobierno de Etiopía y el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Justicia de Transición, para su consideración a la hora de diseñar e implementar una política de justicia de transición. Organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y tradicionales, partidos políticos, los medios de comunicación, asociados para el desarrollo y la comunidad internacional, se encuentran también entre los actores identificados con funciones clave a desempeñar en el proceso de justicia de transición.

«Los estados tienen la obligación de investigar y enjuiciar violaciones y abusos graves de derechos humanos así como las vulneraciones graves del derecho internacional humanitario, incluyendo aquellas que constituyen delitos conforme al derecho internacional. Aquellas personas que hayan sufrido violaciones o abusos tienen derecho a recibir justicia, que incluya reparaciones adecuadas, integrales, inmediatas y efectivas,» aseveró el Alto Comisionado.

Para leer el informe completo haga clic aquí: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/report-ethiopian-human-rights-commission-ehrc-and-office-united-nations