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GINEBRA (8 de marzo de 2024) - En su primer informe emitido el día de hoy, la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán afirmó que la represión violenta de protestas pacíficas y la discriminación institucional generalizada contra mujeres y niñas ha resultado en graves violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno de Irán, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.

El informe presentado al Consejo de Derechos Humanos indica que las violaciones y crímenes bajo el derecho internacional, cometidos durante las protestas "Mujer, Vida, Libertad" que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, incluyen asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, privación arbitraria de la libertad, tortura, violación, desapariciones forzadas y persecución por motivos de género.

Las violaciones de los derechos humanos han impactado desproporcionadamente a mujeres, niños y miembros de minorías étnicas y religiosas. La Misión estableció que se cometió persecución por motivos de género de manera interseccional con discriminación basada en la etnia y la religión.

Sara Hossain, Presidenta de la Misión, sostuvo: "Estos actos forman parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil en Irán, en particular contra mujeres, niñas, niños y hombres que han demandado libertad, igualdad, dignidad y rendición de cuentas. Instamos al Gobierno a detener de inmediato la represión de quienes han participado en protestas pacíficas, en particular mujeres y niñas".

En septiembre de 2022, Jina Mahsa Amini, una mujer iraní-kurda de 22 años, murió en custodia de la llamada “policía de la moral” tras ser arrestada por presunto incumplimiento de las disposiciones sobre el uso obligatorio del velo. La Misión estableció que la privación arbitraria de la vida de Jina Mahsa fue provocada por la violencia física que sufrió bajo custodia policial. En lugar de investigar esta privación de manera pronta, efectiva y exhaustiva, como lo requiere el derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno realizó maniobras para ocultar la verdad y denegar la justicia.

Luego, las autoridades movilizaron todo el aparato de seguridad del Estado para reprimir a las y los manifestantes que salieron a las calles después de la muerte de Jina Mahsa. Según información verisímil, 551 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, entre ellos al menos 49 mujeres y 68 niños. La mayoría de las muertes fueron causadas con armas de fuego, incluidos fusiles de asalto.

La Misión estableció que, en los casos investigados, las fuerzas de seguridad hicieron uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, resultando en asesinatos y lesiones de manifestantes. Se ha constatado un patrón generalizado de lesiones oculares entre los manifestantes, lo que ha llevado a la ceguera de decenas de mujeres, hombres y niños, marcándolos de por vida de un modo que los señala como manifestantes. Además, la Misión pudo constatar que se cometieron ejecuciones extrajudiciales.

La Misión reconoció que hubo miembros de las fuerzas de seguridad heridos y asesinados, pero estableció que la mayoría de las protestas fueron pacíficas.

Las fuerzas de seguridad recurrieron a un patrón de detenciones arbitrarias para reprimir las protestas, arrestando a personas que simplemente bailaban, cantaban, escribían consignas en las paredes, tocaban las bocinas de sus autos o realizaban publicaciones en redes sociales en apoyo de las demandas por los derechos de las mujeres, la igualdad y la rendición de cuentas, entre otros. Estas personas fueron transportadas en vehículos no identificados, incluyendo ambulancias, con los ojos vendados. Cientos de niños, algunos de apenas 10 años, fueron arrestados y separados de sus familias sin recibir información sobre su paradero.

Las autoridades torturaron a las víctimas mientras estaban detenidas para obtener confesiones o para intimidarlas, humillarlas o infligirles castigos., Según lo comprobó la Misión, mujeres y niñas fueron sometidas a violencia sexual y de género, incluyendo violación en grupo, violación con objetos, aplicación de corriente eléctrica en los genitales, desnudez forzada y manoseos. Las fuerzas de seguridad adujeron que las demandas de igualdad y no discriminación de las mujeres se fundaban en su "voluntad de desnudarse" y "difundir inmoralidad".

Entre diciembre de 2022 y enero de 2024, al menos 9 hombres jóvenes fueron ejecutados arbitrariamente, tras juicios sumarios sustentados en confesiones obtenidas bajo torturas y malos tratos. Docenas de personas siguen en riesgo de ser sentenciadas a pena de muerte o ejecutadas en relación con las protestas. Desde el inicio de las protestas, mujeres y niños han sido acusados de delitos capitales.

Muchas personas están todavía pagando un alto precio por haber apoyado el movimiento "Mujer, Vida, Libertad". Las autoridades están intensificando la represión contra las familias de las víctimas así como quienes trabajan en periodismo, defensa de derechos humanos, abogacía, medicina y muchas otras personas que simplemente expresan sus puntos de vista, apoyan las protestas o buscan la verdad y la justicia para las víctimas.

Las autoridades, incluso en los niveles más altos, alentaron, consintieron y respaldaron las violaciones de los derechos humanos justificando, en declaraciones públicas, la conducta y el proceder de las fuerzas de seguridad. Participaron en una campaña de desinformación que caracterizaba a las protestas como "motines", y a quienes protestaban como "agentes extranjeros" o miembros de grupos "separatistas". Las fuerzas de seguridad, en particular el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, las fuerzas Basij y la policía (Faraja), entre otros, participaron en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional.

Según estableció la Misión, las autoridades han obstaculizado e impedido los esfuerzos de las víctimas y sus familias para obtener justicia y reparaciones.

"La República Islámica de Irán tiene la obligación de respetar los derechos de las mujeres y los niños, y de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas", afirmó Viviana Krsticevic, Experta de la Misión. "Dado que en Irán se comprueba una discriminación institucional profundamente arraigada contra las mujeres y niñas, deben proveerse reparaciones transformadoras que aseguren su participación plena, libre e igualitaria en todos los ámbitos de la vida social. Sobre la base de lo que hemos podido comprobar, esto implicaría, entre otras medidas, una revisión de las leyes penales y civiles, una reforma del sistema de justicia y de las medidas para garantizar la rendición de cuentas".

La Misión lamenta que, a pesar de las repetidas solicitudes de información, el Gobierno no haya cooperado significativamente, especialmente en lo referente al acceso al país, la posibilidad de contactar a personas y el suministro de información, incluyendo detalles sobre asesinatos y lesiones sufridas por miembros de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones sobre denuncias de graves violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por el Gobierno, señala la Misión, carecen de transparencia.

Dada la falta de remedios efectivos y en vista del historial de impunidad sistémica en Irán, los Estados miembros deben explorar vías de rendición de cuentas a través de sus sistemas de justicia internos y a nivel internacional. La Misión insta a los Estados a ejercer la jurisdicción universal, sin limitaciones procesales, sobre todos los crímenes internacionales, a establecer fondos para las víctimas, ya sea de manera conjunta o individual, y a proporcionar protección, incluida la concesión de asilo y visas humanitarias a quienes huyen de la persecución en Irán en el contexto de las protestas.

"Instamos a las autoridades iraníes a detener todas las ejecuciones, a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas, y a poner fin a la represión de los manifestantes, sus familias y a quienes apoyan el movimiento 'Mujer, Vida, Libertad'", indicó Shaheen Sardar Ali, Experta de la Misión.

El 24 de noviembre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos cometidas en Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, especialmente con relación a las mujeres, niños y niñas. El 20 de diciembre de 2022, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos informó que Sara Hossain (Bangladesh), Shaheen Sardar Ali (Paquistán) y Viviana Krsticevic (Argentina) fueron designadas como miembros independientes de la Misión y designó a Sara Hossain como Presidenta.

Más información sobre el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Investigación en Irán

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