GINEBRA (17 de mayo de 2024) – El gobierno de Sri Lanka debe tomar medidas significativas para esclarecer y revelar el destino y el paradero de decenas de miles de personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas a lo largo de varios decenios, y debe presentar ante los tribunales a los responsables de estos actos, según señala un informe de la Oficina del ACNUDH dado a conocer hoy.

En el documento se pide al gobierno que reconozca la participación en estos hechos de las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares afines, y que se disculpe públicamente por lo ocurrido.

“Este informe constituye otro recordatorio de que nunca debemos olvidar a ningún srilanqués que haya sido víctima de una desaparición forzada”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Sus familiares y sus seres queridos han esperado durante mucho tiempo. Tienen derecho a conocer la verdad”.

“El gobierno tiene una deuda con todas las víctimas de desaparición forzosa. Es esencial que esos delitos reciban una investigación exhaustiva. Estos delitos no solo afectan a los familiares, sino que también dañan a la sociedad en su conjunto”.

Aunque se han adoptado algunas medidas positivas en los últimos gobiernos, tales como la ratificación del Convenio Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, la creación de la Oficina de Personas Desaparecidas y la Oficina de Reparaciones, el informe señala que los progresos tangibles sobre el terreno siguen siendo limitados.

Entre el decenio de 1970 y el año 2009, las desapariciones fueron, por lo general, obra de las fuerzas de seguridad de Sri Lanka y los grupos paramilitares aliados. Los Tigres de Liberación de Tamil Eelam tambien practicaron secuestros, que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Involuntarias consideró “equivalentes a desapariciones forzadas”.

Sobre la base de entrevistas individuales y colectivas, el informe detalla las repercusiones psicológicas, sociales y económicas de esas desapariciones forzadas sobre las familias de las víctimas, en particular las mujeres. Habida cuenta de que la mayoría de los desaparecidos han sido hombres, a menudo las mujeres se han erigido en el único sostén económico de la familia, en un contexto laboral que plantea muchos obstáculos al trabajo feminino, incluso riesgos de acoso y explotación sexual.

El informe agrega que muchas mujeres que han estado en la vanguardia de los esfuerzos realizados para encontrar a los desaparecidos han sido ellas mismas víctimas de violaciones, acoso, intimidación, vigilancia, detención arbitraria, palizas y torturas a manos del ejército y la policía. “Me advirtieron de que si seguía buscando a mi pariente iban a descuartizar a mi marido y luego irían a por mis hijos”, afirmó una mujer que todavía indaga por el paradero de un familiar.

En virtud del derecho internacional, todo Estado tiene la oligación de resolver los casos de desaparición forzada, que constituyen una vulneración permanente, hasta esclarecer la suerte y el paradero de la persona o personas desaparecidas, afirmó el Alto Comisionado.

Pero la mayoría de las familias no reciben esas aclaraciones. “Pasaron dos semanas, luego dos meses, luego dos años. Han transcurrido 32 años y sigo esperando”, declaró un hombre que prestó testimonio ante una comisión de investigación acerca de su hijo desaparecido.

El gobierno ha creado sucesivas comisiones de investigación. Pero muy pocos de sus informes se han dado a conocer o se han publicado, y cuando han salido a la luz, su difusión ha sido muy limitada. La mayoría de las recomendaciones, en particular las relativas a la responsabilidad penal, han quedado sin aplicación. Los presuntos responsables, entre los que figuran altos funcionarios y personal diplomático, siguen sustrayéndose a la acción de la justicia.

Aunque ya han trascurrido casi 15 años desde el final del conflicto armado, y varios decenios desde las primeras olas de desaparaciones forzadas, las autoridades del país siguen sin esclarecer esas vulneraciones. “Debemos abordar la rendición de cuentas. Es preciso lograr una reforma institucional que propicie la reconciliación, a fin de tener una posibilidad de éxito”, declaró Türk.