Excelencias,
Distinguidos invitados e invitadas,

Es un privilegio poder estar aquí hoy para debatir el concepto de una Economía de los Derechos Humanos, una idea desarrollada por el Alto Comisionado el año pasado, y donde debemos comenzar explicando porqué esta ha de ser una prioridad.

Todos los días algún hecho nos recuerda las numerosas crisis que nos rodean: ya sea el aumento de los problemas del endeudamiento, las desigualdades escandalosas, el empeoramiento de los niveles de vida y de los niveles de pobreza, los cuales no se habían visto en una generación.  Incremento de la desconfianza y niveles peligrosos de polarización.

El mayor número de conflictos violentos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El 14 por ciento de la población mundial vivió en 2023 en un radio de cinco kilómetros de un conflicto violento.

Una emergencia climática y ecosistemas que se derrumban ante nuestros ojos.

Es evidente que tenemos que mejorar. Nuestras economías no están funcionando.

La creencia mantenida durante largo tiempo de que «una marea ascendente hará flotar a todos los barcos» ha demostrado no ser cierta. El crecimiento económico por sí solo no reparará las injusticias estructurales que existen o hará realidad los derechos humanos de las personas, así como tampoco servirá para salvar el planeta.

Durante décadas, las principales corrientes del pensamiento económico han estado dominadas por planteamientos que han debilitado la capacidad e incentivos del Estado para cumplir con sus obligaciones que estos tienen para sus pueblos.

Durante demasiado tiempo hemos aislado el diseño de las políticas económicas de las normas y estándares de derechos humanos.

Esto no es algo que tenga que ser inevitable. Se trata más bien de una opción política.

Lo que necesitamos son economías que sirvan a las personas y a sus derechos, y que protejan nuestro medioambiente.

Ya ha llegado la hora de las economías basadas en los derechos humanos.

Una economía basada en los derechos humanos sitúa a las personas y al planeta en el centro de sus decisiones económicas.

Esta economía vincula todas las decisiones de tipo económico, fiscal, monetario, empresarial y de inversión a los derechos humanos, utilizando para ello obligaciones de derechos humanos que ya han sido acordadas por los Gobiernos.

También reconoce derechos económicos, sociales y culturales, además del derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible por lo que son: parte del estado de derecho, no meras aspiraciones

Así que, ¿qué aspecto tiene todo esto en la práctica?

Significa hacer uso de las obligaciones de derechos humanos para orientar las decisiones presupuestarias y para invertir de manera sólida en educación pública, sanidad, protección social y en otros derechos; adoptar medidas de peso destinadas a reducir la desigualdad; abstenerse de aplicar medidas de austeridad, recortes sociales y otros retrocesos.

O crear mecanismos para facilitar procesos presupuestarios participativos, inclusivos, transparentes y responsables que permitan al público y a la sociedad civil acceder a información y "seguir la pista del dinero".

En este punto tenemos una importante laguna.  La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 concluyó que solamente el 31 por ciento de los 120 países encuestados contaban con los datos necesarios para entender cómo sus presupuestos hacían frente a la pobreza.

Otro ejemplo es usar los derechos humanos para diseñar sistemas fiscales progresivos en pro de una mayor igualdad y para generar los recursos necesarios para hacer realidad los derechos humanos para todo el mundo.

Una economía de los derechos humanos aborda no solo la pobreza y las privaciones, sino también las concentraciones extremas de riqueza y poder según las diferencias de género, étnicas, raciales, geográficas y otras.

Utiliza de forma intencionada políticas y métodos basados en los derechos y centrados en la igualdad, además de llevar a cabo de forma sistemática evaluaciones de impacto de la discriminación real o potencial que pueden conllevar algunas políticas.

Exige un cambio en la manera en que evaluamos el rendimiento económico que vaya más allá del PIB.

Existen también dimensiones globales sin duda en una economía con base en los derechos humanos.  Existe una necesidad imperiosa no solo de reformar la arquitectura financiera internacional, sino también de cambiar algunos planteamientos.

Los gobiernos tienen obligaciones en materia de derechos humanos que han de ser formuladas en negociaciones con instituciones financieras internacionales.

Hay 3,3 mil millones de personas que viven en países que gastan más recursos en el pago del servicio de la deuda que en sanidad o educación.  El pago del servicio de la deuda y sus condiciones no deben repercutir sobre las obligaciones de derechos humanos.

Distinguidos y distinguidas invitados e invitadas,

Nos encontramos en una dinámica actual de cambio.

Un movimiento al alza de la sociedad civil está exigiendo economías más sostenibles y más inclusivas, así como más equitativas.

Algunos de los economistas más destacados nos apoyan en esta iniciativa.

En abril de este año, el Foro Regional de África sobre el Desarrollo Sostenible instó a armonizar el diseño de políticas económicas con los derechos humanos como parte de los esfuerzos para reanudar los avances en la consecución de los ODS y para no dejar a nadie atrás.

Existe un potente impulso a nivel mundial para reformar la arquitectura financiera internacional.

Necesitamos de vuestra experiencia, ideas y apoyo.  Espero con interés los debates que vamos a entablar hoy.