Distinguido Presidente,
Excelencias,
Colegas, amigos y amigas,

De conformidad con la resolución 77/220 de la Asamblea General, se ha presentado al Consejo el informe del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, que abarca el período entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

Durante este período, la República Islámica del Irán siguió colaborando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con varios mecanismos de derechos humanos. El Gobierno presentó su quinto y sexto informe periódico ante el Comité de los Derechos del Niño en noviembre del año pasado y respondió a nueve comunicaciones enviadas por procedimientos especiales. A principios de este año y por invitación de la República Islámica del Irán, dirigí una misión del ACNUDH al país del 3 al 5 de febrero de 2024 para debatir cuestiones fundamentales de derechos humanos, entre ellas la pena de muerte y los derechos de la mujer.

En el informe del Secretario General se observa con suma preocupación el elevado número de ejecuciones durante el periodo a que se refiere el informe. Según la información recibida, se ejecutaron a al menos 834 personas el año pasado, lo que supone un aumento del 43 % con respecto al año anterior. Resulta especialmente preocupante el aumento del 84 % de las ejecuciones por delitos de drogas en 2023, la cifra más alta en casi una década. Las minorías siguen viéndose desproporcionadamente afectadas por las ejecuciones, y el 20 % de todas las ejecuciones de 2023 afectaron a la minoría baluchi. Aunque se observa un descenso general de las condenas a muerte de menores desde 2014, el informe lamenta la ejecución de dos menores delincuentes en 2023 e insta al Gobierno a dictar una moratoria inmediata a la pena de muerte como primer paso hacia su abolición y a prohibir la ejecución de todos los delincuentes menores de 18 años en el momento del presunto delito. Es muy lamentable que durante el periodo contemplado se ejecutara a dos hombres en relación con las protestas nacionales de septiembre de 2022, con lo que se eleva a nueve la cifra de ejecuciones. Estos casos se han visto salpicados por graves denuncias de confesiones obtenidas bajo tortura y violaciones de las debidas garantías procesales.

El espacio cívico en línea y fuera de ella siguió estando muy restringido. El gobierno controla con rigurosidad el acceso a la información, incluso bloqueando el acceso a las plataformas de redes sociales.  Periodistas y escritores continúan en el punto de mira de ataques relacionados con su trabajo. En 2023, se encarceló a al menos 49 escritores. También se ha atacado a artistas por ejercer su libertad de opinión y expresión, como el artista Toomaj Salehi, declarado culpable con posterioridad y condenado por "corrupción en la tierra", lo cual conlleva la pena de muerte, por las opiniones que expresó en el marco de las protestas nacionales de 2022.  El informe también describe un entorno de intimidación, coacción y represión contra abogados que impugnan procedimientos judiciales, así como contra defensores de los derechos humanos y las familias de las víctimas de las protestas.

En el informe se expresa la preocupación constante respecto al Proyecto de Ley para Apoyar a la Familia mediante la Defensa de la Cultura de la Castidad y el Uso del Hiyab (Proyecto de Ley sobre Castidad y Uso del Hiyab), que pretende reforzar la obligatoriedad del hiyab público para mujeres y niñas e introduce penas severas en caso de incumplimiento.

Pese a los avances logrados por y para las mujeres y niñas en Irán, en particular en el sector educativo y para garantizar su participación en la vida política y pública, las mujeres siguen afrontando obstáculos progresivos e importantes a la representación política, como quedó patente en las elecciones parlamentarias de marzo de 2024.

En el informe también se destacan las conclusiones importantes de la misión internacional independiente de investigación sobre la República Islámica del Irán ("misión de investigación") y sus recomendaciones.

El informe subraya el impacto de la crisis económica, agravada por las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales y la mala gestión económica, en las condiciones de vida y el acceso a la sanidad, los alimentos y el agua.  La ratificación por parte de la República Islámica del Irán del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981 (núm. 155) y del Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores de la OIT durante el periodo en cuestión podría reforzar el marco normativo de protección de los trabajadores, y su plena aplicación será clave para mejorar las condiciones de trabajo.

Treinta mil niños con discapacidad carecen de acceso a la educación primaria, mientras que la ley sigue permitiendo el matrimonio infantil de niñas de hasta 13 años y niños de hasta 15 años. Además, más de 40.000 niños, sobre todo de grupos minoritarios y marginados, carecen de documentos oficiales de identidad, lo que dificulta su acceso a servicios esenciales como la atención sanitaria y la educación.

Numerosas personas habrían sido detenidas, encarceladas, expulsadas de centros educativos y privadas de oportunidades económicas por su presunta pertenencia a minorías, como la comunidad baluchi, árabe ahwazí, kurda, bahá'í y cristiana.

Excelencias,

El informe acoge favorablemente la directiva de 28 de noviembre de 2023 sobre "Referencia a los convenios internacionales de derechos humanos en las decisiones judiciales", presentada por el Jefe Adjunto del Poder Judicial. La directiva ordena a los jueces que orienten sus decisiones a las obligaciones internacionales de la República Islámica del Irán en materia de derechos humanos.

El informe también señala las conclusiones resumidas del Comité Especial encargado de investigar las violaciones en el contexto de las protestas de 2022 y las medidas impuestas a determinados miembros del personal de seguridad declarados culpables o negligentes, así como las medidas de indemnización a algunas víctimas.  Aunque las iniciativas de rendición de cuentas se acogen con satisfacción, sigue preocupando la independencia del Comité Especial y la falta de información sobre las medidas tomadas para prevenir futuras violaciones y abordar las antiguas reivindicaciones de derechos humanos.

El informe señala cierta interacción entre el Comité Especial y la misión de investigación, pero lamenta que el Gobierno le haya denegado el acceso al país. Tras la renovación de su mandato por este Consejo, pido al Gobierno que coopere plenamente con ella, así como con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.

Nuestra Oficina está dispuesta a seguir colaborando con las autoridades iraníes en todo el conjunto de cuestiones destacadas en el informe del Secretario General para la promoción y protección de todos los derechos humanos.

Gracias.