Comunicado de prensa sobre Etiopía y Tailandia

Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Ravina Shamdasani
Lugar: Ginebra
Fecha: 19 de agosto de 2016                         

(1) Etiopía

Habida cuenta de los informes extremadamente alarmantes recibidos a principios del mes en curso sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en las regiones etíopes de Oromia y Amhara, el Alto Comisionado se dirigió al gobierno de Etiopía para que éste autorizara el acceso al país de observadores independientes, a fin de evaluar la situación de derechos humanos. Hemos recibido recientemente una respuesta en la que el gobierno afirma que iniciará una investigación independiente de los hechos.

Aplaudimos la decisión del gobierno de proceder a una investigación independiente y le instamos a velar por que el mandato de dicha investigación abarque las denuncias sobre violaciones de derechos humanos desde el inicio de los disturbios en Oromia, en noviembre de 2015. Asimismo le instamos a velar por que la investigación sea realmente independiente, diáfana, exhaustiva y eficaz, con miras a determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza y con el fin de exigir que los autores de cualquier violación de derechos humanos rindan cuentas de sus actos ante la justicia.

Estamos dispuestos a prestar asistencia para garantizar que la investigación se realice de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, reiteramos nuestra solicitud de acceso a las zonas afectadas, ya que la situación sobre el terreno dificulta mucho la tarea de los agentes independientes de la sociedad civil, en especial debido a la tensa situación que persiste en algunas zonas de Oromia y Amhara donde, según los informes, se ha desplegado una nutrida fuerza de seguridad y se producen arrestos arbitrarios, detenciones y actos de acoso a la población de la región.

Pedimos al gobierno que garantice la protección de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y que las personas detenidas por el ejercicio de esos derechos sean puestas en libertad lo más pronto posible. Las fuerzas de seguridad deben manejar las protestas con pleno respeto de las normas internacionales de derechos humanos y de los criterios sobre el uso de la fuerza.

También exhortamos al gobierno a que se esfuerce por abrir el ámbito político y democrático. Esta apertura debería incluir una reforma exhaustiva del sector de la seguridad, así como reformas legislativas e institucionales.

 (2) Tailandia

Nos preocupan en grado sumo las continuas y crecientes restricciones del ámbito democrático en Tailandia y pedimos a las autoridades que vuelvan a instaurar un régimen civil lo más pronto posible. Tras el golpe de Estado protagonizado por los militares en mayo de 2014, han estado en vigor severas restricciones de la libertad de expresión y de opinión y reunión, mediante la aplicación de decretos penales y militares. En vísperas del referendo constitucional celebrado este mes, esas medidas aumentaron. En total, al menos 1.300 personas han sido convocadas, arrestadas o acusadas, y 1.629 civiles han sido juzgados por tribunales militares.    

Desde junio, al menos 115 personas han sido arrestadas o acusadas en virtud de las ordenanzas militares, los códigos penales y la Ley de Referendo Constitucional, por haber expresado su opinión acerca del anteproyecto de Constitución o haber informado sobre violaciones de derechos humanos, entre otras, de casos de tortura. Doce individuos que fueron arrestados a finales de julio en la provincia de Chiang Mai y un activista estudiantil que fue detenido el 6 de agosto, siguen en prisión. Los demás fueron puestos en libertad, pero están sujetos a investigación o han sido instruidos de cargos.   

Instamos al gobierno de Tailandia a que retire todas las acusaciones contra activistas políticos y defensores de derechos humanos, y a que libere a todos los que fueron encarcelados por expresar opiniones disidentes sobre el anteproyecto de Constitución, en vísperas del referendo. También pedimos a las autoridades tailandesas que suspendan el uso de tribunales y ordenanzas militares en los casos que atañen a civiles. Estas medidas se necesitan con urgencia, ya que Tailandia avanza hacia una elección en 2017 que tiene por objeto restaurar la democracia, tal como ha propuesto el gobierno en su hoja de ruta.  

La elección del próximo año representa una oportunidad para que Tailandia cumpla con el compromiso que formuló ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el Examen Periódico Universal, en mayo de 2016, de respetar plenamente la libertad de expresión y, por consiguiente, de garantizar un proceso más inclusivo y participativo, que comprenda a todos los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación, en un contexto abierto y libre de amenazas. 

FIN

Para recibir información adicional o solicitar material de prensa, puede ponerse en contacto con Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) ó Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org)

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