El Foro Social: Promoción y protección de los derechos de niños y jóvenes mediante la educación Mesa redonda programática: La capacidad transformadora de la educación juvenil 1 de octubre de 2019 – 10:30 – 11:30 Sala XX, Palacio de las Naciones, Ginebra

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

(7 mins)

Alteza,
Excelencias,
Distinguidos ponentes,
Colegas y amigos: 

Me complace sobremanera estar aquí, en compañía de tantos amigos y colegas de organizaciones de las Naciones Unidas, la sociedad civil y las misiones, así como de niños y jóvenes que cuentan hoy con una nutrida representación. Una colaboración como esta es la clave para lograr nuestros objetivos.

El Foro Social es un espacio singular en el que el Consejo de Derechos Humanos, los movimientos de base y las organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar y aprender unos de otros, y estoy segura de que este acto será provechoso, en la medida en que no solo nos permitirá evaluar el progreso logrado en materia de educación, sino que también facilitará el examen de las tareas pendientes.  

Todos los niños tienen derecho a la educación. Darles la posibilidad de ejercer ese derecho es un cometido que me apasiona. Esa tarea reviste hoy particular importancia, porque nuestro mundo nunca había contado con una población joven tan numerosa: alrededor de 1.800 millones, cifra que va en aumento.

La educación integradora y de calidad no es solo un derecho en sí misma. Es también un derecho habilitante, un factor multiplicador que permite a niños y jóvenes disfrutar de otros derechos humanos. Como proclama nuestro tema de hoy, la educación tiene la capacidad de transformar vidas y lograr que los sueños lleguen a ser realidad. No es posible exagerar la importancia que la enseñanza reviste para niños y jóvenes. Cuando se vulnera este derecho, sus vidas y su futuro sufren graves consecuencias. 

De modo que debemos preguntarnos cómo van las cosas en este ámbito. Desde el año 2000 hemos progresado en cuanto a la reducción del número de niños no escolarizados. Pero, en el mundo entero, unos 260 millones de menores, adolescentes y jóvenes siguen sin poder asistir a la escuela. Esta cifra es inaceptable y exige nuestra urgente atención. La UNESCO ha hecho hincapié en que más de la mitad de los niños y adolescentes del mundo no han adquirido las competencias mínimas en lectura, escritura y cálculo.

También es inaceptable que las posibilidades educativas de los niños dependan de su extracción social, género, grupo religioso y étnico, discapacidad, situación económica, lugar de residencia o condición migratoria. Asimismo, condicionadas por estos factores, persisten hondas diferencias tanto en el acceso a la enseñanza como en el nivel educativo que los niños alcanzan.  

Además, los menores atrapados en situaciones de conflicto o emergencia se enfrentan a problemas específicos. Según el UNICEF, hasta 27 millones de niños se ven impedidos de ir a la escuela en zonas de conflicto, lo que representa un daño doble, porque los colegios no solo proporcionan oportunidades de aprendizaje, sino también cierto grado de seguridad y estabilidad en tiempos turbulentos.

En la mayoría de los casos, los niños permanecen sin escolarizar por otras razones. El acoso, las pandillas, la violencia –comprendida la violencia sexual--. Falta de acceso físico para los niños con discapacidad. Ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas. Carencia de financiación. Incapacidad para aprobar las leyes y medidas políticas correctas, o para aplicarlas. Lo más habitual es que exista una brecha muy amplia entre los compromisos suscritos por los Estados y la realidad cotidiana que viven los niños y jóvenes sobre el terreno.
Amigos y colegas:

La educación es un derecho humano por sí misma, pero no es un fin en sí misma. Si queremos proporcionar a nuestros niños y jóvenes el mejor punto de partida posible para la vida adulta, la educación debe conducir a resultados de aprendizaje reales y ha de equiparles para el mundo laboral. En todo el planeta, hay 71 millones de jóvenes que buscan trabajo y, en conjunto, los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos de estar desempleados. 

Uno de los obstáculos principales es la falta de instrucción y formación. Los planes de estudio también deben ajustarse a los objetivos finales, entre otros la educación de amplio espectro relativa a la sexualidad. 

Y la educación que impartimos también debe empoderar a niños y jóvenes. Esto significa reforzar su capacidad de expresión, desarrollar su potencial, interactuar con ellos, garantizar que tienen una participación equitativa en los procesos que les atañen y proteger y promover todos sus derechos. Esas medidas no solo benefician a los niños y los jóvenes, sino a todos nosotros. El empoderamiento de niños y jóvenes fortalece a nuestras comunidades y sociedades. Los menores aportan nuevas ideas, innovaciones y soluciones. 

Niños y jóvenes ya están a la vanguardia en la exigencia de cambios, derechos humanos y desarrollo sostenible, en el combate contra el odio y la intolerancia, en el derribo de barreras y la prevención de conflictos. Algunos son activistas de derechos humanos o enérgicos promotores de medidas contra el cambio climático y en pro de la educación y los derechos de la mujer. Ya no son simples beneficiarios del cambio; ahora son agentes del cambio.

Amigos y colegas:

Las decisiones que adoptamos ahora son fundamentales para hacer realidad nuestra visión de una educación de calidad, integradora y accesible, que dote y empodere a los jóvenes. Para lograrlo, es preciso cambiar de paradigma. El derecho a la educación debe estar consagrado en las leyes, políticas y estrategias nacionales, y debe aplicarse sobre el terreno.  

Hace ahora cuatro años que los Estados del mundo entero se comprometieron a alcanzar el acceso equitativo a una educación inclusiva para todos, como parte de la Agenda 2030. Este compromiso –el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4—no se alcanzará sin medidas concretas. La educación debería recibir prioridad en los presupuestos nacionales. Es preciso defender el principio de la enseñanza pública. En este sentido, he expresado mi beneplácito por los Principios de Abidjan de 2019, que refrendan las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, en lo relativo a las prestaciones educativas públicas y la regulación de la participación privada en este sector.

Asimismo, debemos mejorar la recopilación de datos, para elaborar estadísticas más detalladas sobre las necesidades y el número de niños y jóvenes que no están escolarizados, de modo que sea posible detectar las violaciones de sus derechos y solucionarlas. Y también necesitamos la plena participación de la sociedad civil para ayudar a que niños y jóvenes lleguen a ser defensores de sus propios derechos.

El año pasado, me entrevisté con niños y jóvenes del mundo entero, con motivo de la celebración del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno de ellos, Konstantinos, un griego de 16 años de edad, me dijo que su sueño era llegar a ser docente y enseñar a los párvulos que ellos eran iguales a cualquiera. “Si cambiamos la educación”, afirmó, “cambiaremos a la humanidad”.

Espero con interés los debates que sostendrán aquí, así como las opiniones de niños y jóvenes, que sin duda nos ayudarán a que esta visión llegue a ser realidad.

Gracias.