Conferencia de prensa con ACANU Ginebra, 14 de mayo de 2020 Observaciones preliminares de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

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Buenos días.

Espero que les esté yendo bien en sus vidas personales y profesionales durante esta situación tan difícil, que está alterando la vida de miles de millones de personas de este planeta.

Ahora tenemos una visión más clara de cómo los países más ricos y poderosos no estaban, en absoluto, preparados para hacer frente a esta pandemia, pese a las advertencias que ya venían de atrás por parte de expertos médicos de que una pandemia grave era inevitable. Más de 4 millones de personas han resultado contagiadas y más de un cuarto de millón han fallecido. Las economías están quedando devastadas. Las cifras aumentan sin tregua, y lo seguirán haciendo con casi total seguridad, al estar aún en fase inicial la propagación de la COVID-19 entre los países menos adelantados del Sur.

Aunque el virus en sí no hace distinciones, las diferencias en su impacto han dejado al descubierto desigualdades económicas y sociales creadas por el hombre de las que se aprovecha. El impacto global para las vidas y las economías supone claramente una catástrofe, pero, como era de esperar, los datos están empezando a mostrar que los más pobres y marginados (los que sufren las carencias más graves de derechos humanos) son los más afectados de todos.

Varias enseñanzas están quedando claras, entre ellas, que el descuido de los derechos sociales y económicos de parte de la población repercute a la larga en todo el mundo. Lo que podamos extraer de esta lección contribuirá considerablemente a la determinación de la escala y la duración de esta pandemia concreta. También debería ayudarnos a estar mejor preparados para prevenir o contener futuras pandemias, incluso algunas que puedan llegar a ser más letales que la COVID-19.

Deberíamos aplicar con urgencia estas enseñanzas a otras crisis inminentes y previsibles que requieren la solidaridad mundial, como el cambio climático.

Nos estamos adentrando en un periodo todavía más complicado, en el que algunos países empiezan a abrirse de nuevo después del confinamiento, mientras que otros asisten lamentablemente al inicio del aumento de sus tasas de contagio y mortalidad por primera vez. Es posible que se produzcan segundas y terceras oleadas de COVID-19 en diferentes lugares y momentos con distintos grados de gravedad.

Este panorama se complica por el hecho de saber muy poco sobre cómo funciona la COVID-19, cómo se desarrolla y qué tipo de plazo hemos de considerar antes de controlarla.

El modo en que cada país aborde su problemática específica afectará no solo a su población, sino posiblemente a los demás. Constituye toda una prueba de liderazgo individual, pero también de liderazgo y cooperación mundial. Volveré al tema del liderazgo más adelante.

Conozco bien lo complicado que resulta encontrar el equilibrio justo, dada mi trayectoria como antigua médica y ministra de salud, así como ex jefa de estado y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos.  Los gobiernos tienen que manejar la situación médica con la debida eficacia, al mismo tiempo que tratan de salvar sus economías del colapso, con todos los efectos devastadores adicionales que va a tener, y que está teniendo, para sus poblaciones. Con vistas al futuro, los principales problemas en materia de derechos humanos seguirán estrechamente vinculados a los problemas médicos y económicos.

La salida de los confinamientos

Hoy quisiera centrarme en algunas cuestiones específicas de derechos humanos relativas al levantamiento de los confinamientos, en vista de que cada vez son más los países que siguen esta vía.

Algunos de ellos ya han dado los primeros pasos en los últimos días, y después lo harán los demás en las próximas semanas y meses.

Si un país afectado sale del confinamiento de forma precipitada, existe el riesgo de que se desencadene una segunda oleada, que se llevaría por delante muchas más vidas, en un período más corto y de forma más destructiva. Puesto que las economías y las sociedades están llevando a cabo la transición a un funcionamiento más normalizado, debemos reconocer que toda medida para reactivar los lugares de trabajo, la enseñanza y la movilidad, todo esfuerzo por mejorar nuestras vidas sociales, puede entrañar riesgos.

Si la reapertura de las sociedades se gestiona de forma incorrecta, todos los grandes sacrificios realizados durante el confinamiento inicial habrán sido en vano. Sin embargo, el perjuicio para las personas y las economías no quedará contenido, sino que se agravará considerablemente.  

En primer lugar, ¿se han cumplido los criterios sanitarios?

La OMS ha indicado con claridad la necesidad de controlar la transmisión, de poner en marcha las capacidades del sistema sanitario para detectar, realizar pruebas, aislar y tratar cada caso, así como para rastrear todos los contactos.

Algunos países y territorios aplicaron el consejo sobre la realización de pruebas, el rastreo, el tratamiento y el aislamiento desde el principio, y no es casualidad que aquellos que lo llevaron a cabo han logrado contener la propagación de la enfermedad mejor que algunos de los que no lo hicieron. La República de Corea, Nueva Zelanda y Alemania son tres países de tres regiones distintas que han recibido alabanzas por adoptar medidas audaces, oportunas y eficaces para gestionar la pandemia según ésta comenzaba a aparecer en sus territorios. También podemos aprovechar las enseñanzas que se desprenden de cómo dos de estos tres países ya han afrontado un rebrote de COVID-19, con suerte a una escala controlable, desde que empezaron a reducir sus medidas de confinamiento y emergencia.

¿Se han aplicado medidas especiales para gestionar los lugares vulnerables?

Existen numerosos indicios de que las personas que viven juntas en determinados lugares presentan más riesgos. Los planes para el desconfinamiento tienen que prestar especial atención a estos riesgos.

Por ejemplo, antes de salir del confinamiento, ¿se siguen unos pasos para realizar pruebas a los residentes y al personal de los centros residenciales, las instituciones psiquiátricas y los centros de desintoxicación, además de vigilar los datos sanitarios de esos lugares e informar sobre ellos?

¿Hay planes establecidos para garantizar el aislamiento y un tratamiento especializado para los que puedan estar expuestos a la COVID-19 en el futuro? El descuido de los mayores en los centros residenciales de algunos países durante la primera oleada de la pandemia ha sido terrible.

¿Se han adoptado medidas parecidas para las personas detenidas? ¿Para los migrantes, los desplazados internos y los refugiados en campamentos o asentamientos? Los planes para el desconfinamiento también deberían incluir medidas que reduzcan el hacinamiento de esos lugares.

También son necesarias medidas en zonas residenciales densamente pobladas, como los barrios urbanos, y otras zonas sin instalaciones adecuadas de agua, saneamiento o asistencia sanitaria. Debe disponerse de instalaciones móviles de pruebas en esas zonas, al igual que de dispensadores móviles de agua, jabón o desinfectante gratuito. Asimismo, la recogida y supervisión de datos sanitarios resulta esencial para garantizar la detección de nuevos brotes con antelación.

La capacidad de adoptar determinadas medidas obedece hasta cierto punto a la riqueza del país en cuestión. Sin embargo, interesa a los más ricos ayudar a los más pobres, dentro de cada país y entre ellos, ya que la COVID-19 se agudizará y proliferará en las zonas más desfavorecidas, con lo que se volverá a propagar hacia las zonas más ricas inevitablemente y a su debido tiempo.

¿Se aplican medidas específicas para las personas de alto riesgo?

Una medida aparentemente positiva para el bienestar social y económico de la población en general puede suponer un aumento claro de los riesgos para algunos sectores de la misma población. Por ejemplo, ya tenemos una considerable cantidad de información en algunos países que muestra que la pandemia tiene repercusiones desproporcionadas sobre las minorías raciales y étnicas, además de para los trabajadores migratorios. Las personas con discapacidades y con problemas de salud subyacentes existentes corren mayor peligro debido a la prevalencia de otros factores de riesgo. Algunas poblaciones indígenas se encuentran en grave riesgo.

Los planes para el desconfinamiento deberían incluir medidas específicas para atender a grupos de este tipo. Una vez más, la supervisión y la presentación de informes, por medio de datos desglosados, será determinante para identificar las repercusiones desproporcionadas sobre determinados grupos.

Otros pasos específicos que hay que seguir para proteger a los grupos de riesgo incluyen la realización de pruebas con prioridad y la prestación de un acceso inmediato a atención médica, además de atención especializada en algunos casos.

Nunca antes había resultado tan evidente la importancia de que nadie quede excluido de los planes de protección social, pero en algunos países éstos apenas existen.

Los países pobres necesitan el apoyo urgente de la comunidad internacional, incluido el alivio de la deuda, que les ayude a reorientar su gasto hacia otras cuestiones clave, entre ellos, el acceso al agua y los alimentos, a la asistencia sanitaria, al empleo y a la protección social para los que están particularmente afectados por la crisis.

Por otro lado, muchos países africanos ya han ido avanzando con lo poco que tienen. Algunos, sobre todo los que tienen experiencia con anteriores epidemias, entre ellas, el VIH-SIDA y el Ébola, han puesto en marcha medidas con rapidez para evitar la propagación de la COVID-19. Y muchos han ofrecido al menos algún tipo de ayuda económica y alimentaria a grupos vulnerables, o transferencias de efectivo. Otros también han aplicado estímulos económicos para que el sector privado siga funcionando. Entre los países que han adoptado una o más medidas de este tipo se encuentran RDC, Etiopía, Guinea-Bissau, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Gambia y Zimbabue.

Serán necesarios enfoques muy diferentes para ciertos grupos vulnerables de diversas partes del mundo. En los países del sur, por ejemplo, las personas de edad suelen ser cuidadas por sus familiares, en vez de llevarlos a un centro residencial. Esta tendencia presenta ventajas e inconvenientes, pero las medidas para protegerles tienen que adaptarse en consecuencia.

Han aparecido nuevos datos que muestran aumentos alarmantes de la violencia doméstica y de género.

En algunos países, la envergadura del problema no queda clara. Sin embargo, otros, como España, Portugal y Francia, han aplicado medidas innovadoras específicas que permiten a las mujeres y niñas alertar a las autoridades de su difícil situación.

Esta crisis ha revelado prejuicios profundamente arraigados, con información falsa y discursos de odio dirigidos a varios grupos, que incluyen migrantes, minorías y personas LGBTI. Nuestras respuestas tienen que proteger a los que se enfrentan a esos abusos, además de garantizar que la privacidad quede protegida cuando se implanten las tecnologías de seguimiento digital.

¿Se han tomado medidas para garantizar la protección de los trabajadores?

Cuando se levanten los confinamientos, las personas que carecen de ingresos estables, los que no pueden trabajar a distancia y los que desempeñan trabajos esenciales, que no son solo los profesionales sanitarios, se enfrentarán a los mayores riesgos. Por fin empieza a ser patente que los migrantes forman un número desproporcionado de trabajadores esenciales, y que la mayor parte de ellos, a pesar de realizar estos trabajos “esenciales”, a menudo reciben salarios muy bajos.

Las medidas para protegerles deben incluir la garantía de que aquellos que trabajan en contacto con muchas personas dispongan del equipo de protección adecuado, tales como mascarillas, desinfectante y material aislante. Se necesitan normas más claras para ofrecer protección a los trabajadores y a los ciudadanos. Además, todas las formas de transporte público deben tener un nivel de seguridad muy alto.

Varios países están adoptando este tipo de medidas. ¿Cuentan con unos mecanismos establecidos para aprender recíprocamente de los éxitos y fracasos y para cambiar de rumbo si fuera necesario? Durante la primera oleada, parece que algunos países reaccionaron a partir de las experiencias de otros países, y otros no lo hicieron, o esperaron demasiado, lo que tuvo consecuencias catastróficas en algunos casos.

En el caso de los países que están saliendo del confinamiento, así como de los que aún no han experimentado el impacto de lleno de la pandemia, la flexibilidad y la capacidad de respuesta serán esenciales, junto con la capacidad de adaptar con rapidez sus políticas ante repuntes locales de contagio u otras consecuencias adversas.

¿Está la población comprometida con el camino a seguir?

La población tiene derecho a acceder a información precisa sobre la pandemia. Asimismo, tiene derecho a implicarse en las decisiones que afectan a sus vidas, incluido el modo de levantar las medidas de excepción. A la hora de elaborar planes para el desconfinamiento, los países deben consultar a las comunidades y grupos más afectados, así como a los que se encuentran en la primera línea de la pandemia, como los profesionales sanitarios, los trabajadores del transporte público y los que trabajan en los sectores de la fabricación y distribución de alimentos.

La participación genera más confianza en las autoridades y favorece un mayor cumplimiento de las medidas para disminuir el contagio, además es importante reconocer que la libertad de expresión, al igual que otros derechos humanos, es un componente esencial de la salud pública.

Como antigua política, sé lo difícil que puede llegar a ser para un dirigente nacional y los partidos gobernantes dejar a la política fuera de la ecuación. No obstante, esta pandemia no será contenida por la política o las ideologías, ni por un enfoque puramente económico, sino por la formulación de políticas con base científica, sensibles y prudentes y por un liderazgo responsable y humano.

Permitir que las políticas o las economías dirijan la respuesta a costa de la salud y de los derechos humanos costará vidas y perjudicará aún más a corto y a largo plazo. Esos enfoques simplemente son insostenibles, como lo serán en el futuro. No seremos capaces de volver a la economía “normal” ni a otros escenarios anteriores a la COVID-19 cuando la pandemia acabe.  Esta debería ser la enseñanza más importante a extraer de esta crisis.

Lograr el equilibrio entre los imperativos económicos y los de la salud y los derechos humanos durante la pandemia de la COVID-19 va a ser una de las experiencias más delicadas, abrumadoras y decisivas que afronten todos los dirigentes y gobiernos. El lugar que estos políticos ocuparán en la historia vendrá determinado por lo buenas o malas que sean sus actuaciones en los próximos meses. Si su respuesta se basa en los intereses de una élite particular, y esto provoca un rebrote de la enfermedad en otras comunidades más desfavorecidas o marginadas, este hecho terminará por afectar a todos.

Muchas gracias.