La recién nombrada Relatora Especial presenta este informe a la Asamblea General de conformidad con la resolución 26/20 del Consejo de Derechos Humanos. El informe se centra en el derecho de las personas con discapacidad a la protección social.

La Relatora Especial pretende formular orientaciones destinadas a los Estados y a otros agentes sobre los requisitos necesarios para establecer sistemas de protección social inclusivos de las personas con discapacidad que promuevan la ciudadanía activa, la inclusión social y la participación de las personas con discapacidad en sus comunidades, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque reconoce las dificultades existentes para su aplicación.