Resumen

En el presente informe, la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, expone los retos y las consecuencias que entrañan para los derechos humanos el desarrollo, el uso y la transferencia de nuevas tecnologías en el contexto de la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. La Relatora Especial reconoce la capacidad que tienen las nuevas tecnologías para transformar positivamente las vidas y fomentar la plena efectividad de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de los seres humanos, así como el importante potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para colmar las lagunas existentes en materia de derechos humanos de las personas más marginadas y vulnerables. Lamentablemente, al mismo tiempo, las nuevas tecnologías se están utilizando indebidamente en todo el mundo para restringir y violar los derechos humanos.

En el presente informe se ilustran las formas en que la lucha contra el terrorismo y la seguridad se utilizan habitualmente para proporcionar argumentos políticos y jurídicos que justifiquen la adopción de tecnologías de alto riesgo y sumamente intrusivas sobre la base de amenazas excepcionales y bajo la promesa de una aplicación estrictamente limitada. En el informe se demuestra además que tales justificaciones y limitaciones rara vez son válidas y que el argumento del uso excepcional para responder a crisis de seguridad es una quimera, ya que, en la realidad, se hace un uso amplio y generalizado de estas tecnologías que carece de las restricciones adecuadas en materia de derechos humanos o estado de derecho. Estas tecnologías, como la biométrica, la de vigilancia y la de los drones, tienen graves repercusiones en el disfrute de los derechos humanos a nivel mundial. La Relatora Especial destaca los riesgos para los derechos humanos que entrañan el desarrollo, el despliegue y la transferencia de esas tecnologías a escala internacional. Asimismo, le preocupan profundamente los elementos discriminatorios que conlleva el desarrollo y el despliegue de dichas tecnologías. Algunas de las consecuencias negativas son las violaciones directas de los derechos inderogables —cuya integridad está siendo socavada por nuevas tecnologías que carecen de cualquier supervisión legal significativa— y la impunidad de los agentes tanto estatales como no estatales, que, al utilizar y transferir dichas tecnologías, incurren en prácticas que violan sistemáticamente los derechos. Las repercusiones en los derechos humanos a nivel mundial son devastadoras, especialmente en el ejercicio de los derechos a la privacidad, la expresión, la asociación y la participación política. La cuestión principal que plantea la Relatora Especial es que las prácticas abusivas están muy arraigadas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, precisamente porque, a falta de una definición de esos fenómenos acordada internacionalmente, cada Estado los define para promover determinados intereses, pocos de los cuales están relacionados con los derechos humanos y el estado de derecho. La Relatora Especial pide una moratoria sobre el uso de determinadas tecnologías, incluida una prohibición a nivel mundial de los sistemas de armas autónomos letales. En concreto, insta a los Estados Miembros a que adopten una política de cese y desistimiento con respecto a la transferencia de esas tecnologías a Estados que tengan un historial demostrado de violaciones de los derechos humanos, según confirman las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General y las conclusiones de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos. Haciéndose eco del llamamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pide que se imponga una moratoria a la transferencia de tecnologías de vigilancia. Asimismo, presenta un modelo para la creación de un marco normativo mundial sobre el uso de las tecnologías de vigilancia.