Corrupción y derechos humanos

La corrupción tiene un efecto destructivo en las instituciones estatales y en la capacidad de los Estados para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación.

La corrupción y los flujos financieros ilícitos asociados suponen un gran reto para muchas sociedades, ya que desvían ingresos públicos y paralizan los presupuestos públicos que deberían proporcionar asistencia sanitaria, vivienda, educación y otros servicios esenciales, socavan la capacidad de los Estados para cumplir sus obligaciones básicas mínimas y sus obligaciones legales preexistentes de maximizar todos los recursos disponibles para respetar, proteger y cumplir los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Además, socavan el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones y los procesos, el Estado de derecho y, en última instancia, el propio Estado.

Los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos, han prestado cada vez más atención al impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos y han hecho numerosas recomendaciones a los Estados miembros con el objetivo de prevenir y suprimir la corrupción.

En la Declaración política adoptada en el período extraordinario de sesiones de 2021 de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la corrupción titulada "Nuestro compromiso común de abordar eficazmente los retos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional" Los Estados miembros expresaron su preocupación "por el impacto negativo que todas las formas de corrupción, incluida la solicitud de ventajas indebidas, pueden tener en el acceso a los servicios básicos y en el disfrute de todos los derechos humanos, y reconocen que pueden exacerbar la pobreza y la desigualdad y afectar de manera desproporcionada a las personas más desfavorecidas de la sociedad", y se comprometieron a "prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional de manera coherente con nuestras obligaciones respecto de todos los derechos humanos, la justicia, la democracia y el Estado de Derecho a todos los niveles".

¿A quién afecta la corrupción?

La corrupción existe en todos los países, independientemente del sistema económico o político y de su nivel de desarrollo, tanto en la esfera pública como en la privada. Es un fenómeno transnacional que requiere la cooperación internacional, incluso en la recuperación del producto de la corrupción.

La corrupción no es un delito sin víctimas. Los grupos y personas desfavorecidos sufren la corrupción de manera desproporcionada. Debido a las desigualdades preexistentes y a la discriminación interseccional, la corrupción tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, los niños, los migrantes, las personas con discapacidad y las personas que viven en la pobreza, ya que a menudo dependen más de los bienes y servicios públicos y tienen medios limitados para buscar servicios privados alternativos. También suelen tener menos oportunidades de participar en el diseño y la aplicación de políticas y programas públicos y carecen de recursos para exigir responsabilidades y reparaciones.

Además, quienes participan en los esfuerzos por investigar, denunciar, perseguir y juzgar la corrupción corren un mayor riesgo de sufrir violaciones de los derechos humanos y necesitan una protección eficaz.

Enfoque de la corrupción y los derechos humanos

La ACNUDH se ocupa de la corrupción y los derechos humanos a través de dos líneas de trabajo complementarias:

1. Garantizar que los esfuerzos y las respuestas contra la corrupción sean coherentes con las obligaciones en materia de derechos humanos y tengan un enfoque centrado en las víctimas; y
2. Investigar los efectos negativos de la corrupción en los derechos humanos, con especial atención a los derechos económicos, sociales y culturales, con un enfoque que incluya la prevención, la administración efectiva de justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos causadas por delitos relacionados con la corrupción y las respuestas anticorrupción.

La lucha contra la corrupción y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La posición común de las Naciones Unidas para abordar la corrupción mundial indica que la lucha contra la corrupción, enraizada en el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Eficaces), es un facilitador de la Agenda 2030 y un acelerador para el logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.