El derecho a un medio ambiente saludable

Por lo general se entiende que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible incluye el derecho a aire limpio; a un clima seguro y estable; a acceso a agua segura y a saneamiento adecuado; a alimentos sanos y producidos de forma sostenible; a entornos no tóxicos en los que se pueda vivir, trabajar, estudiar y jugar; así como a una biodiversidad y ecosistemas saludables. Este derecho también incluye acceso a información; el derecho a participar en la toma de decisiones; además del acceso a justicia y a recursos efectivos incluyendo el ejercicio seguro de estos derechos sin miedo a sufrir represalias.

Al hablar del reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente saludable, Benjamin Schachter, Coordinador del Equipo de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que "todos los derechos humanos son interdependientes, indivisibles e inalienables. El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es necesario para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, y el desarrollo, entre otros". "Así pues, los impactos de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación van mucho más allá del derecho a un medio ambiente saludable y amenazan el disfrute efectivo de los derechos humanos en todas partes".

Recalcó que todos los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en virtud del derecho internacional de derechos humanos. Los defensores y defensoras de justicia ambiental esperan que el reconocimiento universal de este derecho por parte de la Asamblea General favorezca nuevos cambios en la legislación nacional, regional e internacional y refuerce su aplicación, lo que contribuiría a hace realidad el derecho a un medio ambiente saludable para todas las personas. Lo que ocurra después dependerá de cómo los Estados y otros titulares de obligaciones, como las empresas, cumplan con sus respectivas obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos.

Schachter afirmó que más de 150 países ya han reconocido el derecho a un medio ambiente saludable por medio de sus Constituciones, leyes, tribunales y acuerdos regionales. La forma en que mantienen sus compromisos está presente en los procesos de toma de decisiones nacionales, regionales e internacionales en todo el mundo, como la próxima reunión de líderes mundiales para la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en los Emiratos Árabes Unidos a finales de este mes.

Según Schachter, la resolución de la Asamblea General puede tener efectos catalizadores como aumentar el reconocimiento jurídico, la integración y la aplicación del derecho, y podría ser un punto de partida para una reforma constitucional o legislativa que reconozca el derecho, como ha ocurrido recientemente en Canadá; reforzar los mecanismos para garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en relación con el medio ambiente; y responsabilizar al sector privado y a los Estados de los daños medioambientales que han causado y de su impacto en las personas.

Según Puentes, de la Coalición Mundial, los próximos pasos lógicos y vitales incluyen el avance normativo del derecho a un medio ambiente saludable mediante su reconocimiento a escala regional y nacional para apoyar una aplicación más efectiva.

"Aparte de los Estados, también hay un aspecto clave para el sector privado. Nos complació constatar que algunas empresas se habían unido a la Coalición, así como al llamamiento en favor del derecho a un medio ambiente saludable, no solo porque ayuda a las empresas, sino porque es importante que todos y todas protejamos los derechos humanos", señaló.

Puentes añadió que los Estados y el sector privado, en especial la industria de los combustibles fósiles, deben reconocer su responsabilidad y rendir cuentas por la triple crisis planetaria, y concretamente la crisis climática, las pérdidas y daños relacionados, y sus obligaciones para eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

Derechos humanos y protección del medio ambiente

Un enfoque de la acción medioambiental basado en los derechos humanos empodera a las personas afectadas por los daños medioambientales y las medidas para abordarlos, y mejora la inclusión, la rendición de cuentas y la eficacia de la toma de decisiones al respecto, afirmó Schachter.

Por ejemplo, los pueblos indígenas, ampliamente reconocidos por sufrir de forma desproporcionada los impactos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación en el disfrute de sus derechos humanos, siguen luchando para hacerse oír. El respeto de sus derechos, conocimientos científicos, prácticas, conceptos de justicia y valores debe formar parte de las soluciones transformadoras para la triple crisis planetaria, explicó Schachter.

La lucha por el reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente saludable es un ejemplo de acción colectiva y una demostración poderosa de las posibilidades de protección medioambiental que ofrece el ejercicio de los derechos humanos. Los derechos humanos son un medio y un fin cuando se trata de proteger el medio ambiente, añadió Schachter, e indicó que el derecho a un medio ambiente saludable puede servir de base jurídica importante para aumentar los litigios medioambientales basados en los derechos en los tribunales nacionales e internacionales. En la sentencia reciente de un tribunal del estado norteamericano de Montana, un grupo de 16 jóvenes ganó un pleito histórico en el que el juez dictaminó que el estado estaba violando su derecho constitucional a "un medio ambiente limpio y saludable", así como sus derechos a la dignidad, la salud y la seguridad, y a la protección prevista en la legislación.

"Estamos juntos y juntas en esto".

La degradación medioambiental afecta de forma desproporcionada a personas, grupos y pueblos que ya se encuentran en situaciones vulnerables. Esto incluye a mujeres y niñas que se ven desproporcionadamente afectadas por las desigualdades de género preexistentes y la discriminación.

También incluye a quienes se ven obligados a desplazarse dentro y fuera de sus fronteras debido a desastres repentinos o de evolución lenta relacionados con el clima. En 2021, más de 22 millones de personas se vieron desplazadas internamente por desastres relacionados con el clima, según el Observatorio de Desplazamiento Interno.

Los desastres relacionados con el clima obligan a millones de personas a migrar en condiciones precarias e inseguras y afectan directamente al disfrute de una gran variedad de derechos humanos, como el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, a la educación, al agua, a la alimentación, a la salud y a la seguridad, entre otros, y exacerban las situaciones de vulnerabilidad, señaló la asesora de Derechos Humanos sobre migración y derechos humanos, Carolina Hernández.

Puentes señaló que la migración debida a crisis medioambientales suele verse como una amenaza y su gestión se está militarizando y centrándose en la seguridad cada vez más. En cambio, la migración debe abordarse con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos y con el reconocimiento de que ésta ha aumentado por los efectos adversos del cambio climático. También puede proteger a las personas y sus derechos humanos si se facilita mediante vías para una migración segura y regular.

"La migración forma parte de la diversidad y la naturaleza humana. Nos enriquece y ha formado parte del desarrollo y el progreso de la humanidad". A lo que añadió que todos nosotros y nosotras, individuos, Estados y sector privado, debemos adoptar un enfoque de la migración basado en los derechos humanos que sitúe a las personas en el centro y reconozca los factores que impulsan la migración relacionada con el medio ambiente y el clima, empezando por el consumo y la producción insostenibles.

"Ciento ocho empresas son responsables de casi el 70 % de las emisiones climáticas de la historia. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado del todo bien", indicó Puentes. "Que se reconozca el derecho a un medio ambiente saludable es un primer paso, aunque no es suficiente. Necesitamos aplicarlo y ponerlo en práctica. Cumplir con la normativa y asumir la responsabilidad, asumir las pérdidas y los daños, y realizar una adaptación y una mitigación que sean efectivas es algo que se tiene que hacer desde ya".

Puentes destacó que la Coalición Mundial trabajó con Estados, agencias de las Naciones Unidas y otros actores para impulsar el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

"El Premio de Derechos Humanos para la Coalición es un recordatorio de lo que podemos conseguir cuando colaboramos juntos. Asimismo, es un recordatorio de que no podemos salvar el planeta con un solo Estado, una sola organización, un solo pueblo indígena: debemos hacerlo juntos y juntas".