“La Tierra facilita un sistema de apoyo a la vida de 8.000 millones de personas y millones de miembros de otras especies, pero hoy estamos en medio de una crisis planetaria sin precedentes”, declaró David Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y añadió que las grandes empresas son las principales responsables de las agresiones a la biosfera y el aumento de las desigualdades.

“El 1% más rico de la población del planeta produce el mismo volumen total de gases nocivos de efecto invernadero que el 66% más pobre de la humanidad”, dijo Boyd.

En el último informe que presentó al Consejo de Derechos Humanos, Boyd pidió un replanteamiento de los modelos empresariales y económicos basados en la explotación de las personas y la naturaleza, que han llevado a la humaniad al borde del desastre.

Según el experto, muchas grandes empresas vulneran el derecho a gozar de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, al contaminar el aire, el agua y los suelos, destruir la diversidad biológica, emitir sustancias tóxicas peligrosas para la fauna y la vida humana, y producir y distribuir alimentos poco saludables e insostenibles. La contaminación del aire le cuesta al planeta 8,1 billones de dólares estadounidenses al año en términos de daños a la salud y el medio ambiente, y el costo de la producción industrial de alimentos asciende a 10 billones.

Boyd opina que el modelo económico actual es un fracaso, porque se basa en la creencia de que el crecimiento puede ser ilimitado y se preocupa más por obtener los máximos beneficios para sus accionarios, que por cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

“Las empresas de combustibles fósiles obtienen beneficios de miles de millones de dólares, mientras sus productos matan a millones de personas y agravan la emergencia climática. Las compañías transnacionales que producen y procesan alimentos alcanzan enormes dividendos, mientras los precios de la comida, el hambre y la desnutrición no cesan de aumentar”, afirmó.  

No obstante, el Relator Especial reconoció que el sector privado podría ser una fuerza benéfica en la consecución de un futuro justo y sostenible, y mencionó algunos ejemplos de empresas que generan o utilizan energía ciento por ciento renovable, que fabrican productos más beneficiosos para el medio ambiente o emplean estrategias regenerativas en materia de pesca, agricultura y explotación forestal. Además, señaló que de aquí a 2030 la inversión en estas modalidades de economía ecológica podría crear 40 millones de nuevos empleos.

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar las normas y los criterios de derechos humanos, “por encima del cumplimiento de las leyes y los reglamentos nacionales”, y entre esos derechos figura el disfrute de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, señaló Boyd.

Según Boyd, los Estados también son responsables de la crisis planetaria, porque toleran y subsidian actividades empresariales destructivas. El experto hizo hincapié en que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos y el deber de aplicar leyes, regulaciones, normativas y políticas enérgicas, entre otras una legislación de amplio espectro que ampare con la debida diligencia a los derechos humanos y el medio ambiente.

En referencia a los pueblos del Sur del planeta que aspiran a alcanzar el desarrollo económico, Boyd declaró que nuestra época debe hacer frente a una paradoja. “La humanidad necesita reducir su huella ecológica colectiva, pero millones de personas del Sur necesitan ampliar su consumo de materias primas y energía, con miras a alcanzar mejores niveles de vida y poder disfrutar más cabalmente de sus derechos humanos. Los Estados más ricos deben encabezar el esfuerzo encaminado a reducir la huella de carbono y a financiar el crecimiento de la economía ecológica en el Sur del planeta”.   

Al valorar los seis años de su mandato al frente de la relatoría de medio ambiente y derechos humanos, Boyd dijo que se sentía muy orgulloso del reconocimiento universal logrado por el derecho humano a disfrutar de un medioambiente limpio, saludable y sostenible, refrendado por el Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2021 y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2022.

“Estas fechas marcan avances emblemáticos de los derechos humanos en el ámbito internacional”, terminó diciendo el Relator Especial.