Normas internacionales

El derecho internacional prohíbe el uso de mercenarios en los conflictos armados y en determinadas situaciones pacíficas.

Debido a su naturaleza especial, el derecho de los conflictos armados (derecho internacional humanitario) no aborda la legalidad de las actividades mercenarias ni establece la responsabilidad por mercenarismo de quienes participan en actividades mercenarias. En cambio, define la condición de mercenario y sus implicaciones en caso de captura.

Normas internacionales

Convenio de La Haya V sobre los derechos y deberes de las potencias y personas neutrales en caso de guerra terrestre (1907), Artículo

El artículo 4 del Convenio de La Haya V (considerado como derecho consuetudinario) estipula que "no se pueden formar grupos de combatientes ni abrir agencias de reclutamiento en el territorio de una Potencia neutral para ayudar a los beligerantes". Por lo tanto, la Potencia neutral tiene la obligación de impedir que se produzcan tales actividades en su territorio. Sin embargo, no puede ser considerada responsable cuando los individuos cruzan la frontera por voluntad propia para ofrecer sus servicios a los beligerantes. Este artículo crea, en efecto, la obligación de los Estados de impedir la formación de grupos mercenarios en su territorio con el fin de intervenir en un conflicto armado ante el que han decidido permanecer neutrales. Si no lo hacen, violan las obligaciones que les impone el derecho internacional.

Carta de las Naciones Unidas (1945), artículo 2, parráfo 4

El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU estipula que: "Todos los Miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". Esta disposición prohíbe esencialmente el uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro, salvo en circunstancias muy concretas recogidas en otras partes de la Carta (autodefensa y medidas coercitivas sancionadas por el Consejo de Seguridad). El empleo de mercenarios para usar la fuerza contra otro Estado entra en el ámbito de esta prohibición.

Artículo 3 común de la Convenios de Ginebra (1949)

Según este artículo, en todo conflicto, ya sea de carácter internacional o no internacional, "las personas que no participen activamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que estén fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa, serán tratadas humanamente en todas las circunstancias, sin distinción alguna de índole desfavorable fundada en la raza, el color, la religión o la fe, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo".

Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977), artículo 47

El artículo 47 del Protocolo Adicional I ofrece una definición de mercenario.

"Un mercenario es cualquier persona que:

1. Se recluta especialmente en el país o en el extranjero para luchar en un conflicto armado;
2. De hecho, participa directamente en las hostilidades;
3. Está motivado para participar en las hostilidades esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado y, de hecho, se le promete, por una Parte en conflicto o en su nombre, una compensación material sustancialmente superior a la prometida o pagada a los combatientes de rangos y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte;
4. No es nacional de una Parte en conflicto ni residente en el territorio controlado por una Parte en conflicto;
5. No es miembro de las fuerzas armadas de una Parte del conflicto; y
6. No ha sido enviado por un Estado que no es parte del conflicto en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas.

Estos requisitos son acumulativos, lo que significa que deben ser todos aplicables para que un individuo sea categorizado como mercenario."

Dado que el objetivo del derecho internacional humanitario es ampliar y no restringir la protección, el alcance de esta definición es reducido para garantizar que la pérdida de la protección especial sólo se produzca en circunstancias limitadas.

Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (1989)

La Convención establece una serie de delitos que pueden cometer los mercenarios individuales, las personas que reclutan, utilizan, financian o entrenan a mercenarios y los Estados parte, e impone a los Estados parte una serie de obligaciones relacionadas.

El artículo 1 mantiene la definición de mercenario que figura en el artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (véase más arriba), pero la amplía para abarcar situaciones distintas de los conflictos armados, en las que se recluta a personas con el fin de que participen en un acto concertado de violencia destinado a derrocar a un gobierno o a socavar de otro modo el orden constitucional de un Estado, o a socavar la integridad territorial de un Estado.

En esta situación, "un mercenario es una persona que:

1. Está motivado para participar esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado importante, y está impulsado por la promesa o el pago de una compensación material;
2. No es nacional ni residente del Estado contra el que se dirige dicho acto;
3. No ha sido enviado por un Estado en misión oficial; y
4. No es miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se realiza el acto.

Para cometer un delito en virtud del Convenio, un mercenario no sólo debe estar comprendido en la definición contenida en el artículo 1, sino también participar directamente en las hostilidades o en un acto concertado de violencia, o haber intentado hacerlo.

También comete un delito toda persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios, intente hacerlo o sea cómplice de una persona que cometa o intente cometer un delito establecido en la Convención. Este delito indirecto se considera cometido incluso cuando los mercenarios en cuestión aún no han participado en las hostilidades. El objetivo del requisito de combate directo es distinguir a un mercenario de un asesor militar.

El Convenio también establece un marco para facilitar el enjuiciamiento de los delincuentes a nivel nacional. Exige a los Estados que garanticen que su legislación posibilita el enjuiciamiento. Todo presunto delincuente presente en su territorio debe ser detenido y se debe abrir una investigación preliminar. Si la persona en cuestión no es extraditada a otro Estado para ser juzgada, el caso debe ser sometido a las autoridades nacionales competentes. A lo largo del proceso, el presunto delincuente debe beneficiarse de un trato justo y de garantías judiciales. Los Estados deben cooperar entre sí tanto en la prevención como en el enjuiciamiento de los delitos, incluso mediante el intercambio de información. Por último, el Convenio establece un procedimiento para la solución de controversias entre los Estados partes en relación con la interpretación o aplicación del instrumento.

Normas regionales

Convenio para la eliminación del mercenarismo en África (1977)

La Convención de la Unión Africana prohíbe tanto los mercenarios como el mercenarismo, que se caracteriza por ser un delito contra la paz y la seguridad en África, ya sea cometido por un individuo, un grupo, una asociación, un Estado o un representante del Estado.

El artículo 1 define al mercenario como "toda persona que:

1. Se recluta especialmente en el país o en el extranjero para luchar en un conflicto armado;
2. De hecho, participa directamente en las hostilidades;
3. Está motivado para participar en las hostilidades esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado y, de hecho, una parte en el conflicto le promete una compensación material;
4. No es nacional de una parte del conflicto ni residente en el territorio controlado por una parte del conflicto;
5. No es miembro de las fuerzas armadas de una parte del conflicto; y
6. No es enviado por un Estado que no sea parte en el conflicto en misión oficial como miembro de las fuerzas armadas de dicho Estado".

En el marco de esta Convención se tipifica como delito el alojamiento, la asistencia, el entrenamiento, el equipamiento, la promoción, el apoyo, el empleo o el alistamiento de mercenarios. El régimen también tipifica como delito el hecho de permitir que dichas actividades "se lleven a cabo en cualquier territorio bajo su jurisdicción o en cualquier lugar que esté bajo su control o que proporcione instalaciones para el tránsito, el transporte u otras operaciones" de fuerzas mercenarias (artículo 2).