La Ley de Orden Público tendrá un efecto paralizante sobre sus libertades cívicas y debe ser rechazada

El derecho a la protesta pacífica es una prerrogativa fundamental para preservar la libertad humana y su historia en el Reino Unido es larga, sólida y honorable.

El pueblo se opuso a la tiranía. Denunció la esclavitud. Exigió el fin de la discriminación, la explotación y los intentos arbitrarios de controlar la mente y el cuerpo de las personas. La gente se puso en pie y marchó en pro de la libertad.

Piensen en el movimiento abolicionista que puso fin a la práctica de secuestrar, comprar y vender seres humanos en todo el Imperio Británico, y en los movimientos de independencia que acarrearon luego el final de ese imperio.

Consideren el derecho al sufragio femenino, nacido del intrépido activismo de las sufragistas, que hicieron huelgas de hambre en la cárcel, ocuparon monumentos y se encadenaron a puertas y rejas para ganar un poco de tiempo que les permitiera pronunciar sus discursos antes de que la policía las arrestara.

Hoy en día, las sufragistas como Vera Holm, que en 1909 fue fotografiada portando equipos y cadenas, podría ser arrestada por el delito de “llevar equipos para encadenarse” y recibir una multa discrecional.

La Ley de Orden Público del Reino Unido, que entró en vigor este mes, impone restricciones indebidas sobre las libertades cívicas.

Esta ley amplía las facultades de la policía para detener y cachear a ciudadanos en busca de objetos prohibidos, incluso, en determinadas circunstancias, cuando no haya motivos razonables de sospecha.

La norma también permite la emisión de órdenes que prohíben que determinadas personas estén en determinados lugares en determinados momentos, o que estén en compañía de ciertas personas o que usen Internet de ciertas formas.

Esta ley crea nuevos delitos, tales como el de “encadenamiento” -cuando los manifestantes se atan deliberadamente entre sí o a determinados edificios, de forma que puedan causar “graves trastornos”- y cuando están “equipados para encadenarse”.

Candados de bicicleta, cinta adhesiva, alambre: ¿qué considerará la policía que es un objeto para “encadenarse” y qué tipo de prueba indicaría una intención suficiente de que ese objeto se usaría en un encadenamiento?

¿Qué significa un “trastorno grave”? ¿Incluiría eso el bloqueo parcial de la entrada de una tienda, una gasolinera o la sede de una empresa tabacalera o petrolera?

El alcance indefinido de estos y otros delitos entraña graves riesgos de una aplicación arbitraria, inconsistente y, en última instancia, paralizante. Sus efectos podrían tener graves consecuencias sobre la capacidad real de la gente de cualquier credo político para participar en manifestaciones de cualquier tipo.

Apenas cuatro días después de la aprobación de la ley, seis personas fueron arrestadas en Londres por sospechas de “estar equipadas con elementos para encadenarse”, porque portaban artículos como bridas de plástico en el contexto de una protesta contra la coronación del nuevo rey. El hallazgo no era sorprendente: las bridas de plástico se usan a menudo para fijar los carteles de protesta. En realidad, tras 16 horas de detención, los seis fueron puestos en libertad. La policía expresó su “pesar” por los arrestos, pero luego se desdijo; el Jefe de la Policía Metropolitana los defendió después, en un gesto que agravó la confusión sobre lo que está prohibido y lo que está autorizado en virtud de esta legislación.

La participación del ciudadano de a pie es esencial para toda sociedad saludable. Esa participación garantiza que el gobierno rinda cuentas, se informe acerca de las necesidades de la gente y responda a ellas. No es cuestión de celebrar elecciones periódicas cada cierto tiempo ni de enviar algunas cartas atentas al director de un periódico. Las protestas -estruendosas, a veces molestas, pero pacíficas- son necesarias. Para que sean eficaces, han llamar la atención. Si no aprendimos esta lección de las sufragistas de 1909, tal vez podamos aprenderla ahora, ante la necesidad de tomar medidas urgentes para abordar la emergencia medioambiental.

Por eso es particularmente preocupante que la ficha de datos gubernamental sobre la Ley de Orden Público solo haga referencia a la necesidad de limitar o controlar a los manifestantes que protesten contra los daños causados al clima o defiendan el derecho humano a tener un medioambiente sano y seguro.

En mi condición de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibo informes sobre injusticias con lamentable regularidad. Las libertades fundamentales, incluido el derecho a la reunión pacífica, son objeto de ataques en muchos lugares del mundo. El Reino Unido, con razón, ha criticado muchas de esas medidas. Pero muy a mi pesar, la Ley de Orden Público del Reino Unido probablemente cause un profundo efecto paralizante sobre las libertades cívicas. Insto a las autoridades británicas a que deroguen esta norma o, al menos, a que la reformen y mi Oficina les ayudará con gusto en esta tarea.