La alarmante crueldad exhibida en el ataque lanzado desde Gaza por parte de Hamas y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre ha provocado un trauma profundo y persistente en todo Israel. La escala y brutalidad de los asesinatos; los relatos de torturas y violencia sexual; los secuestros de 250 personas, muchas de las cuales siguen aún estando cautivas de Hamas y la Jihad Islámica Palestina; algunas de ellas siendo niños de corta edad y personas mayores vulnerables; la denegación absoluta de acceso a supervisores internacionales, todos estos elementos son deplorables. 

El horror de los ataques es evidente. Se ha vulnerado el derecho internacional humanitario. Estos ataques ya han sido condenados de forma repetida y en su totalidad por Naciones Unidas y por el mundo entero. 

En los tres meses que han seguido a los ataques, este horror no ha hecho más que intensificarse, el cual lo ha padecido la población de Gaza a través de una campaña de una escala sobrecogedora, la cual ha venido manchada por graves vulneraciones del derecho internacional.

Un uno por ciento de los 2,2 millones de palestinos y palestinas que viven en Gaza han resultado muertos, de acuerdo con el ministerio de sanidad de Gaza, bajo control de Hamas, incluyendo a miles de niños y niñas además de otros civiles. Otro 2,3 por ciento de habitantes de Gaza han resultado heridos, muchos de ellos con heridas de por vida. Toda la población civil ha quedado traumatizada. Esta magnitud del sufrimiento es algo más que devastadora: es trágica y desmesurada. 

El ochenta y cinco por ciento de la población de Gaza se ha visto obligada a huir como resultado del uso por las Fuerzas de Defensa de Israel de oleada tras oleada de armas explosivas con efectos indiscriminados en zonas residenciales pobladas, acompañadas de ataques contra infraestructura civil protegida de forma específica por el derecho internacional humanitario, ya que sirve como refugio para muchos civiles que huyen del conflicto, tales como hospitales, escuelas y mezquitas. También han existido obuses lanzados desde unidades navales, disparos de artillería desde tanques, así como ataques por francotiradores, todo ello en medio de choques intensos entre las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos.

Al mismo tiempo, Hamas y la Jihad Islámica han continuado con el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra Israel, a la vez que se escudan en ocasiones en lugares civiles protegidos lo que supone también una violación del derecho internacional humanitario.

La protección de los civiles en la Franja de Gaza es de hecho no existente, y el coste de dolor y trauma insoportables continuará aumentando, a la vez que continúan las operaciones militares intensas por parte de Israel.

La ayuda humanitaria, que debería estar llegando a Gaza procedente de todas las direcciones disponibles, está únicamente entrando por goteo desde Rafah en Egipto; solamente se ha permitido la apertura de un punto de entrada israelí, Kerem Shalom, el cual además permanece cerrado casi todo el tiempo. La mitad de la población de Gaza está pasando hambre, y se ha reducido el consumo de agua de la población a un promedio de 1,5 litros al día, lo que supone una décima parte del requisito mínimo necesario en situaciones de emergencia. Los sistemas de alcantarillado han dejado de funcionar, por lo que las enfermedades se extienden con rapidez.  Los pocos equipos médicos que permanecen en la zona deben amputar miembros de niños heridos sin anestesia, los cuales se enfrentan a una posible muerte lenta provocada por infecciones, debido a la falta de medicinas.

Las repetidas solicitudes presentadas por mi Oficina para acceder a la zona con el objeto de investigar y documentar los sucesos del 7 de octubre dentro de Israel no han recibido respuesta alguna. Y no obstante, a lo largo de toda esta crisis, mi Oficina ha conseguido mantener, en la medida de sus posibilidades, su presentación de informes rigurosos e imparciales sobre el impacto para los derechos humanos de esta crisis – incluyendo los derechos humanos de los y las israelís. 

Lamentablemente, algunos oficiales israelíes han respondido intentando desacreditar todas estas cuestiones preocupantes en materia de derechos humanos, lo que ha incluido últimamente la afirmación de que estas acusaciones constituyen una "calumnia de sangre", lo que supone la forma más malévola y cruel de antisemitismo.

El antisemitismo es un flagelo muy peligroso, el cual debe ser contrarrestado enérgicamente. Pero el exigir el respeto de la ley no es un acto antisemita, ni tampoco condenar las graves violaciones del derecho.

No es una calumnia de sangre deplorar que no se exijan cuentas a los soldados israelíes y a los colonos armados quienes han asesinado a cientos de palestinos y palestinas en la Ribera Occidental desde el 7 de octubre, o la prolongación de una guerra cuya puesta en marcha ha suscitado dudas muy serias en cuanto a su respeto del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos. 

La instrumentalización política del flagelo real que supone el antisemitismo debe terminar. Mi oficina defiende la igualdad. Seguiremos insistiendo en la igualdad de derechos que tienen tanto palestinos como israelíes de vivir en paz, libres de la amenaza permanente de que se produzca una erupción de violencia extrema alimentada por una mentalidad de defensa, una discriminación profunda y la incitación al odio. La insistencia en ejercer una violencia generalizada contra la población palestina, en un contexto de discriminación y humillaciones constantes, no conducirá a la paz, ni en Israel, ni en la toda la región, en donde cualquier extensión de esta guerra puede tener consecuencias desastrosas.

También temo que estas políticas tengan consecuencias cada vez más corrosivas para las instituciones y la sociedad israelíes. Y a la vez que estas políticas no justifican ningún acto de violencia que se cometa contra civiles israelíes, sí suponen el incumplimiento de la promesa fundamental que todo Estado realiza a su pueblo: la promesa de garantizar su seguridad duradera.

La protección y la orientación de las normas universales de derechos humanos van en el interés nacional fundamental de todos los Estados. Estas normas sirven como salvaguardias para asegurar la independencia y capacidad de inclusión de las instituciones; contribuyen a formar sociedades sanas y resilientes, libres de violencia y abiertas a la participación de todos sus miembros. 

El restar crédito a los derechos humanos supone un perjuicio para el pueblo de Israel.

Yo, y mi Oficina, continuaremos intentando cooperar con el gobierno de Israel, y con su población, para proteger y defender los derechos humanos, tal como establecen los tratados internacionales a cuya elaboración Israel contribuyó en gran parte, y los cuales ha ratificado como normas en base a las cuales su propia conducta, al igual que la de otros, puede (y debe) medirse. 

Este artículo de opinión se publicó originalmente en el periódico israelí Haaretz el 10 de enero de 2024.