Sri Lanka: Preocupación por las medidas adoptadas en respuesta a las protestas motivadas por la crisis económica

Seguimos atentamente los sucesos ocurridos en Sri Lanka, donde en días pasados las autoridades anunciaron la instauración de un estado de emergencia y otras restricciones, en respuesta a las protestas masivas motivadas por la peor crisis económica que ha azotado al país en las últimas décadas.

La decepción de la población ha ido en aumento en los últimos meses y se han producido manifestaciones, en su mayoría pacíficas, por todo el país. La situación empeoró en las dos últimas semanas, en medio de la súbita carestía de combustibles, gas de cocina y algunos víveres esenciales, así como debido a los cortes de electricidad. Esta situación se tradujo en nuevas protestas, protagonizadas por ciudadanos desesperados por la subida del costo de la vida y la dificultad para procurarse artículos de consumo de primera necesidad.

Tras una manifestación que se desarrolló frente a la residencia presidencial el 31 de marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia el 1 de abril, anunció un toque de queda de 36 horas a partir de las seis de la tarde del 2 de abril y suspendió el funcionamiento de las redes sociales durante 15 horas el 3 de abril. Asimismo, ha habido informes sobre el uso excesivo de la fuerza y la violencia injustificada ejercida por la policía contra los manifestantes.

Nos preocupa que el objetivo de esas medidas sea impedir o desalentar la expresión legítima de las quejas de la gente mediante protestas pacíficas, y que, por ende, estorben el intercambio de opiniones sobre asuntos de interés público. Recordamos a las autoridades de Sri Lanka que las medidas adoptadas en el contexto del estado de emergencia deben cumplir con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, deben estar estrictamente limitadas a lo que la situación requiera, han de ser proporcionales a la misma, y no deberían utilizarse para sofocar la disidencia o impedir la protesta pacífica.

La Oficina del ACNUDH seguirá observando atentamente la evolución de estos acontecimientos. Tal como señaló la Alta Comisionada en su informe al Consejo de Derechos Humanos en febrero pasado, la deriva hacia la militarización y el debilitamiento del sistema de control institucional en Sri Lanka ha afectado la capacidad del Estado para abordar de manera eficaz la crisis económica y garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población del país. Asimismo, en fechas precedentes la Alta Comisionada había expresado su preocupación sobre el hecho de que el gobierno pudiera responder a las críticas y la disidencia de maneras que afecten al espacio cívico y ahora reiteramos esa preocupación.

Instamos al gobierno, los partidos politicos y la sociedad civil a que entablen de inmediato un diálogo integrador y significativo a fin de hallar una solución a los urgentes desafíos politicos y económicos que afronta Sri Lanka y con miras a evitar que la situación se polarice aún más.