Nos alarman las medidas adoptadas en Kirguistán con el fin de disolver el Centro Nacional de Prevención de la Tortura y transferir sus funciones al Instituto del Defensor del Pueblo de ese país. Instamos al gobierno kirguís a que frene este plan, que amenaza con debilitar los esfuerzos de Kirguistán para prevenir la tortura.

En una sesión del Parlamento celebrada el 15 de junio, un ministro principal expuso los planes del gobierno y sostuvo que el Centro Nacional disponía de facultades limitadas y de un presupuesto reducido. Según el ministro, la manera de avanzar en el asunto era fusionar el centro con el Instituto del Defensor del Pueblo, para crear un órgano de vigilancia más sólido.

Insistimos en que el Centro Nacional ha operado con independencia desde su creación en 2012 y por su buen funcionamiento ha recibido elogios del Subcomité de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura y de otras entidades internacionales de derechos humanos.

Instamos al gobierno de Kirguistán a que mantenga el Centro Nacional contra la Tortura como un organismo de prevención nacional independiente y autónomo, tal como exige el derecho internacional, y que le asigne los recursos necesarios para cumplir eficazmente su mandato.

Asimismo, solicitamos al gobierno que adopte medidas para que el Instituto del Defensor del Pueblo pueda ajustarse a los criterios internacionalmente reconocidos de independencia, pluralidad y transparencia exigibles a las instituciones nacionales de derechos humanos, conocidos también como los Principios de París.