Honduras: Militarización de la seguridad pública

Estamos muy preocupados por la militarización de la seguridad pública en Honduras.

El 5 de julio, el Gobierno extendió, por 45 días adicionales, el Estado de Emergencia introducido en diciembre de 2022 como parte de los esfuerzos para combatir la extorsión y el crimen organizado. El Estado de Emergencia, aplicable en 17 de los 18 departamentos de Honduras, permite a la Policía Militar apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad pública. También suspende el derecho a la libertad personal, la libertad de asociación, reunión y circulación, y permite a las fuerzas armadas y de seguridad llevar a cabo detenciones y allanamientos sin orden judicial.

El 21 de junio, las autoridades anunciaron la transferencia del mando y el control del sistema penitenciario a la Policía Militar. Esta decisión se tomó tras el violento incidente ocurrido en la Prisión Nacional de Mujeres de Tamara, en el que murieron 46 mujeres privadas de libertad durante un presunto ataque de un grupo contra otro.

Desde entonces, se han desarrollado operaciones de la policía militar en todos los centros penitenciarios del país.

A partir del monitoreo inicial de nuestra Oficina y de la información recibida de organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes con respecto a las operaciones militares en los centros penitenciarios, indican que los  privados de libertad, en particular los presuntamente asociados con maras y pandillas, habrían sido golpeadas con toletes  y patadas por la policía militar, así como sometidos a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que puede llegar a constituir una forma de maltrato.

Reiteramos la necesidad de garantizar urgentemente que exista una supervisión, tanto interna como externa, de las operaciones militares en las cárceles, así como del mando y control del sistema penitenciario, para evitar violaciones de los derechos humanos. Las denuncias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza deben investigarse sin demora.

Reconocemos la urgente necesidad de hacer frente a los niveles de violencia imperantes en el país dentro y fuera de los centros penitenciarios, pero nos preocupa mucho que ciertas medidas adoptadas puedan conducir a la violación de los derechos humanos.

Recordamos que el uso de los estados de excepción, como los que autorizan la participación militar en la seguridad pública y en el mando y control de las prisiones, debe ser excepcional, limitado en el tiempo y restringido a lo estrictamente necesario según las circunstancias del caso concreto.

El sistema penitenciario debe estar bajo control civil, en el marco de una política integral de seguridad que aborde las causas profundas de la violencia y contribuya a desmantelar de manera sostenible las maras y pandillas y otros grupos del crimen organizado. Deben redoblarse inmediatamente los esfuerzos para hacer frente a los problemas de larga data de la justicia penal y las prisiones, como el abuso del encarcelamiento, el autogobierno de las personas privadas de libertad, así como el hacinamiento, las condiciones de vida inadecuadas y la ausencia de servicios básicos.

Recordamos el deber del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad.

Todos los esfuerzos para hacer frente al desafío penitenciario deben basarse en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Esto no sólo servirá para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de libertad, sino que también redundará en beneficio de la seguridad pública y la cohesión social de las sociedades en general.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras sigue dispuesta para brindar asistencia técnica.

FIN