Nos inquietan las enmiendas propuestas a la legislación en Iraq las cuales, si llegan a aprobarse, impondrían la pena de muerte o la cadena perpetua por mantener relaciones consentidas con personas del mismo sexo, así como por determinadas formas de adulterio.  Solicitamos a los miembros del Parlamento que garanticen que cualquier legislación que promulguen se ajusta plenamente a las obligaciones de Iraq en materia de derechos humanos.

Esta fue una de las cuestiones que preocupan profundamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y que este quiso destacar ante las autoridades iraquíes durante su misión a Iraq en agosto del año pasado.

Para aquellos países que aún no han abolido la pena de muerte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado por Iraq en 1971, limita estrictamente la pena de muerte para los «delitos más graves», lo que significa delitos de máxima gravedad que incluyen el asesinato intencionado.

Las enmiendas propuestas son aún más alarmantes en el contexto que vive Iraq, dado su uso generalizado de la pena de muerte. Más de una docena de prisioneros fueron ejecutados a finales de 2023, y nos han llegado informes que indican que se ha autorizado recientemente la ejecución de cientos de prisioneros.

Hacemos un llamamiento al Gobierno a que detenga todas las ejecuciones planeadas y a que establezca una moratoria sobre la imposición de la pena capital, con vistas a declarar su abolición definitiva.