Nos preocupa mucho que una nueva ley, cuya entrada en vigor está prevista para dentro de una semana en Kirguistán, pueda plantear una grave amenaza al trabajo de numerosas organizaciones de la sociedad civil en ese país y, de manera más general, pudiera vulnerar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como el derecho a participar en los asuntos públicos. 

A principios de esta semana, la firma del Presidente Sadyr Japarov convirtió en ley el anteproyecto denominado “de representación extranjera”. Esta norma otorga a las autoridades amplias facultades de supervisión sobre las organizaciones de índole no comercial y estipula que las ONG que participan en lo que se define, de manera amplia, como “actividades políticas” y reciben financiación del extranjero, tienen la obligación de inscribirse como “representantes de intereses extranjeros”. En caso de no hacerlo, sus operaciones podrían suspenderse hasta por un periodo de seis meses e incluso podrían verse obligadas a liquidarlas.

La mayoría de las ONG que operan en Kirguistán reciben donativos y estipendios, incluso de organizaciones internacionales y de donantes extranjeros.

Nos preocupa que muchas de las ONG afectadas puedan verse obligadas a cesar sus actividades, para evitar el estigma de ser calificadas como “representantes de intereses extranjeros”, estar expuestas a controles arbitrarios de las autoridades y tener que pagar por auditorías anuales.

Las entidades que decidan inscribirse como “representantes de intereses extranjeros”, podrían verse obligadas a ejercer la autocensura. A su vez, esta práctica podría paralizar las iniciativas legítimas de promoción, supervisión y producción de informes sobre derechos humanos, así como el debate de cuestiones de interés público.

Exhortamos a las autoridades a que deroguen la nueva ley y a que garanticen que cualquier legislación futura respete cabalmente las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

También instamos a las autoridades a que entablen consultas al respecto con todas las partes interesadas, entre otras las organizaciones de la sociedad civil y los activistas de derechos humanos.