“Grave retroceso en el derecho a la salud de las dominicanas” – Expertos de la ONU piden que se retire la reforma del Código Penal

GINEBRA (27 de julio de 2016) – Un grupo de expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron hoy al Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y a los legisladores a que protejan el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas en el país.
 
“Exhortamos a las autoridades dominicanas a derogar todas las disposiciones legales restrictivas sobre el aborto, especialmente en casos de riesgo a la salud, incluida la salud mental, de las mujeres y niñas, así como en casos de violación o incesto y de deterioro grave del feto”, recalcaron.

El llamado de las y los expertos se produce en momentos en los que el Senado dominicano se dispone a debatir la reforma del Código Penal, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el Presidente en 2014. Esta reforma despenalizaba parcialmente el acceso a los servicios de aborto bajo tres circunstancias, a saber: cuando la vida de una mujer o niña embarazada estaba en riesgo, cuando el feto no podía sobrevivir fuera del útero, y cuando el embarazo era producto de una violación o incesto.

“En comparación con el texto del Código Penal aprobado en 2014, la nueva propuesta de enmienda es un claro retroceso para los derechos de mujeres y niñas, especialmente en cuanto al acceso a servicios de salud seguros”, declararon con preocupación.

Asimismo, expresaron seria preocupación sobre el hecho de que, según la enmienda propuesta, la interrupción del embarazo queda disponible en un solo caso: cuando hay riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada.

“Negar que las mujeres y niñas tengan acceso a servicios de aborto seguros por razones de salud, malformación fetal y embarazo derivado de una violación, ciertamente causará un excesivo y duradero sufrimiento físico y psicológico de muchas mujeres”, indicaron.

“Reducir el acceso a dichos servicios de salud  viola el derecho de mujeres y niñas a ser protegidas contra la discriminación basada en el género y a estar libres de tortura y malos tratos”, dijeron al señalar que “las leyes restrictivas sobre el aborto agravan los riesgos de salud y seguridad de las mujeres afectadas y las empujan, en algunas ocasiones, a someterse a soluciones desesperadas que amenazan su vida”.

El nuevo texto del Código Penal también establece que las mujeres que se inducen la terminación de su embarazo serán sentenciadas a 2 o 3 años de cárcel y que los profesionales de la salud que realicen abortos en cualquier otra circunstancia diferente a la permitida (cuando hay riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada) serán castigados y condenados a entre 4 y 10 años de prisión.

“La República Dominicana no aprovechó este momento clave de reformas para reafirmar su compromiso a eliminar la discriminación de género en su legislación y para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes, por lo contrario se está intentando negar derechos primordiales a la salud reproductiva”, lamentaron profundamente las y los expertos.

“Exhortamos al Presidente Medina y a su gobierno a que adopten todas las medidas y disposiciones necesarias, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, para asegurar que mujeres y niñas tengan acceso efectivo y seguro a todos los servicios de salud necesarios, incluidos los servicios sexuales y reproductivos”, concluyeron.

NOTA PARA LOS EDITORES:
La República Dominicana es uno de los países en América Latina con la más alta tasa de mortalidad materna. Según la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana tuvo una tasa de mortalidad materna de 92 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2015, frente un promedio en América Latina y el Caribe de 67 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

El aborto inseguro da cuenta de alrededor del 13% de la mortalidad materna a nivel mundial. En algunos países, el porcentaje de muertes maternas que resultan de abortos inseguros es mucho mayor, representando hasta un 30%. La mortalidad materna viola los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación.

(*) Los expertos: Alda Facio, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;  Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias;

Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite (en inglés): http://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council 

ONU Derechos Humanos, página de país – República Dominicana: http://www.ohchr.org/sp/countries/dominican-republic 
 
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