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Comunicados de prensa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Informe de las Naciones Unidas detalla las terribles crueldades que padecen hombres, mujeres y niños de la etnia rohingya

Atroz crueldad

03 febrero 2017

GINEBRA (3 de febrero de 2017) – Violaciones colectivas, asesinatos –incluso de bebés y niños pequeños- palizas brutales, desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad de Myanmar al norte de Maungdaw, en el Estado septentrional de Rakhine, una zona de acceso prohibido, se detallan en un nuevo informe que las Naciones Unidas dieron a conocer el viernes, basado en entrevistas realizadas a las víctimas que han cruzado la frontera para refugiarse en Bangladesh.

De los 204 refugiados entrevistados por un equipo de investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas, la gran mayoría dijo que habían sido testigos presenciales de asesinatos y casi la mitad afirmó que uno de los miembros de su familia había muerto o estaba desaparecido. Entre las 101 mujeres entrevistadas, más de la mitad declararon que habían sido violadas o habían padecido otras formas de violencia sexual.

Especialmente repugnantes fueron los relatos acerca de niños asesinados –incluso de un bebé de ocho meses y dos pequeños de cinco y seis años de edad- que fueron masacrados a puñaladas. Una madre narró que su hija de cinco años trató de protegerla de los hombres que la violaban y que uno de ellos “sacó un cuchillo y la degolló”. En otro caso, se alega que un bebé de ocho meses fue asesinado mientras cinco oficiales de seguridad violaban a la madre.

“La atroz crueldad a la que se ha sometido a estos niños rohingyas es intolerable–; ¿qué clase de odio puede hacer que un hombre apuñale a un bebé que llora para que su madre lo amamante? Y en cuanto a la madre que está obligada a presenciar el asesinato de su hija mientras la violan los mismos soldados que deberían protegerla, ¿qué clase de “operación de limpieza” es ésa? ¿A qué objetivos de seguridad nacional pueden contribuir estos actos?, dijo el Alto Comisionado Zeid y añadió que, según el informe, los niveles de violencia alcanzados recientemente no tienen precedentes.

“Exhorto a la comunidad internacional a que se sume, con todas sus fuerzas, al llamamiento que dirijo a los líderes de Myanmar para que pongan fin a esas operaciones militares. La gravedad y amplitud de estas acusaciones requiere una reacción enérgica de la comunidad internacional”.

Tras las reiteradas negativas del gobierno de Myanmar a conceder acceso irrestricto a los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas para que puedan visitar las zonas más afectadas del norte del Estado de Rakhine, el Alto Comisionado Zeid envió un equipo de oficiales de derechos humanos a la frontera entre Myanmar y Bangladesh, país a donde, según los cálculos, 66.000 rohingyas han huido desde el 9 de octubre de 2016.

Todas las personas entrevistadas por el equipo habían escapado de Myanmar después de esa fecha, cuando se produjeron los ataques contra tres puestos fronterizos que desencadenaron las operaciones militares y el acordonamiento y cierre del norte de Maungdaw. Los militares afirmaron que estaban realizando “operaciones de limpieza” en la zona.

En el informe figuran testimonios fidedignos sobre centenares de casas, escuelas,  tiendas, madrazas y mezquitas de los rohingyas que fueron incendiadas por el ejército, la policía y a menudo por bandas de civiles. Los testigos narraron también la destrucción de comida y fuentes de producción de alimentos, tales como plantaciones de arroz, así como la confiscación de ganado.

“Numerosos testimonios compilados entre personas de diferentes aldeas…. confirman que los soldados incendiaron deliberadamente varias casas con las familias en el interior, y que en otros casos empujaron a los rohingyas dentro cuando sus hogares ya estaban en llamas”, señala el informe. “Se reunieron testimonios de varios casos en los que el ejército o un grupo de vecinos encerraron en la casa a todos los miembros de una familia, incluso a los ancianos y los discapacitados, y prendieron fuego, matándolos a todos”.

Varias personas murieron a causa de tiroteos indiscriminados, mientras huían en busca de refugio. Los heridos graves apenas recibieron atención médica de emergencia y muchos de los entrevistados estaban visiblemente traumatizados por las violaciones de derechos humanos que habían presenciado o a las que habían sobrevivido. Especialmente afectados se mostraban quienes ignoraban qué había sido de sus seres queridos, que fueron arrestados por el ejército o separados de ellos mientras escapaban.

Muchos testigos y víctimas también contaron cómo los soldados se burlaban de ellos mientras los golpeaban, violaban o arrestaban, y algunos les decían: “ustedes son de Bangladesh y deben volver allí” o “a ver qué puede hacer Alá por ti ahora. ¿Ves lo que yo puedo hacer?” Según el informe, la violencia desatada desde el 9 de octubre es la continuación de un antiguo esquema de abusos y violaciones, discriminación sistemática y políticas de exclusión y marginación aplicado contra la minoría rohingya desde hace muchos años en el Estado septentrional de Rakhine*.  

Los informes indican que las operaciones de las fuerzas de seguridad en la región continuaron hasta enero de 2017, aunque su intensidad y frecuencia podrían haber disminuido.

“Asesinatos de personas que estaban rezando, pescaban para dar de comer a su familia o dormían en sus hogares; palizas brutales propinadas a niños pequeños de apenas dos años de edad y a una anciana de 80 – los autores de estas violaciones y quienes las ordenaron deben rendir cuentas de sus actos”, afirmó el Alto Comisionado. “El gobierno de Myanmar debe detener inmediatamente estas graves violaciones de derechos humanos contra su propia población, en vez de negar que han ocurrido, y aceptar la responsabilidad de velar por que las víctimas tengan acceso a la justicia, reciban indemnización y disfruten de seguridad”.

En el informe se llega a la conclusión de que las múltiples violaciones cometidas contra la etnia rohingya probablemente constituyen delitos de lesa humanidad.

FIN

* Si desea conocer la versión íntegra del informe, sírvase visitar: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf

* Véase además el informe de junio de 2016 elaborado por la Oficina del ACNUDH sobre la situación de los musulmanes rohingyas y otras minorías que viven en Myanmar:
http://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session32/list-reports .

Este informe se elaboró por encargo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Rupert Colville (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) ó Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) ó Liz Throssell  ( +41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org)

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