Honduras necesita una reforma progresiva de la ley sobre aborto para avanzar los DDHH de las mujeres, dicen experta/os de la ONU

GINEBRA (28 de abril de 2017) – Honduras debe aprovechar la reforma del Código Penal para despenalizar el aborto y asegurar que las mujeres y las niñas puedan disfrutar plenamente de su derecho humano a la salud sexual y reproductiva.

La Comisión de Dictamen está finalizando su opinión sobre la reforma del Código Penal que el Congreso votará en el Pleno en un futuro próximo.

“Esperamos sinceramente que el Congreso hondureño aproveche esta oportunidad clave para cumplir con su obligación de eliminar la discriminación contra la mujer en su legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos” dijeron la/os experta/os.

En Honduras, el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia. La Comisión de Dictamen parece, en esta fase, no proponer ninguna enmienda que mejore las normas nacionales permitiendo la interrupción del embarazo al menos en las tres circunstancias establecidas en los estándares internacionales.

“Lamentamos que la penalización del aborto se mantenga en el proyecto de ley como un delito grave a pesar de las recomendaciones del Examen Periódico Universal de la ONU y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como del Comité contra la Tortura”.

Cualquier mujer o niña culpable de violar la ley sobre  aborto podría ser encarcelada por seis años.

“Negar a las mujeres y niñas el acceso a servicios de aborto seguro en casos de riesgo para la salud de la mujer o niña embarazada, violación o incesto, o inviabilidad del feto causa un sufrimiento físico y psicológico excesivo e irreversible a muchas mujeres y niñas. Es también la forma más flagrante de instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y de negación de su autonomía “, agregaron.

“Negar el acceso a esos servicios de salud viola los derechos de las mujeres y  niñas a ser protegidas contra la discriminación y la violencia basada en el género, así como contra  la tortura y los malos tratos”, dijeron.

“También observamos con profunda preocupación que la distribución y venta de anticoncepción de emergencia fue prohibida por decreto en abril de 2009. Lamentamos la falta de políticas públicas para la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente en materia de planificación familiar. “

Criminalizar la interrupción del embarazo no reduce las tasas de aborto; Al contrario, es probable que más mujeres recurran a soluciones clandestinas y peligrosas. Los países en los que las mujeres tienen acceso a la interrupción del embarazo, a información y a todos los métodos anticonceptivos son los que tienen las tasas más bajas de aborto, como lo confirman datos de la Organización Mundial de la Salud.

“Las mujeres que viven en situaciones de pobreza y exclusión social tienen más probabilidades de ser víctimas de abortos inseguros, en contravención de la obligación del Estado de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de la mujer a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva”, según la/os experta/os. “Esperamos que la/os legisladora/es no permitan que la influencia de los grupos conservadores y fundamentalistas perpetúe el actual estancamiento legislativo”, concluyeron.

(*) La/os experta/os: la Sra. Alda Facio, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, el Sr. Dainius  Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; y la Sra. Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

ONU Derechos Humanos, página de país: Honduras

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