Expertos de Naciones Unidas piden nuevas normas internacionales sobre empresas militares y de seguridad privadas

GINEBRA (15 de septiembre de 2017) – Un grupo de expertos de las Naciones Unidas  solicitó a los Estados Miembros la creación de un instrumento amplio y jurídicamente vinculante con el fin de regular a las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP).

Este llamamiento del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios se produce después de que un estudio mundial de cuatro años haya verificado que las legislaciones nacionales actuales no son ni bastante sólidas ni suficientemente coherentes para abordar con solvencia esta cuestión.

“En nuestro estudio mundial, que cubre 60 Estados de todas las regiones del mundo, se explica que, en las reglamentaciones nacionales que regulan el sector hay más lagunas legales que prácticas idóneas”, explicó el Sr. Gabor Rona, que coordina el Grupo de Trabajo, durante su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

“Se trata de un sector en auge en el que es habitual el recurso a la fuerza, con frecuencia en situaciones de conflicto, en las que la autoridad del Estado es débil y donde se pone a prueba el Estado de derecho”, añadió. En este estudio mundial se observa que los Estados abordan la regulación de estas empresas privadas de manera desigual y poco coherente.”

En conflictos ya pasados, algunos contratistas perpetraron graves y frecuentes violaciones de derechos humanos, probablemente porque no habían recibido la capacitación adecuada, no habían sido objeto de la necesaria evaluación y tampoco respondían a una cadena de mando militar. Esta falta de normas sólidas abre la vía a los crímenes de guerra y a otras infracciones del derecho internacional e impide que las víctimas puedan obtener la debida reparación.

“Nuestra principal fuente de preocupación no es que las operaciones de las EMSP sean legales, sino que el sector no disponga de marcos jurídicos sólidos que actúen como mecanismos de protección ante posibles violaciones de los derechos humanos,” explicó el Sr. Rona. “Cuando ocurre este tipo de infracciones es fundamental llevar a los autores ante la justicia y proporcionar a las víctimas reparaciones eficaces”.

El Grupo de Trabajo ha hecho varios llamamientos para que se elaboren instrumentos jurídicos internacionales vinculantes que regulen cuestiones como las actividades extraterritoriales de estas empresas y exijan que el personal de las EMSP reciba formación en lo tocante a la normativa sobre derechos humanos y derecho humanitario.

 “Al tratarse de un sector cuyas empresas operan a menudo fuera de sus fronteras, un instrumento internacional de este tipo serviría para generar obligaciones firmes y homogéneas, tanto para los Estados como para las EMSP”, explicó el Sr. Rona.

El Grupo de Trabajo reconoció los aspectos positivos de diversas iniciativas como el ">Documento de Montreux y el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, pero advirtió de que el primero sólo se aplica en situaciones de conflicto armado y el segundo es una iniciativa voluntaria que no establece ni mecanismos de rendición de cuentas ni la obligación de indemnizar a las víctimas.

El Sr. Rona presentó también las conclusiones del Grupo de Trabajo tras la visita realizada el pasado año a la República Centroafricana (A/HRC/36/47/Add.1), en las que se insta a la vigilancia frente a mercenarios y combatientes extranjeros que hayan cometido violaciones de derechos humanos durante los conflictos armados de 2003 y 2013, e incluso con posterioridad a ellos.

El grupo destacó que la mayoría de los mercenarios y combatientes extranjeros procede de países vecinos, que entraron a la RCA por fronteras poco vigiladas y que, al haberse unido a numerosos grupos armados, suponen una amenaza continua para la estabilidad del país. El Grupo insistió la importancia de lograr una cooperación regional sólida para resolver este problema.

El Grupo de Trabajo exhortó al gobierno y sus socios internacionales a que den prioridad a la protección de los civiles y lleven ante la justicia a los responsables, en concreto a los mercenarios y combatientes extranjeros que hayan cometido violaciones de derechos humanos, en cualquiera de los bandos, durante los pasados conflictos.

El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación fue creado en julio de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos. En marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por un periodo de tres años. El Grupo está compuesto por cinco expertos independientes de diversas regiones del mundo. El Presidente-Relator es el Sr. Gabor Rona (Estados Unidos de América). Otros miembros son la Sra. Elżbieta Karska (Polonia),  la Sra. Patricia Arias (Chile), el Sr. Anton Katz (Sudáfrica), y el Sr. Saeed Mokbil (Yemen)

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos de investigación y seguimiento del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no forman parte del personal de las Naciones Unidas y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y desempeñan sus funciones a título individual.

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