República Centroafricana: Informes de las Naciones Unidas detallan graves violaciones, algunas de las cuales posiblemente constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

GINEBRA (25 de julio de 2022) - La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó hoy dos informes sobre sucesos sumamente preocupantes que han ocurrido recientemente en la República Centroafricana.    Uno de ellos detalla un ataque brutal y organizado contra un pueblo por parte de una milicia progubernamental, mientras que el segundo describe cómo grupos armados concretos han perpetrado actos recurrentes de violencia sexual de una forma sistemática y extendida.  

Ambos informes se basan en investigaciones realizadas por la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas Multidimensional e Integrada de Mantenimiento de la Paz en la República Centroafricana (MINUSCA).

El primer informe describe cómo una milicia compuesta por combatientes que formaban parte anteriormente de una milicia conocida como los «Anti-Balaka» llevaron a cabo un ataque contra el pueblo de Boyo en la Prefectura de Ouaka del 6 al 13 de diciembre de 2021.  El informe concluye que al menos 20 civiles resutaron asesinados, cinco mujeres y niñas violadas, cerca de 547 casas incendiadas y saqueadas, y más de 1.000 habitantes obligados a huir.

La milicia usó machetes en su ataque contra los habitantes desarmados.   También retuvieron a varios cientos de civiles durante tres días en la mezquita del pueblo mientras les amenazaban con matarles.  El ataque fue aparentemente ejecutado para atacar y castigar a la comunidad musulmana de Boyo, la cual se consideraba que apoyaba al Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), un grupo armado que participa en combates contra el Gobierno. 

El ataque en Boyo es uno de los primeros ejemplos en el conflicto armado de larga duración donde el Gobierno, juntamente con miembros de empresas militares privadas, aparentemente entrenó y armó a jóvenes reclutados localmente y creó milicias para entrar en pueblos bajo el control de grupos armados.  Gracias a su conocimiento de la zona, los combatientes reclutados localmente, entrenados e instruidos por miembros de las fuerzas armadas de la República Centroafricana y por contratistas militares privados extranjeros, consiguieron llegar al remoto pueblo de Boyo a pie e identificar a sus víctimas, afirma el informe.

«Condeno enérgicamente estos terribles actos.  El Gobierno debe acabar con todas las violaciones, ya se cometan por sus propias fuerzas, por milicias progubernamentales afiliadas, o por contratistas militares privados extranjeros, así como exigir responsabilidades a todos los que hayan participado de forma directa e indirecta,» declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

Basándose en numerosos relatos de testigos, el informe identifica a anteriores «jefes de zona» Anti-Balaka de la región como responsables de la mayor parte de los incidentes documentados.

El informe concluye que los actos perpetrados en Boyo pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

“Ya que estos miembros son antiguos combatientes de varios grupos armados o Anti-Balaka, las posibles consecuencias para la convivencia pacífica de las comunidades en la República Centroafricana son sumamente preocupantes,» aseguró Hanan Talbi, directora de la División de Derechos Humanos de MINUSCA.

El segundo informe  se basa en cuatro misiones de investigación en las prefecturas de Mbomou y Haute-Kotto, así como en la labor periódica de vigilancia y publicación de informes que realiza la División de Derechos Humanos.  El informe detalla violencia sexual relacionada con el conflicto cometida desde diciembre de 2020 hasta principios de marzo de 2022 por parte de miembros del Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) y del UPC, ambos afiliados a la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC).

La CPC está compuesta por seis grupos armados que firmaron el acuerdo de paz del 6 de febrero de 2019 (Accord politique pour la paix et la reconciliation en Centrafrique), pero quienes con posteridad renegaron del mismo, decidiendo boicotear de forma violenta las elecciones del 27 de diciembre de 2020 e intentar tomar el poder por la fuerza.

La CPC consiguió el control de varias regiones, incluyendo las prefecturas de Mbomou y Haute-Kotto, una región rica en recursos naturales como uranio, oro y diamantes, en donde cometieron abusos flagrantes de derechos humanos y violaciones graves del derecho humanitario internacional, en concreto de violencia sexual.

«Los casos de violencia sexual documentados por MINUSCA en las prefecturas de Mbomou y Haute-Kotto confirman que el FPRC y el USP cometieron violencia sexual relacionada con el conflicto de una forma sistemática y extendida,» señala el informe.  MINUSCA sigue aun documentando casos en regiones bajo el control de estos grupos armados, lo que indica que este patrón de violencia sigue produciéndose.

Conforme con la información reunida durante el período que abarca el informe, 245 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual.  La mayoría de las víctimas, con edades entre los 8 y los 55 años, sufrieron violaciones en grupo.  Algunos de los hechos más graves de violencia se cometieron en la ciudad de Bakouma, en la prefectura de Mbomou, la cual estuvo bajo el control de grupos armados hasta mayo de 2021.

Las víctimas fueron violadas cuando entraban en el bosque o iban al mercado a buscar comida, explica el informe.   Grupos armados del FPRC iban también a la búsqueda de mujeres jóvenes y de niñas a sus hogares y se las llevaban a sus bases, donde eran violadas o violadas en grupo.  Algunas de las víctimas fueron liberadas pero otras fueron retenidas como esclavas sexuales y violadas de forma repetida durante días.

«Este nivel sin precedente de violencia sexual en la República Centroafricana es sobrecogedor y desgarrador,» declaró la Alta Comisionada.

«Las historias brutales que oímos en boca de víctimas de esclavitud sexual y violencia sexual detallan crímenes que no deberían haber ocurrido nunca.  Lo más alarmante no obstante, es que no solamente tuvieron lugar en el pasado sino que siguen cometiéndose. Estas atrocidades son totalmente inaceptables y deben acabar de forma inmediata,» afirmó Bachelet, a la vez que instó al gobierno de la República Centroafricana a adoptar pasos urgentes, en pleno cumplimiento con el derecho internacional, para recuperar el control sobre todo el territorio y para restablecer la autoridad del Estado con arreglo al estado de derecho.  La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció y alabó los pasos adoptados por las autoridades judiciales y otras instituciones del Estado para investigar estas acusaciones, a la vez que recalcó la importancia de asegurar que todos los autores responden por sus actos y así acabar con el ciclo de impunidad.

Ambos informes contienen una serie de recomendaciones, que incluyen exigir a los grupos armados que detengan todos los ataques y represalias contra la población civil, incluyendo los actos de violencia sexual, y a deponer las armas y recuperar el proceso de paz como único camino viable para lograr una paz sostenible y la reconciliación en la República Centroafricana.  También solicitan al gobierno que implante medidas concretas y efectivas para proteger a los civiles y prevenir futuras violaciones y abusos de derechos humanos en zonas afectadas por violencia y por el conflicto armado. 

FIN

Lea el informe completo sobre Boyo (en francés) aquí: https://www.ohchr.org/fr/documents/country-reports/rapport-denquete-sur-lattaque-de-boyo-prefecture-de-la-ouaka-du-6-au-13

Lea el informe completo sobre Bakouma (en francés) aquí: https://www.ohchr.org/fr/documents/country-reports/rapport-sur-les-violences-sexuelles-liees-aux-conflits-commises-par-le