Nicaragua: Expertos/as de la ONU denuncian el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil

GINEBRA (29 julio 2022) – El cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en activistas y personas defensoras de derechos humanos en todo el país, alertaron expertos/as de la ONU* hoy.

En una carta (*) dirigida al Gobierno nicaragüense el lunes, las y los expertos de la ONU aseguraron que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un claro patrón de represión del espacio cívico.”

Las y los expertos se hicieron eco de una declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de principios de año, respecto a la represión de la sociedad civil en Nicaragua.

Además, expresaron conmoción sobre el alcance de las clausuras por parte de la Asamblea Nacional a petición del Gobierno. Contabilizaron el cierre de más de 700 organizaciones, 487 de ellas solo en el mes pasado.

Si bien el cierre del espacio cívico se ha observado desde la crisis de 2018, el cierre de organizaciones se ha acelerado como consecuencia de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL) que entró en vigor recientemente.

En anticipación a la entrada en vigor de la Ley OSFL, las y los expertos proveyeron su análisis legal y expresaron sus preocupaciones. En particular, la Ley OSFL impone amplios procedimientos administrativos y de registro, la divulgación de los datos de beneficiarios/as, y limita significativamente el financiamiento externo. Hasta ahora, las y los expertos no han recibido una respuesta a sus observaciones.

“Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes anti-terroristas y anti-lavado de dinero para restringir innecesaria- y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales,” dijeron las y los expertos, haciendo referencia a una tendencia mundial.

Detallaron que las clausuras no solo afectaron organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas que trabajan para los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, sino también aquellas que promueven valores democráticos y que luchan contra los efectos negativos del cambio climático.

Las clausuras también afectan asociaciones que proveen ayuda humanitaria y servicios médicos, así como instituciones educativas, culturales y artísticas, y fundaciones religiosas.

“Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización que dependen de estos servicios para su supervivencia, por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños/as y jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo,” dijeron las y los expertos.

Las y los expertos de la ONU expresaron preocupación sobre el efecto disuasivo que estas clausuras tienen sobre actores de la sociedad civil. Cientos de activistas ya han huido el país para buscar refugio en Estados vecinos dado el riesgo de represalias, agregaron.

“Instamos al Estado a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático,” dijeron las y los expertos.