GINEBRA (19 de abril de 2024) - El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk advirtió hoy que la intensificación de los combates en el Estado de Rakhine entre los militares y el Ejército de Arakan, a lo que se suma las tensiones que se están alimentando entre los Rohingya y las comunidades étnicas de Rakhine, supone una grave amenaza para la población civil. Türk alertó del grave riesgo de que se vuelvan a repetir atrocidades pasadas.

Desde que el pasado noviembre se rompiera el alto el fuego informal de un año de duración sostenido entre las dos partes del conflicto, 15 de los 17 municipios de Rakhine han resultado afectados por los combates, lo que ha arrojado cientos de muertes y lesiones, además de llevar la cifra de desplazados a más de 300.000.

"El Estado de Rakhine se ha convertido una vez más en un campo de batalla en el que intervienen numerosos actores, cuya consecuencia es el alto precio que han de pagar los civiles, siendo los Rohingya los que corren mayor peligro," afirmó el Alto Comisionado.  "Lo que resulta especialmente alarmante es que mientras que en 2017 los Rohingya sufrieron los ataques de un solo grupo, ahora se encuentran atrapados entre dos facciones armadas que arrastran un historial de asesinatos de Rohingya.  No debemos permitir que los Rohingya vuelvan a ser el objetivo de ataques."

Los militares han venido perdiendo terreno rápidamente ante el Ejército de Arakan (AA, según siglas en inglés) a lo largo de todas las zonas de Rakhine septentrional y central.  Esto ha llevado a una intensificación de los combates en los municipios de Buthidaung y Maungdaw, a la vez que se espera que se desarrolle una batalla por el poder de la capital del Estado de Rakhine, Sittwe.  Estos dos municipios son el hogar de grandes poblaciones de Rohingya, lo que les expone a un mayor riesgo.

"Ante el temor a resultar derrotados, los militares han comenzado de forma escandalosa a reclutar por la fuerza, sobornar y coaccionar a los Rohingya para que se unan a sus filas.  Resulta inadmisible que los Rohingya hayan de padecer ahora estos actos, dado los deleznables sucesos que ocurrieron hace seis años, además de la persistente discriminación extrema que sufren los Rohingya, y que incluye la denegación de ciudadanía," denunció Türk.

Algunos informes indican que los militares están obligando a los Rohingya reclutados o a aldeanos a incendiar viviendas, edificios o pueblos pertenecientes a grupos étnicos de Rakhine.  Los habitantes de comunidades étnicas de Rakhine han respondido aparentemente incendiando por su parte pueblos Rohingya.  La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está intentando verificar todos los informes que ha recibido, una tarea que se vuelve aun más complicada debido al apagón de comunicaciones que existe en todo el Estado.

Türk alertó también de que la desinformación y la propaganda campan por todo el país, que alegan que "terroristas islámicos" han tomado a hindúes y budistas como rehenes.  "Se trata del mismo tipo de narrativa basada en el odio que desató la violencia entre comunidades en 2012, así como los terribles ataques que se sucedieron contra los Rohingya en 2017," añadió.

Desde comienzos de año, el AA se ha posicionado dentro o alrededor de pueblos Rohingya invitando en la práctica a cometer ataques militares contra civiles Rohingya.

El 15 de abril, la oficina y la farmacia pertenecientes a Médecins Sans Frontières fueron destruidas por el fuego en Buthidaung, junto con 200 viviendas.  Cientos de personas han huido y han encontrado aparentemente refugio en un instituto, en los terrenos de un antiguo hospital, además de en carreteras en la ciudad de Buthidaung.  Al ser cerrados los dos hospitales de Maungdaw y Buthidaung por los militares en marzo y con la intensificación del conflicto, no queda en la práctica ningún centro donde recibir tratamiento médico en Rakhine septentrional.

"Las alarmas han comenzado a sonar, por lo que no debemos permitir que se repitan los acontecimientos del pasado," señaló Türk.  "Los países con influencia sobre el poder militar y los grupos armados de Myanmar deben tomar medidas de inmediato con el fin de proteger a todos los civiles del Estado de Rakhine e impedir de ese modo que ocurra otro episodio de persecución bárbara del pueblo Rohingya."