Informe de Naciones Unidas: El uso por parte de Israel de bombardeos intensos en Gaza plantea serias dudas conforme con las leyes de la guerra

GINEBRA (19 de junio de 2024) - La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó hoy una evaluación sobre seis ataques representativos lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, según siglas en inglés) en Gaza el año pasado, los cuales condujeron a una cifra elevada de víctimas civiles y a una destrucción generalizada de objetos de carácter civil, lo que plantea serias dudas según las leyes de la guerra sobre si se respetaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en los ataques.

El informe detalla seis ataques representativos que incluyeron el supuesto uso de bombas de tipo GBU-31 (900 kilos), GBU-32 (450 kilos) y GBU-39 (115 kilos) desde el 9 de octubre al 2 de diciembre de 2023 contra edificios residenciales, una escuela, campamentos de refugiados y un mercado.   La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas verificó 218 muertes a raíz de estos seis ataques, y declaró que la información recibida daba a entender que el número de víctimas mortales podría ser mucho más elevado.

«La obligación de seleccionar medios y métodos de guerra que eviten o al menos que minimicen en la mayor medida posible los daños para la población civil parece haber sido violada repetidamente en la campaña de bombardeos por parte de Israel,» declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk.

El informe concluye que la serie de ataques por parte de Israel, como queda ilustrado en los seis incidentes, indica que las IDF pueden haber violado de forma continua principios fundamentales de las leyes de la guerra.  En esta línea, el informe advierte que los ataques ilícitos, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, siguiendo una política de un Estado u organización, puede también suponer la comisión de crímenes de lesa humanidad.

«Las opciones que Israel ha elegido en cuanto a métodos y medios de llevar a cabo las hostilidades en Gaza desde el 7 de octubre, incluyendo mediante el uso generalizado de armas explosivas con efectos en zonas amplias en zonas densamente pobladas, no ha garantizado que distingan en la práctica entre civiles y combatientes.

«Las vidas e infraestructura civiles están protegidas conforme al derecho internacional humanitario.  Este derecho establece las obligaciones muy claras de las partes en conflictos armados de dar prioridad a la protección de la población civil.»

El 11 de noviembre de 2023, las IDF declararon que desde que comenzara su operación en Gaza, las Fuerzas Aéreas habían «atacado más de 5.000 objetivos con el fin de eliminar amenazas a tiempo real». En esa fecha el Ministerio de Salud en Gaza había documentado la muerte de 11.078 personas palestinas, con otras 2.700 desaparecidas y cerca de 27.490 heridas.

Durante las fechas aproximadas de estos ataques un portavoz de las IDF había aparentemente declarado que «a la vez que intentamos equilibrar la precisión con la magnitud de los daños, ahora mismo estamos centrados en causar el máximo daño posible.» Otro mando de las IDF había supuestamente usado estas palabras «Hamas y los residentes de Gaza» son «bestias con aspecto humano» y serán «tratadas como corresponde. Israel ha impuesto un bloqueo total sobre Gaza. Sin electricidad ni agua, solo destrucción. Queríais el infierno, pues tendréis el infierno.»

A la vez que el foco de atención del informe es Israel, el informe también destaca que grupos armados palestinos han continuado lanzando de forma indiscriminada proyectiles contra Israel, lo que es incompatible con sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario. El informe también subraya la obligación de proteger a los civiles y los objetos de carácter civil evitando ubicar objetivos militares en o cerca de zonas densamente pobladas.

En uno de los seis ataques representativos contra Gaza, el informe señala que los ataques contra el barrio de Ash Shujaiyeh, en la Ciudad de Gaza, el 2 de diciembre de 2023, provocó destrucción a lo largo de una extensión diagonal aproximada de 130 metros, destruyendo 15 edificios y dañando a al menos otros 14. La extensión del daño y los cráteres visibles a través de pruebas visuales verificadas y de imágenes por satélite indica que se utilizaron aproximadamente nueve GBU-31s, añadía el informe. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió información de que habían resultado muertas al menos 60 personas.

Los modelos GBU-31, 32 y 39 se usan principalmente para poder penetrar a través de varios pisos de cemento y pueden llegar a derrumbar en su totalidad estructuras de gran altura. Dado lo densamente pobladas que están las zonas atacadas, el uso de un arma explosiva con efectos sobre una zona tan amplia tiene muchas probabilidades de convertirse en un ataque indiscriminado prohibido, según concluye el informe. Es imposible limitar los efectos de estas armas sobre estas zonas tal como exige el derecho internacional, lo que da como resultado que sean atacados objetivos militares, civiles y objetos civiles sin hacer distinción alguna entre ellos, añade también el informe.

El informe también indica que en cinco de los ataques no se emitió ningún mensaje de aviso, lo que suscita dudas con respecto a si existieron posibles violaciones del principio de precaución necesario para proteger a la población civil en ataques.

En tres de los ataques, las IDF afirmaron que habían dirigido sus ataques contra personas vinculadas a los ataques cometidos en Israel el 7 y 8 de octubre de 2023.  Tal como recoge el informe, la mera presencia de un comandante, o incluso de varios combatientes, o de distintos objetivos militares en una zona, no convierte a un barrio entero en un objetivo militar, ya que este hecho violaría el principio de proporcionalidad y la prohibición de ataques indiscriminados.

«A la vez que las IDF aseguran que ha puesto en marcha evaluaciones objetivas de la mayoría de los incidentes que se analizan en el informe, ya han pasado ocho meses desde que ocurriera el primero de estos incidentes de tanta gravedad.  A pesar de esto, no queda claro qué ocurrió ni tampoco se ha adoptado paso alguno hacia la exigencia de responsabilidades,» se lamentó el Alto Comisionado.

«Hago un llamamiento a Israel a hacer públicas conclusiones detalladas sobre estos incidentes. Israel debe llevar a cabo asimismo investigaciones minuciosas e independientes sobre todos estos incidentes y otros similares con vistas a identificar a los responsables de violaciones, exigiéndoles responsabilidades y garantizando los derechos a la verdad, la justicia y a reparaciones a todas las víctimas.»