Relator Especial sobre el derecho de toda persona a la salud física y mental

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Relator Especial sobre el derecho de toda persona a la salud física y mental

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Acerca de los Procedimientos Especiales

Esta sección contiene una lista no exhaustiva de cuestiones y referencias extraídas del trabajo del mandato en áreas consideradas de especial interés:

La salud mundial en la agenda de desarrollo post-2015

Las tasas actuales de enfermedades y muertes evitables entre los recién nacidos, los niños menores de 5 años y los adultos siguen siendo inaceptablemente altas. La cobertura sanitaria universal sigue siendo un sueño para muchos. La realización del derecho a la salud se ve obstaculizada por muchos factores, y la mayoría de ellos están relacionados con las desigualdades y los enfoques selectivos de los principios de derechos humanos y las pruebas científicas existentes. Esto puede y debe abordarse con el firme compromiso de los Estados y los esfuerzos concertados de todas las partes interesadas.

En la agenda post-2015, el marco del derecho a la salud puede ser una herramienta analítica y operativa útil y poderosa para la transición hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser decisivos para la realización efectiva y holística del derecho a la salud, si los derechos humanos se incorporan efectivamente en su conceptualización (A/HRC/29/33, 2015).

Véase el informe del Relator Especial a la Asamblea General en 2016 sobre el derecho a la salud y la Agenda 2030.

Véase también:

El derecho a la salud y las políticas públicas

Es necesario reforzar la atención primaria como piedra angular de la medicina moderna y la salud pública. Sin una infraestructura bien establecida de atención primaria, todos los logros de la ciencia moderna y la práctica de la medicina podrían verse comprometidos y mal utilizados.

Cuando los responsables de las políticas sanitarias deciden dar prioridad a los servicios especializados, éstos tienden a funcionar sin las necesarias garantías éticas y de derechos humanos. Esto conduce a barreras en el acceso a los servicios para las personas y grupos que tienen más necesidades de salud, o al uso ineficaz de esos servicios, o ambas cosas.

La atención primaria y el enfoque moderno de la salud pública suelen perder la batalla por los recursos frente al modelo biomédico y los programas verticales de tratamiento de enfermedades a través de la atención sanitaria especializada.

La asignación de recursos a la atención sanitaria especializada puede reforzar las asimetrías de poder y los desequilibrios de financiación, ya que la balanza suele inclinarse a favor de grupos poderosos que representan intereses creados en el sector sanitario y la industria.

Los Estados, a la hora de cumplir con su obligación de proteger, respetar y hacer realidad el disfrute del derecho a la salud, deben ser conscientes de esas asimetrías de poder y estar dispuestos a abordarlas. De no ser así, estos desequilibrios pueden dar lugar a prácticas corruptas y a una mala gestión de los principios de la ética médica y la economía de la salud, lo que se traduce en resultados negativos para la salud pública. Los Estados también deben proporcionar mecanismos de control independiente, que son fundamentales para garantizar la responsabilidad. (A/HRC/29/33, 2015)

Más sobre la corrupción y el derecho a la salud

Véase también:

La violencia como principal obstáculo para la realización del derecho a la salud

La protección contra todas las formas de violencia es una cuestión transversal en la realización del derecho a la salud. La violencia debe abordarse de forma integral y proactiva, no sólo como causa de graves violaciones de los derechos humanos, sino también como consecuencia de la falta de voluntad política para invertir efectivamente en los derechos humanos, incluido el derecho a la salud.

No fue hasta finales del siglo XX cuando se empezó a comprender suficientemente la estrecha relación entre la violencia y la salud.  Desde entonces, se ha documentado la carga de la violencia y se ha evaluado la eficacia de los programas, prestando especial atención a las mujeres y los niños y a las iniciativas comunitarias.

La violencia es dañina y perjudicial para la salud y el desarrollo de los seres humanos, empezando por los más pequeños. Las diferentes formas de violencia, incluida la violencia colectiva, no se originan en el vacío. La violencia tiene sus raíces en las relaciones insanas entre los individuos, y se ve reforzada por la falta de promoción y protección de las relaciones humanas de calidad, empezando por las relaciones entre los bebés y sus cuidadores principales (véase el informe de 2015 A/HRC/29/33).

Para más información sobre este tema, visite la página web página del informe, o ver el informe sobre el derecho a la salud y la Agenda 2030, presentado a la Asamblea General en 2016.

Ver también:

El enfoque del ciclo vital del derecho a la salud

El Relator Especial cree que un enfoque del ciclo vital del derecho a la salud puede ser un método para identificar los elementos críticos en la reducción de las muertes evitables y la mejora de los indicadores de salud, el bienestar y la calidad de vida.

Este enfoque ayuda a identificar los retos y las oportunidades para la plena realización del derecho a la salud. Es durante algunas etapas importantes del curso de la vida cuando el derecho a la salud debe ser particularmente protegido, ya que durante esas etapas hay un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud.

Por otro lado, las intervenciones durante esas etapas críticas de la vida abren nuevas oportunidades y ofrecen nuevos factores de protección de la salud. El enfoque del ciclo vital puede ayudar a prevenir las enfermedades crónicas en la vida adulta mediante la protección eficaz de los niños frente a las adversidades de la primera infancia (A/HRC/29/33, 2015).

En las páginas de informes encontrará informes sobre el derecho a la salud en la primera infancia (A/70/213) y sobre el derecho a la salud de los adolescentes (A/HRC/32/32).

El papel de las partes interesadas: participación y capacitación

La participación activa e informada de todas las partes interesadas es un elemento clave del marco analítico del derecho a la salud.

La participación significativa de todos los actores, en particular de la sociedad civil, y el empoderamiento de quienes utilizan los servicios relacionados con la salud, especialmente los pobres y otros grupos en situación de vulnerabilidad, son cruciales para la plena realización del disfrute por parte de todos del derecho a la salud y otros derechos.

La sociedad civil desempeña un papel clave como agente de cambio, defiende las buenas prácticas, proporciona una supervisión independiente y, en muchos casos, presta los servicios necesarios. Las asociaciones de confianza entre los organismos gubernamentales, los servicios sanitarios estatales y el sector no lucrativo, incluida la sociedad civil, constituyen una de las piedras angulares de los sistemas sanitarios eficaces y actúan como garantía de la realización efectiva de los derechos humanos relacionados con la salud.

Los médicos y otros profesionales de la salud también desempeñan un papel crucial. Con el cambio de paradigma que se está produciendo, de una medicina paternalista de arriba abajo a una asociación entre proveedores y usuarios de servicios sanitarios, la profesión médica debería reconsiderar algunos de sus puntos de vista tradicionales. La educación en el sector sanitario es un elemento importante en este sentido. Los médicos modernos deben ser no sólo buenos clínicos, sino también líderes comunitarios eficaces, comunicadores, responsables de la toma de decisiones y gestores (A/HRC/29/33, 2015).

Véase el informe del Relator Especial a la Asamblea General en 2019 sobre un enfoque de la formación del personal sanitario basado en los derechos humanos o ir a la página del informe.

Sistemas de salud y financiación sanitaria

En el centro del derecho al más alto nivel posible de salud se encuentra un sistema sanitario eficaz e integrado, que abarque la atención sanitaria y los determinantes subyacentes de la salud, que responda a las prioridades nacionales y locales y que sea accesible para todos. Un sistema sanitario fuerte es un elemento esencial de una sociedad sana y equitativa. El enfoque del derecho a la salud ayuda a fortalecer los sistemas sanitarios del mismo modo que el derecho a un juicio justo ayuda a fortalecer los sistemas judiciales (A/HRC/7/11, 2008 y E/CN.4/2006/48, 2006).

Los principios plasmados en los hitos del desarrollo de los sistemas sanitarios - la Declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud (1978), el Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986), y la Declaración de Astana sobre la atención primaria de salud (2018) - siguen siendo relevantes hoy en día. Sin embargo, los sistemas sanitarios de muchos países están fallando.

La plena realización del derecho a la salud depende de la disponibilidad de una financiación adecuada, equitativa y sostenible para la salud, a nivel nacional e internacional.

Los Estados tienen la obligación de:

  • garantizar una financiación nacional adecuada, equitativa y sostenible para la salud, en particular, garantizar que se disponga de fondos suficientes para la salud y dar prioridad a la financiación de la salud en los presupuestos nacionales;
  • garantizar una asignación equitativa de los fondos y recursos sanitarios; y
  • cooperar a nivel internacional para garantizar la disponibilidad de una financiación internacional sostenible para la salud. 

El panorama actual de la financiación sanitaria se caracteriza por la persistencia de los déficits y los retos recurrentes en la financiación de los sistemas sanitarios en todo el mundo (A/67/302, 2012).

Todos los elementos clave de los sistemas sanitarios deben estar equilibrados. Eso incluye las relaciones entre los aspectos curativos y preventivos de la asistencia sanitaria, de modo que las asimetrías de poder no debiliten la atención primaria y la medicina preventiva (A/HRC/29/33, 2015).

Ver el informe A/HRC/4/28 (2007) sobre la salud y el movimiento de los derechos humanos, y el papel del personal sanitario; e informar A/HRC/29/33 sobre el papel de las partes interesadas.

Ver también:

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