Alta Comisionada Adjunta: sistemas de cuidado y apoyo basados en los derechos humanos para impulsar el desarrollo sostenible

Excelencias,

Delegados y delegadas,

colegas, amigos y amigas,

Los sistemas integrales de cuidado y apoyo suponen los cimientos para el bienestar de las personas, las sociedades, las economías y los ecosistemas.

A pesar de esto, los sistemas actuales de cuidado suelen explotar el trabajo que realizan mujeres y niñas a la vez que niegan la dignidad, autonomía, e inclusión de las personas que reciben esos cuidados y apoyo.

Son un motor y el resultado de la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Hace más de un año, nuestro Alto Comisionado hizo un llamamiento en favor de sistemas de cuidado y apoyo con base en los derechos humanos, como instrumentos clave para lograr el desarrollo sostenible.   

Desde entonces, se han conseguido considerables avances, demostrando el reconocimiento al alza del cuidado y el apoyo como una cuestión de derechos humanos.

La Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, y ECOSOC aprobaron resoluciones que reconocen la necesidad de crear sistemas de apoyo y cuidado que sean sensibles a la cuestión de género, inclusivos con las personas con discapacidad y que respondan a las consideraciones de la edad, con pleno respeto por los derechos humanos.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Conferencia Internacional del Trabajo debatieron la «economía asistencial» y su relación con los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos está deliberando su opinión consultiva sobre lo que se entiende como «un derecho humano a la asistencia».

Nuestra Oficina ha contribuido al desarrollo de una orientación normativa válida para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la transformación de los sistemas asistenciales para promocionar la igualdad de género, los derechos humanos, y el desarrollo sostenible, la cual se publicará el 19 de julio.  

El nuevo Plan de Gestión de nuestra Oficina incluye como uno de sus puntos principales el prestar apoyo a los Estados para que adopten y pongan en práctica sistemas de cuidado y apoyo basados en los derechos humanos.

Con el fin de seguir progresando en los objetivos del plan de cuidado y apoyo, hemos de llevar a cabo tres cambios de primer orden.

En primer lugar, hemos de superar una falsa dicotomía en la cual se percibe a determinadas personas solamente como cuidadores o cuidadoras y a otras personas solamente como receptoras de cuidado y apoyo.

Una mujer con una discapacidad nos contó que con el apoyo que ella recibió de su familia para poder continuar con su educación, ahora ella es capaz de mantener a su familia, cuida de sus hijos, y apoya y sirve de consejera para otras mujeres con discapacidades.

Asimismo, mujeres migrantes que ocupan el puesto de trabajadoras domésticas, y que son consideradas principalmente como personal encargado de ofrecer cuidados, cuando son ellas las que necesitan recibir cuidados, por ejemplo, durante un período de embarazo, no se les concede protección por maternidad o, lo que es peor, son despedidas o deportadas.

Todos nosotros y nosotras podemos ser proveedores y receptores de cuidados y apoyo. Los sistemas de cuidado y apoyo deben ser capaces de atender a los derechos de ambos.

En segundo lugar, los sistemas de cuidado y apoyo basados en los derechos humanos deben integrar toda la normativa y estándares de derechos humanos.

Deben proteger los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidades, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores, en toda su diversidad, a la hora de recibir cuidados y apoyo.

Esto exige acabar con la mentalidad de compartimentos aislados y aplicar una amplia gama de derechos humanos y normativas laborales internacionales a los sistemas de cuidado y apoyo de un modo consolidado y armonizado.

En tercer lugar, debemos preparar nuestra economía para este fin.

La transformación de los sistemas de cuidado y apoyo requieren de cierta inversión: los derechos humanos pueden servir de guía para dar prioridad a estas inversiones poniendo el foco de atención en los más marginados.

Una evaluación con base en los derechos humanos permite aprovechar las inversiones públicas para dirigirlas hacia servicios sensibles a las cuestiones de género, discapacidad y edad, a hacer infraestructuras accesibles, y a ofrecer empleos decentes, en lugar de replicar servicios ya existentes los cuales explotan a los trabajadores y trabajadoras de cuidados asistenciales e institucionalizan a los receptores de estos servicios.

De forma colectiva, tenemos que transformar nuestros sistemas económicos hacia el objetivo de hacer realidad una economía de derechos humanos que sitúe a las personas y al planeta en el centro de sus esfuerzos.

Nuestra Oficina está preparada para trabajar con todos los interesados y poder ejecutar así este cambio transformador.