Crisis y fragilidad de la democracia en el mundo

Sesión: Estado de la democracia y los derechos humanos en el mundo

Tengo el placer de reunirme hoy con la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas. En estos tiempos difíciles e imprevisibles, debates como el que mantenemos hoy aquí, entre socios como ustedes en la lucha por la justicia social y los derechos humanos, se tornan más imprescindibles que nunca. 

Una mirada al estado del mundo en la actualidad revela un panorama desolador. 

Justo cuando pensábamos que estábamos emergiendo lentamente de una pandemia sanitaria global, el ataque armado contra Ucrania, y sus consecuencias socio-económicas en el mundo entero, nos han traído una inestabilidad aun más profunda. 

Una crisis global alimentaria, de combustible y financiera corre el riesgo de conducir a millones de personas a la inseguridad alimentaria y la pobreza.  1,2 mil millones de personas viven en países que están gravemente expuestos y son vulnerables a las tres dimensiones de economía, alimentos y energía, y además de forma simultánea. 

Las desigualdades entre y dentro de los propios países están disparadas, lo que pone en riesgo las recuperaciones de la COVID-19, socava los avances en la implementación de los ODS y ralentiza las medidas contra el cambio climático. 

Al mismo tiempo la polarización dentro y entre países continúa aumentando así como el debilitamiento del multilateralismo, del orden jurídico internacional, y del propio derecho internacional, con enormes consecuencias para los derechos humanos. 

La democracia se encuentra también debilitada. 

En 2021, el nivel de democracia que una persona media podía disfrutar en el mundo se había reducido a niveles de 1989¹. Esto supone que los logros democráticos conseguidas en los últimos 30 años se han reducido en su mayor parte.  El año pasado, casi un tercio de la población mundial vivía bajo regímenes autoritarios.  Además, el número de países que están oscilando hacia el autoritarismo es tres veces superior al de países que oscilan hacia la democracia. 

El declive de la democracia es especialmente evidente en Asia Central, Europa oriental y Asia Pacífico, así como en partes de América Latina y el Caribe, como se refleja en varios ataques contra el estado de derecho.  Como ejemplo, en algunos países de América Latina y el Caribe hemos observado ataques contra los órganos de gestión electoral, contra tribunales constitucionales, contra los medios de comunicación y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como el uso por los gobiernos de la COVID-19 como una excusa para reducir la supervisión de la administración pública. 

Además, la confianza en las instituciones está desapareciendo. 

Las personas se sienten ignoradas, como si la democracia no haya cumplido del todo con lo que les prometía. 

Aumentan las desigualdades conforme las mujeres, minorías, las personas mayores, y otras personas que han sido tradicionalmente marginadas, quedan aun más relegadas.  Estas exclusiones alimentan la desconfianza y el escepticismo contra las instituciones. 

Asimismo, la falta de transparencia en el proceso público de toma de decisiones, o la rendición de cuentas de funcionarios públicos o del gobierno está erosionando aun más la confianza de las personas. 

Para muchas personas, una educación cívica limitada y la ausencia de candidatos políticos viables, en especial candidatos con los que puedan identificarse los jóvenes, acrecientan sus sentimientos de alienación. 

La desinformación es utilizada como herramienta por gobiernos autocráticos para moldear la opinión dentro y fuera de sus fronteras, llegando en ocasiones a alcanzar niveles tóxicos.  Esta desinformación alimenta el discurso de odio contra los marginados y excluídos, además de debilitar nuestra humanidad compartida. 
La falta de confianza en las instituciones ha ofrecido un terreno fértil para líderes y movimientos populistas, quienes aprovechan esta oportunidad para depositar toda la culpa en «la democracia y los derechos humanos». 

Y de este modo van mermando los derechos humanos al mismo tiempo. 

Debido a esto, algunas democracias consolidadas han copiado algunas páginas del manual del gobierno autoritario, pensando que es la única manera de recuperar apoyos.  Estas imponen restricciones sobre el espacio cívico, sobre la libre expresión, sobre la libertad de los medios así como sobre otros derechos que son fundamentales para la democracia. 

Una verdadera carrera hacia el abismo. 

Y aun así, mi propósito de reunirme con ustedes aquí es también para compartir algunas noticias positivas. 
La democracia es resiliente. 

El ideal democrático persiste, un estudio reciente muestra una aprobación generalizada de la democracia representativa.²

Durante la pandemia de COVID-19, los mecanismos democráticos se adaptaron usando forman innovadoras.  Algunos países consiguieron celebrar elecciones en condiciones sumamente complicadas, por ejemplo ampliando los mecanismos para votar en ausencia o mediante procedimientos de voto por anticipado. 

Además, los movimientos sociales para luchar contra el cambio climático y contra las desigualdades raciales crecieron por todo el planeta, las personas se unieron para hacer oír sus opiniones, incluso en medio de las restricciones por la pandemia. 

Esto demuestra que las personas quieren que sus opiniones sean oídas, exigiendo sistemas económicos y sociales que funcionen para todo el mundo por igual, y que quieren influir sobre las decisiones que afectan a sus vidas.  Estas protestas suponen una expresión de los derechos humanos y los valores democráticos, y como tales deben ser respetadas y facilitadas por los gobiernos. 

Estas protestas no deben ser percibidas como una amenaza. 

Por el contrario, el permitir espacios para la participación pública es una de las vías más eficaces para que las autoridades entiendan las reivindicaciones de sus pueblos y puedan tomar decisiones mejores y más informadas.  En este punto, vuestras opiniones en las esferas democráticas para luchar por ampliar los espacios de participación de las personas, en toda su diversidad, se torna crucial. 

Esta cuestión de cómo transformar la participación para que sirva a todo el mundo, a todos los niveles, desde el local al global, es un tema clave para el futuro.  En su informe «Nuestra Agenda Común», el Secretario General de las Naciones Unidas ha reconocido este desafío que existe, mientras reclamaba nuevas iniciativas para mejorar las vías para escuchar a las personas que los Estados y las instituciones internacionales tales como las Naciones Unidas tienen la obligación de servir. 

Las demandas de derechos humanos e igualdad, de menos corrupción, de medidas concretas para atajar el cambio climático continuarán.  Y legítimamente, ya que estas son todas realidades que las verdaderas democracias pueden y deben posibilitar. 

Colegas,
Amigos,

Precisamente en este momento de incertidumbre e imprevisibilidad, debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos. 

En Nuestra Agenda Común, el Secretario General de las Naciones Unidas apeló a un «Nuevo Contrato Social», con el fin de restaurar la confianza pública y forjar un convenio más sólido entre gobiernos, las personas, la sociedad civil, las empresas y otros, basado en la igualdad de derechos y oportunidades para todos. 

Para abordar la brecha entre las expectativas de las personas y lo que los gobiernos pueden ofrecer realmente, es necesario un nuevo contrato social que se estructure mediantes debates que sean incluyentes en la sociedad. 

El atender las desigualdades, la lucha contra la corrupción y el cambio climático han de estar en el centro de esta conversación. 

El gasto social es también un aspecto vital para defender la igualdad y afianzar la democracia.  Si los presupuestos nacionales integran las obligaciones de derechos humanos de los Estados y asignan suficientes recursos para cubrir al menos niveles esenciales mínimos de derechos económicos y sociales para todos, estos podrán ser un factor poderoso para conseguir la igualdad. 

El gasto social en sectores sociales que se centre en la accesibilidad, la viabilidad, y la calidad de los servicios así como en la no discriminación, incluyendo la basada en el género, refuerza los sustentos de vida y reduce la desigualdad.  El aumento de este gasto supone que más niños puedan continuar con su educación y protege y mejora la salud y el nivel de vida general de la población.  Este es el instrumento más eficaz con el que cuenta una sociedad para construir resiliencia.  Este enfoque, que está anclado en principios de derechos humanos, ayuda a generar más respeto por el contrato social y refuerza los preceptos de la democracia.

Además, es necesario afianzar las instituciones democráticas.  Desde comisiones electorales a tribunales superiores, desde gobiernos locales a instituciones nacionales de derechos humanos, desde medios de comunicación a organismos dedicados a la lucha contra la corrupción, es necesario reforzar estas estructuras democráticas, incluso mediante un aumento de la transparencia y la independencia, para que de ese modo cumplan con las personas y se restaure la confianza en las instituciones. 

Unas instituciones independientes y que se rijan por el estado de derecho desempeñan un papel vital para garantizar los sistemas de control y equilibrio necesarios.  Estas proporcionan los cimientos definitivos para construir democracias más firmes y resilientes.

Para prevenir un retroceso democrático, es fundamental un apoyo político y económico, con el objeto de promover la participación pública, la libertad de los medios y la educación cívica.  Dando prioridad a la inversión en estos pilares de la democracia, y promoviéndolos en la actividad política, se contribuirá considerablemente a hacer frente a algunas de las cuestiones a las que el mundo se enfrenta en la actualidad. 

En línea con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, los gobiernos necesitan proteger y defender el espacio para que las personas puedan participar en los asuntos públicos, para que puedan expresar sus opiniones y preocupaciones libremente, con seguridad y sin temor, incluso mediante protestas pacíficas y otras formas de participación ciudadana. 

Los gobiernos también comparten la responsabilidad de defender y proteger la libertad de expresión, incluyendo aquí la libertad de los medios de comunicación, los cuales son herramientas críticas para combatir la desinformación, la polarización y el discurso de odio. 

Colegas, amigos

Sí, vivimos tiempos difíciles.  No obstante, la experiencia me ha demostrado que siempre existirán obstáculos; personas que, en el nombre del poder, van a poner palos en las ruedas de la democracia, la justicia y la igualdad.  Y estos días, sus voces se oyen cada vez con más fuerza. 

Esta es la razón por la que nuestros esfuerzos concertados y basados en principios son vitales.  Para unirnos con vistas a construir y seguir avanzando.  Para luchar por nuestra humanidad compartida, por los derechos humanos, y para perseverar en nuestro compromiso con la democracia, en el nombre de la dignidad y la igualdad para todos. 

Los Jesuitas, incluyendo sus instituciones académicas, han sido una fuerza positiva a la hora de luchar por la igualdad social.  Yo sé que ustedes desempeñarán un papel crucial para poder abordar todos estos desafíos y cuento con ustedes para continuar propugnando la hoja de ruta de los derechos humanos necesaria en esta lucha. 

Muchas gracias por su atención. 

Longitud: 10 minutos aproximadamente

¹ https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
 El V-dem Institute es un centro reputado de investigación de la Universidad de Gotemburgo.  
² https://community-democracies.org/app/uploads/2022/01/fondapol-IRI-CoD-KAS-Genron-FNG-Rda-survey-freedoms-at-risk-the-challenge-of-the-century-01-2022.pdf