Debate del Foro Ciudadanos del Mundo (Global Citizens Townhall)

“Este también es nuestro mundo: el diálogo Norte-Sur-Este-Oeste de las sociedades civiles”

Saludos a todos y muchas gracias por haberme invitado a hacer uso de la palabra en este debate de tan amplio espectro.

Este momento me hace evocar un poderoso punto de inflexión ocurrido hace 75 años. En 1948, tras la devastación causada por reiterados ciclos de guerra, genocidio, destrucción nuclear, explotación colonial y la Gran Depresión del decenio de 1930, los líderes del mundo decidieron tomar una medida histórica para dar un giro esencial a los acontecimientos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos abrió un nuevo camino, que prometía justicia, paz y prosperidad para todos. Sus compromisos se concibieron como instrumentos prácticos para generar soluciones en el mundo real.

En esa época, Indonesia acababa de alcanzar la independencia y sus valores fundacionales, resumidos en el Panca Sila (los “Cinco Principios Fundamentales”), que hacía hincapié en la democracia y la justicia social, eran coherentes con esos valores.

En los últimos 75 años, el mundo entero -comprendida Asia- ha dejado atrás la explotación colonial, muchas modalidades de discriminación y otras formas de injusticia. Se han logrado vastos progresos en lo relativo a la gobernanza democrática y el reconocimiento del derecho de los pueblos a tomar sus propias decisiones y participar en las políticas nacionales. Nadie podría decir que estos avances han sido perfectos y en numerosos países sigue habiendo carencias. Pero la Declaración Universal y la posterior adopción de varios tratados y normativas de derechos humanos, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los pueblos del mundo entero, al forjar el consenso en torno a la idea de que la dignidad humana está en el centro de todos nuestros actos.

Los defensores de derechos humanos siguen presionando en sus comunidades, en nombre de todos nosotros, para hacer realidad las promesas de la Declaración Universal.

Se trata de personas corrientes, pero que a la vez son extraordinarias.

Pero cuando el poder está en manos de un grupo restringido, las críticas, las protestas, el periodismo de investigación o el activismo de derechos humanos pueden ser vistas como actividades amenazadoras para quienes lo detentan.

En el mundo entero, muchas personas que defienden los derechos humanos son calumniadas, criminalizadas, amenazadas, detenidas, desaparecidas, silenciadas y, a menudo, olvidadas. Contra ellas se aplican leyes ambiguas, por supuestos delitos basados en pruebas dudosas o inexistentes.

Los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y los activistas del medio ambiente figuran habitualmente entre los objetivos de esas medidas represivas.

Las mujeres activistas son atacadas desproporcionalmente y son objeto de amenazas y abusos en las redes sociales -a menudo con un lenguaje explícitamente sexual y profundamente misógino- que funcionan a la par de las agresiones que padecen en la vida real.

Hemos asistido a un alarmante aumento de la presión de las industrias extractivas, las empresas agroindustriales y otras corporaciones, que se esfuerzan por sofocar las opiniones disidentes, en particular mediante las denominadas “querellas estratégicas contra la participación pública”, o SLAPP (por su sigla en inglés). Estas acciones legales sin fundamento, que tienen por objeto intimidar a sus críticos al obligarlos a gastar vastas sumas de dinero en costos procesales, ejercen una repercusión particularmente nociva sobre muchas campañas de derechos humanos.  Según ha revelado la entidad de monitoreo Forum Asia, entre los grupos atacados con más frecuencia en esa región figuran los defensores de las tierras y el medio ambiente de los pueblos indígenas.

Y esto ocurre a pesar de que disponemos de abundantes pruebas de la importancia y la creatividad de su labor.

Un equipo de alumnos de la facultad de derecho de la Universidad del Pacífico Sur dirigió recientemente una petición a la Asamblea General de las Naciones Unidas para recabar asesoría jurídica sobre las obligaciones legales en el tema, incluidas las obligaciones de los Estados de abordar el cambio climático y sus repercusiones.

Una querella conjunta formulada por miembros de los colectivos indígenas de cuatro islas del Estrecho de Torres (Australia), llevó a que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptara el año pasado la histórica decisión de exigir que Australia compense a los grupos indígenas por el fracaso del Estado en protegerlos de las consecuencias derivadas del cambio climático y que adopte medidas correctivas.

En Filipinas, las acciones legales incoadas por grupos de la sociedad civil se tradujeron en una investigación nacional de siete años, que llegó a la conclusión de que las empresas de combustibles fósiles y otras corporaciones habían desinformado a la población acerca de los daños medioambientales derivados de sus operaciones y productos, y deben evaluar, prevenir y mitigar esas repercusiones. La investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Filipinas también hizo hincapié en la necesidad de que los Estados “reduzcan drásticamente” su huella de carbono y la de sus empresas.

En Malasia, los activistas también han logrado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie en términos enérgicos sobre las repercusiones de la contaminación local y transfronteriza del aire, la conocida “niebla” que pude presenciar en Malasia cuando vivía en ese país, a mediados del decenio de 2000.

Esa labor es fundamental para todos nosotros. De hecho, cada uno de los seres humanos que hoy vivimos en el mundo afronta una triple crisis planetaria que amenaza sus derechos humanos e incluso su supervivencia. Y las opiniones críticas, el debate y la protesta son esenciales para elaborar las mejores soluciones. Necesitamos el dinamismo y las ideas de los defensores de derechos humanos y, en especial, de los activistas de derechos medioambientales.

Es preciso alentar su trabajo y proteger su seguridad.

Debemos honrar su tarea, defenderlos y apoyarlos.

Los ataques que estas personas padecen son otras tantas agresiones contra nuestro futuro común.

Esas ofensas deben contrarrestarse con investigaciones exhaustivas y medidas judiciales decisivas.

Mi Oficina coorganiza cada año con asociaciones locales el Foro de defensores de derechos humanos relativos al medio ambiente de Asia y el Pacífico, así como el Foro de defensores del medio ambiente en el Pacífico, para propiciar el diálogo seguro entre los activistas, intercambiar experiencias y posibles soluciones, y reforzar su colaboración con los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

Entre las principales recomendaciones de los últimos Foros, figuran las siguientes:

La necesidad de aprobar leyes más eficaces que aseguren la protección de los defensores de derechos medioambientales.

•  La necesidad de reforzar las medidas gubernamentales destinadas a defender el derecho universal a un medio ambiente saludable.
•  La necesidad de una acción más enérgica para ampliar lo más posible el espacio de participación cívica y los derechos a la libertad de información, expresión, reunión y asociación pacíficas, con el seguimiento de las violaciones de esos derechos. 

Pero todavía queda mucho por hacer, especialmente ahora que están en curso negociaciones de gran importancia en materia del clima y el uso de los plásticos. Exhorto a todos los Estados y a otros agentes a que colaboren estrechamente con mi Oficina para realzar el valor de los defensores de derechos humanos y hacer mucho más a fin de proteger a los activistas y fomentar el avance de esos derechos.