El racismo sistémico y el uso de la fuerza en la policía y la justicia

Señor Presidente,
Excelencias,
Estimados colegas,

Me complace presentarles el segundo informe del Alto Comisionado, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos.

Una vez más, en el informe se hace hincapié en la índole permanente y generalizada de las manifestaciones múltiples e interrelacionadas de racismo sistémico contra los africanos y los afrodescendientes en diversas regiones y en todos los ámbitos de la vida.

Una vez más, el informe plantea la repercusión desproporcionada, sobre los africanos y los afrodescendientes, de las violaciones de las normas relativas al uso de la fuerza cometidas por los agentes de la ley, así como del uso de perfiles raciales y las desigualdades por motivos de raza que se producen en el sistema de justicia penal.

El documento proporciona además actualizaciones de casos ya presentados en el informe de 2021 del Alto Comisionado (A/HRC/47/53, A/HRC/47/CRP.1). Agradezco a todos los Estados interesados su participación en esta tarea.

Tras completar el informe, hubo novedades en relación con algunos de esos casos.

En Estados Unidos, los cuatro agentes de policía que participaron en el asesinato de George Floyd fueron sentenciados a prisión por tribunales estatales y federales.

En el Reino Unido, tras la nueva investigación sobre la muerte de Kevin Clarke en 2018, la Oficina independiente para supervisar la conducta de la policía anunció que dos agentes de ese cuerpo tendrán que enfrentarse a procedimientos disciplinarios por faltas graves y uno de ellos será acusado también de grave incompetencia. La Oficina decidió además no remitir a la Fiscalía de la Corona un expediente con pruebas que se considere la presentación de cargos penales.  

En Francia, los jueces que investigan las circunstancias de la muerte de Adama Traoré en 2016 decidieron que no había motivos para procesar a los gendarmes implicados en el caso.

En Brasil, el Tribunal Supremo de Justicia decidió en favor de añadir el cargo de circunstancias agravantes a la acusación de homicidio en el caso de la muerte de Luana Barbosa dos Reis Santos, ocurrida en 2016.

Sigue siendo obvio que, en la gran mayoría de muertes de afrodescendientes tras su interacción con la policía, el progreso hacia la rendición de cuentas y las reparaciones es todavía muy lento. En su lucha por obtener justicia, las familias siguen enfrentadas a procesos prolongados, que entrañan grandes cargas emocionales y financieras, sin el apoyo adecuado del Estado.

De seguro que nuestros estimadas ponentes Dayana Blanco y Marcia Rigg nos aportarán otros elementos sobre estas cuestiones y les exhorto a que presten cuidadosa atención a lo que van a decirnos.

Excelencias:

El informe de este año se centra en los inmensos problemas y obstáculos que impiden la participación significativa, integradora y segura de los afrodescendientes en la vida política y social.

En el documento se hace hincapié en la vigilancia, el acoso, la intimidación, los arrestos, las ejecuciones ilícitas y la violencia contra los activistas de la sociedad civil de origen afrodescendiente en numerosos países.

Otro tanto ocurre con la desproporcionada repercusión de las medidas y las prácticas que limitan el derecho al voto y el hecho de que los políticos afrodescendientes, lo mismo hombres que mujeres, están sometidos al abuso racial y la violencia, tanto en Internet como fuera de ella.

Los procesos para fomentar la participación en la toma de decisiones suelen ser simbólicos, aislados o burocráticos y no se traducen en consultas significativas.

A menudo los resultados de esos procesos no tienen en cuenta las competencias ni la experiencia vital de los afrodescendientes que han participado en ellos.

Esto se traduce en decepción, fatiga y más erosión de la confianza en las instituciones. Además, constituye también un obstáculo importante para que las sociedades puedan enfrentarse a los desafíos y acordar medidas para avanzar sin dejar a nadie rezagado.

No hay duda alguna sobre las medidas que los Estados y otros interesados deben adoptar a fin de generar las transformaciones necesarias. Algunos Estados ya las han tomado para propiciar la participación. En Brasil, por ejemplo, un decreto promulgado en marzo de 2023 estipuló que a partir de 2026 el 30 por ciento de los altos cargos en la administración pública federal deberán asignarse a miembros de colectivos indígenas y afrodescendientes. 

En Estados Unidos, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota ha tratado de situar las experiencias comunitarias en el centro de las investigaciones relativas al Departamento de Policía y la ciudad de Minneápolis, a través de entrevistas con organizaciones comunitarias y con personas directamente afectadas, lo que podría contribuir a la concepción y negociación de un acuerdo vinculante que permita abordar la discriminación racial en el cuerpo policial.

En anexo a este informe, figura nuestra nota de orientación sobre cómo aplicar con eficacia el derecho a participar en los asuntos públicos en contextos no electorales. Esperamos que este documento dé un nuevo impulso al esfuerzo que los Estados realizan para garantizar que los afrodescendientes mejoran su capacidad de influir en su futuro.

Señor Presidente:

Como hemos advertido muchas veces ante este Consejo, escuchar a los afrodescendientes y tomar medidas en relación con sus preocupaciones será decisivo para quebrar los ciclos de discriminación, abuso y violencia que han persistido a lo largo de generaciones.

Los Estados deben reconocer y poner fin a esta prolongada marginación y exclusión de los africanos y sus descendientes, y velar por que todo el mundo tenga el mismo acceso a las oportunidades, los recursos y el poder.

Reiteramos nuestro llamamiento a lograr un cambio en pro de la igualdad y la justicia racial, de conformidad con lo que han exigido los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y, lo más importante, los mismos afrodescendientes. Ya es hora de desmantelar el racismo sistémico, lo que incluye la tarea de confrontar el legado de la esclavitud y el colonialismo, y lograr una justicia de reparación.

Cuando en 1948 Emile Saint Lot, primer embajador de Haití ante las Naciones Unidas, presentó el anteproyecto final de la Declaración Universal de Derechos Humanos ante la Asamblea General, afirmó que era “el mayor esfuerzo jamás realizado por la humanidad para dotar a la sociedad de nuevas bases jurídicas y morales”.

Al conmemorar el 75º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal, les exhortamos a emprender acciones urgentes y decisivas para erradicar el racismo y defender la dignidad y los derechos de todos, en todas partes del mundo.

Muchas gracias.