Presentación de los informes anuales del Alto Comisionado sobre Colombia, Guatemala y Honduras
Actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua
Presentación del informe annual del Alto Comisionado sobre Chipre 
Actualización oral sobre los avances en la reconciliación y la rendición de cuentas en Sri Lanka

Sra. Vice-Presidenta, 
Excelencias, 
Distinguidos/as delegados/as,

Presento hoy los informes de mi Oficina en Colombia, Guatemala y Honduras. Seguiré luego con una actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y mi informe sobre Chipre y concluiré con una actualización sobre los avances en materia de reconciliación y de rendición de cuentas en Sri Lanka.

Empiezo con mi informe sobre Colombia, A/HRC/55/23.

Mientras que Colombia dio pasos significativos para abordar los desafíos en materia de derechos humanos en 2023, persisten muchas cuestiones urgentes.

Los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales siguen ampliando su control sobre las tierras y las comunidades,con un impacto grave en los derechos humanos. Los altos niveles de violencia afectan de manera desproporcionada a las comunidades rurales, a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, así como a sus líderes.

El año pasado, mi Oficina verificó 105 homicidios de personas defensoras de derechos humanos y 98 masacres, en las que murieron 320 personas. También verificamos 53 casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, y 134 casos de reclutamiento o utilización de niños y niñas por parte de actores armados no estatales.

Dichos niveles de violencia requieren mayores esfuerzos del Gobierno para proteger a civiles. Insto al Gobierno a que haga todo lo posible para ampliar y mantener una presencia integral del Estado en todo el país.

Quisiera reiterar también el llamado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que el acuerdo de paz de 2016 permanezca como un elemento central de la política de paz del Gobierno. Mi Oficina sigue llamando a que se acelere la implementación del acuerdo de paz, con un enfoque específico dirigido a avanzar en la implementación del capítulo étnico. Saludo la creación del nuevo mecanismo de participación en el marco de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, y reitero que el diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil es primordial para una paz justa y duradera.

A pesar de los desafíos, Colombia ha asumido compromisos concretos y tomado acciones para avanzar en materia de derechos humanos.

Celebramos el reconocimiento de los derechos de los campesinos y la creación de la jurisdicción agraria, dos pasos iniciales importantes para poner en práctica la reforma rural contemplada en el acuerdo de paz.

Saludo también la adopción de las siguientes políticas públicas claves: la política para desmantelar los grupos criminales y sus redes de apoyo; la política de seguridad humana; y la política de drogas. Sin embargo, animo a la coordinación entre los distintos actores involucrados en la implementación de estas políticas, para abordar más eficazmente las causas profundas de la violencia y el conflicto armado.

En cuanto a la justicia transicional, felicito los continuos avances por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Comité de Seguimiento de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Celebramos, en particular, el reconocimiento público, por parte del Estado, de su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, y el pedido de perdón a los familiares de las víctimas. También saludamos la apertura, por parte de la Jurisdicción para la Paz el año pasado, de su investigación sobre la violencia de género, incluida la violencia sexual.

Mi Oficina sigue plenamente comprometida con apoyar a los mecanismos de justicia transicional y con acompañar a las víctimas en su participación en este proceso. Más adelante este año, reportaré al Consejo sobre nuestra asistencia técnica en relación con la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Mi Oficina continuará incidiendo para un sistema más efectivo de protección a personas defensoras de derechos humanos y apoyará la integración de un enfoque de derechos humanos en el sector de seguridad. A la luz de lo anterior, también insto a la Fiscalía General de la Nación a avanzar para garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones y abusos de derechos humanos.

Finalmente, reitero el llamado de mi Oficina para que la Corte Suprema elija pronto una nueva Fiscal General.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer la apertura continua del Gobierno de Colombia para reconocer e intercambiar sobre los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país.

Paso ahora a mi informe sobre Guatemala (A/HRC/55/21).

La situación de los derechos humanos en Guatemala en 2023 estuvo marcada por el deterioro de desigualdades sistémicas y estructurales y de la discriminación, afectando en particular a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

Fueron también motivo de especial preocupación los crecientes ataques contra la independencia judicial y el sistema de justicia. Mi Oficina registró un aumento significativo de ataques y represalias contra operadores de justicia que investigaban casos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos. En 2023, registramos 71 casos, lo que supone un aumento del 69% en comparación con el año anterior.

Animo al Estado a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los operadores de justicia. Deben crearse igualmente las condiciones que permitan el regreso de quienes han abandonado el país temiendo por su seguridad.

Tras las elecciones presidenciales del año pasado, una serie de acciones legales, adoptadas en particular por el Ministerio Público, impactaron en la integridad del proceso electoral, afectando la democracia y el Estado de derecho. Estas acciones incluyeron esfuerzos para levantar la inmunidad del Presidente y la Vicepresidenta, de varios miembros del Congreso, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral así como de otros funcionarios electorales. Continuaremos observando de cerca esta situación, dada nuestra seria preocupación sobre la compatibilidad de estas acciones con la separación de poderes y la Constitución de Guatemala. También daremos un seguimiento cercano al próximo proceso de elección de magistrados de las Altas Cortes.

Mi informe también señala serias preocupaciones en relación con ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y autoridades Indígenas, instando a la adopción de una política pública más fuerte para protegerles.

Señora Vice-Presidenta,

La violencia continua contra las mujeres en Guatemala sigue siendo extremadamente preocupante. Las personas LGBTQ+ también están siendo objeto de violencia, incluyendo homicidios. Hago un llamado a las autoridades a prevenir - y poner fin- a esta violencia impactante y a investigar todos los casos de manera exhaustiva.

Aunque tomo nota y saludo los avances logrados en algunos casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, me preocupan los graves retrocesos en otros casos. Un tema preocupante es la iniciativa de ley que pretende extinguir la responsabilidad penal de las personas acusadas y condenadas por crímenes internacionales cometidos durante el conflicto. Insto al Congreso a abstenerse de aprobar cualquier legislación que sea contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

Agradezco al Gobierno de Guatemala la reciente extensión de nuestro Acuerdo de Sede hasta enero de 2027. Recientemente me reuní con el Presidente Arévalo y le expresé mi profundo agradecimiento por su compromiso con la causa de los derechos humanos. Esperamos continuar nuestra labor de asistencia al Estado en la transición hacia una gobernanza más democrática y en su trabajo para abordar la discriminación estructural, manteniendo a los derechos humanos en el centro.

El próximo informe que presento trata sobre Honduras.

Saludo la apertura y disposición del Estado para trabajar en procesos de reforma estructural con asistencia técnica de mi Oficina, incluida la iniciativa que condujo a la adopción de la Resolución 54/30 por parte de este Consejo.

Honduras sigue profundamente afectada por varios obstáculos estructurales de larga data para el disfrute de los derechos humanos.

La violencia persistente, incluida la violencia de género, los conflictos por la tierra y la impunidad, son algunos de los desafíos de derechos humanos más graves del país.

Si bien observo una reducción de los homicidios, la violencia y la inseguridad siguen estando profundamente arraigadas y son comunes, afectando particularmente a las mujeres y a las personas LGBTQ+. El año pasado se registraron 380 muertes violentas de mujeres, así como 47 asesinatos de personas LGBTQ+. Siguen faltando protocolos especializados para que las instituciones de justicia penal puedan abordar las altas tasas de violencia contra las mujeres.

Para que el Estado pueda asegurar un entorno seguro y libre de crimen organizado, necesita los recursos y políticas necesarios para abordar las enormes desigualdades en el país, los flujos financieros ilícitos, impuestos y corrupción. También es importante desarrollar una política de seguridad nacional coherente basada en los derechos humanos que incorpore medidas de prevención.

Me preocupa el incremento de la militarización de la seguridad pública y el sistema penitenciario. Por dar un ejemplo, tras el trágico ataque ocurrido en junio en la prisión de mujeres de Támara, en el que murieron 46 mujeres privadas de libertad, el Gobierno devolvió la administración del sistema penitenciario a la policía militar. Desde entonces hemos recibido información de que algunas de las acciones de la policía militar pueden llegar a constituir malos tratos. Además, me preocupa el actual estado de emergencia, que ha estado vigente desde hace más de 15 meses, y que otorga a la policía nacional y a la policía militar poderes para implementar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales.

En todo Honduras persisten los conflictos vinculados a la tierra, el territorio y los recursos naturales, siendo los pueblos indígenas, los pueblos afrohondureños y los campesinos los más afectados por la violencia, la apropiación de tierras y los desalojos.

Me preocupa mucho el hecho de que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron el año pasado, con unas 561 personas víctimas de agresión. Al menos 15 personas defensoras de los derechos humanos y dos periodistas fueron asesinadas. Mi Oficina alienta firmemente a las autoridades a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y a implementar todas las medidas institucionales necesarias para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos.

Saludo la derogación y reforma de Decretos del llamado “Pacto de Impunidad” por parte del Congreso Nacional, así como la voluntad del Gobierno de abordar la corrupción. Sin embargo, los altos niveles de corrupción e impunidad continúan agotando los recursos disponibles para el país, así como erosionando la confianza en las instituciones públicas. Insto a Honduras a que adopte medidas para garantizar transparencia y rendición de cuentas, incluidas aquellas para fortalecer el poder judicial, el Ministerio Público y otras instituciones nacionales claves contra la corrupción, y garantizar su independencia. En este sentido, la reciente elección del Fiscal General y un Adjunto, así como otras autoridades judiciales, en el Congreso Nacional.

Mas en general, saludo el nuevo proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, y el énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la paridad de género. Esto representa una oportunidad concreta para que Honduras fortalezca el estado de derecho y el acceso a la justicia.

Mi Oficina continúa instando a realizar progresos en las investigaciones de las graves violaciones cometidas en la década de 1980, el golpe de Estado de 2009 y la crisis postelectoral de 2017.

También doy la bienvenida al histórico proyecto de ley recientemente aprobado que protege los recursos naturales y las áreas protegidas en favor de los derechos de las comunidades afectadas. Esta ley, junto con el decreto ejecutivo para garantizar los derechos ancestrales y de propiedad del pueblo garífuna, son cruciales para avanzar en el disfrute de los derechos de los más vulnerables.

Paso ahora a Nicaragua, donde la situación de los derechos humanos sigue deteriorándose a un ritmo alarmante.

Desde hace casi seis años, una campaña sistemática de represión se viene dirigiendo contra manifestantes antigubernamentales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y políticos. Las violaciones han sido especialmente graves contra las mujeres, los activistas LGBTQ+ y las dirigentes políticas.

Más recientemente, la Iglesia católica y otros grupos religiosos han sido objeto de ataques, como inquietante símbolo de los esfuerzos del partido gobernante por consolidar su control en todas las esferas de la sociedad y reprimir cualquier voz independiente

Este domingo 3 de marzo se llevarán a cabo elecciones regionales en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur. Éstas se han visto empanadas por una serie de retrocesos en las libertades cívicas y políticas. YATAMA, el principal partido indígena y afrodescendiente, ha sido excluido de participar, y sus dos diputados en la Asamblea Nacional están detenidos arbitrariamente desde septiembre y octubre, respectivamente. Dado que uno de los diputados ha sido objeto de desaparición forzada y la otra está sometida a incomunicación, sigo sumamente preocupado por su vida y su seguridad, y reitero mi llamamiento para su inmediata liberación.

En otras partes del país, las autoridades siguen deteniendo arbitrariamente a personas por motivos políticos. Según los últimos datos de la sociedad civil, en la actualidad hay 19 mujeres y 92 hombres encarcelados en relación con la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018. Mi Oficina ha documentado torturas físicas contra algunas de estas personas, así como múltiples violaciones de su derecho al debido proceso. El cierre de la oficina en Nicaragua del Comité Internacional de la Cruz Roja, anunciado en diciembre, deja a las personas detenidas sin acceso a ningún tipo de monitoreo internacional o independiente.

Las autoridades nicaragüenses ejercen ahora un control casi total sobre el sistema judicial, que hace tiempo ha perdido cualquier atisbo de independencia. Los testimonios recibidos por mi Oficina ponen de manifiesto un clima de intenso temor, intimidación y hostigamiento. En noviembre pasado, cientos de personas funcionarias fueron destituidas arbitrariamente, al parecer debido a sus lealtades enfrentadas.

Muchas personas nicaragüenses han huido del país atemorizadas. Muchas también han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad, convirtiéndolas a menudo en apátridas. A muchas que viajan fuera de Nicaragua se les niega a su regreso la entrada en su propio país.

Las autoridades en Nicaragua siguen negándose a colaborar con mi Oficina y con ninguno de los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Las autoridades han respondido a la presión internacional en algunos casos, siendo el último ejemplo la liberación de 19 sacerdotes y seminaristas que se encontraban detenidos arbitrariamente. Sin embargo, es absolutamente lamentable que, tras su liberación, tuvieran que abandonar el país.

Los ejemplos de medidas positivas adoptadas por las autoridades son escasos y poco frecuentes.

Insto a las autoridades a tomar medidas para reanudar la cooperación con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, así como a abordar urgentemente la serie de violaciones graves de derechos humanos descritas en los informes de mi Oficina.

Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas inmediatamente.

Se debe garantizar un espacio cívico abierto y plural.

También insto a las autoridades a que permitan el regreso seguro y digno de todos y todas los nicaragüenses que deseen volver al país, y la salida de todas las personas que quieran partir de Nicaragua, especialmente los hijos, hijas y cónyuges que buscan la reunificación familiar.

Los Estados miembros de este Consejo pueden y deben hacer más para apoyar Nicaragua a cambiar de rumbo y evitar una crisis de derechos humanos aún más profunda. Les solicito que emprendan las siguientes acciones:

- Brindar pleno respaldo y protección a las personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses.

- Fortalecer la rendición de cuentas por presuntos crímenes internacionales y otras violaciones del derecho internacional cometidas desde 2018, así como promover la adecuada aplicación de las jurisdicciones universal y extraterritorial.

- Garantizar la protección internacional como refugiadas a las personas nicaragüenses que huyen de la persecución, y aplicar estrictamente el principio de no devolución.

Además, insto al escrutinio estricto de toda la asistencia e y las inversiones internacionales proporcionadas al Estado de Nicaragua, también a través de instituciones financieras y empresas internacionales. Esto debe estar sujeto a salvaguardias de derechos humanos. En este sentido, saludo el acuerdo entre mi Oficina y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que busca garantizar que se respeten los estándares sobre empresas y derechos humanos en su trabajo con gobiernos, incluido Nicaragua.

Mantengo la esperanza de que, con el apoyo decidido del Consejo y de la comunidad internacional, Nicaragua pueda encontrar una salida a la actual crisis de derechos humanos.

Para ver el texto íntegro del discurso, consulte la versión en inglés.