Türk pide cambios en políticas mundiales relativas a las drogas

Señor Presidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados,
Colegas:

Aprovecho con sumo agrado la oportunidad de dirigirme a esta Comisión.

En particular, en un momento crítico como éste, cuando se requieren medidas de ámbito mundial para afrontar la situación creada por los estupefacientes.

Tras decenios de aplicación de una estrategia generalmente punitiva, vemos que este enfoque no funciona.

Ningún indicador fiable lo respalda.

El número de usuarios de drogas sigue en aumento.

La penalización, comprendida la aplicación de la pena capital, ni ha reducido el uso de las drogas ni tampoco ha disminuido el número de delitos conexos.

En vez de eso, aumenta el número de vidas arruinadas, no solo por el uso de narcóticos, sino también por las repercusiones de políticas contraproducentes.

Todo eso genera un marco de encarcelación masiva, comunidades estigmatizadas, empobrecidas y azotadas por la violencia, detenciones arbitrarias e incremento de la fuerza letal, que puede desembocar en ejecuciones extrajudiciales cometidas con total impunidad.

Y la lista no se agota con estos ejemplos.

Es un largo inventario de sufrimientos y vulneraciones de derechos humanos.

Pero no debería ser así.

Tenemos pruebas de que otros métodos funcionan mejor.

Y de que existen los medios de aplicarlos.

Con la vista puesta en el examen intermedio de 2024, mi Oficina publicó en agosto pasado un informe sobre los desafíos que en materia de derechos humanos plantea el problema de las drogas a escala mundial.

En este documento se exponen con claridad las graves consecuencias que ha acarreado “la guerra contra las drogas”, y se hace hincapié en los cambios positivos aportados por las estrategias anti-drogas basadas en la salud y los derechos humanos.

Estrategias que no condenan a los usuarios de narcóticos como si fueran delincuentes, sino que examinan su situación desde la perspectiva de la dignidad y los derechos humanos.

Varios países han seguido este camino y han aplicado un enfoque de índole empírico basado en la reducción del daño y la despenalización del uso de determinadas drogas.

Por ejemplo, en Suiza y Portugal varias décadas de despenalización del consumo y la posesión han reducido el uso de narcóticos, las sobredosis y las infecciones por VIH.

En Colombia, la nueva política nacional sobre las drogas está basada en el desarrollo y los derechos humanos.

Esta estrategia se centra en mejorar las condiciones de vida de las comunidades cuyas economías dependen de la droga.

También otorga prioridad a las investigaciones relativas a quienes más se benefician de las actividades delictivas y al desmantelamiento de las redes de delincuentes.

El año pasado, Paquistán puso fin a la pena de muerte para los delitos relativos a los narcóticos.

Insto a todos los países a que adopten este giro positivo para modificar sus propias estrategias.

Nuestro informe enumera las recomendaciones necesarias para hacerlo.

Estas recomendaciones se basan en las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas.

Necesitamos políticas sobre las drogas que sean inclusivas, tengan en cuenta las diferencias de género y garanticen el acceso voluntario a la asistencia médica, los tratamientos de la dependencia y los servicios de atenuación de daños.

Medidas todas que están concebidas, aplicadas y evaluadas mediante procesos que facilitan la participación real de los usuarios, las comunidades afectadas y las entidades de la sociedad civil.

Necesitamos medidas urgentes para acabar con la discriminación en lo tocante a la aplicación de la ley contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y los grupos marginados.

Y mientras redoblamos los esfuerzos encaminados al cumplimiento de la Agenda 2030, es preciso que no sigamos dejando rezagados a los usuarios de drogas, sus familias y las comunidades afectadas.

Esto requiere, según reconoce el informe de la Comisión, la inversión en formas alternativas de desarrollo.

Al mismo tiempo, debemos abordar la pobreza, la falta de oportunidades y los contextos inseguros – toda la gama de factores socioeconómicos estructurales y subyacentes que aumentan el riesgo de que crezca el número de usuarios o que más personas se involucren en el negocio de la droga.

En cuanto a la despenalización del uso personal, si esta medida se formula y aplica adecuadamente, puede ser también un eficaz instrumento de protección de los derechos de los usuarios de narcóticos.

Excelencias, colegas:

Este examen intermedio nos ofrece una gran oportunidad para poner en marcha el cambio necesario para transformar las políticas sobre las drogas a escala internacional.

Aplaudo el renovado compromiso con los derechos humanos que contiene la Declaración de Alto Nivel aprobada hoy, junto con los compromisos relativos a las políticas de base empírica, la normalización de las perspectivas de edad y género, y la salud de las personas, las familias y las comunidades.

En lo tocante a las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos internacionales que la Declaración señala, insto a los Estados, la sociedad civil y otras partes interesadas a que pongan en vigor las recomendaciones contenidas en el informe de mi Oficina.

Y a que colaboren con nosotros en el marco general de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, a fin de impulsar juntos la aplicación de una estrategia humanitaria y eficaz para afrontar el problema que los narcóticos plantean al mundo entero.

Muchas gracias.