En lo que supone la última medida adoptada para restar autonomía a las mujeres en Afganistán, las autoridades de facto han informado a las trabajadoras funcionarias, las cuales tienen prohibido acudir a trabajar, que sus salarios quedarán reducidos a partir de ahora a su nivel más bajo independientemente de su experiencia o cualificaciones.

Tras su toma del poder en agosto de 2021, los Talibanes declararon que las mujeres podían volver al trabajo cuando se dieran "las condiciones necesarias" para ello.  Casi tres años después, las autoridades no han establecido ningún calendario para su reincorporación a sus puestos de trabajo, ni tampoco han dado ningún paso significativo para permitir a todas las mujeres funcionarias volver a sus puestos de trabajo.

Esta última decisión discriminatoria y profundamente arbitraria viene a agravar aún más la erosión de los derechos humanos en Afganistán, y viene a sumarse a otras decisiones encaminadas a restringir el acceso de las mujeres y las niñas a la educación y el empleo, a limitar su libertad de movimiento, y a reducir su presencia en espacios públicos, lo que viene a consolidar en la práctica la exclusión de las mujeres de la vida pública.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hace un llamamiento a las autoridades de facto a revocar todas las leyes, instrucciones, decretos y otras medidas cuyo fin es discriminar a mujeres y niñas, lo que representa una clara violación de las obligaciones de Afganistán en materia de derechos humanos.