Declaración sobre la Visita a EE. UU., por el Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos*

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Washington, 15 de diciembre de 2017

 I. Introducción

1. A invitación del gobierno federal, he estado visitando los Estados Unidos durante las últimas dos semanas, para examinar si la persistencia de la pobreza extrema en Estados Unidos socava el disfrute de derechos humanos de sus ciudadanos.  Durante mis viajes a lo largo de California, Alabama, Georgia, West Virginia y Washington, D.C., he sostenido conversaciones con docenas de expertos y grupos de la sociedad civil, me he reunido con altos funcionarios de los gobiernos estatales y federal, y conversado con personas sin hogar o que viven en pobreza extrema.  Le agradezco a la Administración de Trump por facilitar mi visita y por su continua cooperación con los mecanismos de rendición de cuentas del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que se aplican a todos los estados.

2. Mi visita coincide con un cambio dramático de dirección en las políticas estadounidenses relativo a la desigualdad y la pobreza extrema. El paquete de reforma fiscal propuesto plantea la propuesta de Estados Unidos de convertirse en la sociedad más desigual del mundo, y aumentará enormemente los ya altos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos entre el 1% más rico y el 50% más pobre de los norteamericanos.  Los recortes drásticos en bienestar social, planteados por el presidente Trump y el presidente de la Cámara Ryan, que la administración ya está implementando, fundamentalmente destrozará dimensiones esenciales de la red de protección que ya está llena de hoyos.  Con este telón de fondo presento mi informe.

3. Estados Unidos es uno de los países más ricos, más poderosos y tecnológicamente innovadores del mundo; pero ni su riqueza ni su poderío o su tecnología se están aprovechando para abordar la situación en la que 40 millones de su población continúa viviendo en pobreza.

4. He visto y escuchado mucho durante las dos últimas semanas.  Encontré mucha gente que apenas sobrevive en el área de Skid Row en Los Angeles; fui testigo cuando un policía en San Francisco le decía a un grupo de indigentes que se desplazaran pero era incapaz de responder cuando le preguntaban adónde se podían desplazar; me enteré que miles de pobres reciben actas de infracciones leves que parecen estar intencionalmente diseñadas para que rápidamente se conviertan en deudas impagables, encarcelamiento, y la reposición de las arcas municipales; observé cómo las aguas residuales cubren los jardines en estados donde los gobiernos locales no consideran que las instalaciones sanitarias son su responsabilidad; vi a personas que habían perdido toda su dentadura porque la atención dental para adultos no está cubierta por la mayoría de los programas disponibles para los muy pobres; escuché acerca de las crecientes tasas de mortalidad y la destrucción de familias y comunidades provocadas por la adicción a medicamentos y otras drogas; y me reuní con gente en el sur de Puerto Rico que viven al lado de una montaña de ceniza de carbón totalmente desprotegida que desciende sobre ellos provocando enfermedad, discapacidad y muerte.

5. Por supuesto que esta no es toda la historia.  También vi muchas cosas positivas.  Me reuní con oficiales estatales y especialmente oficiales municipales que están dispuestos a mejorar la protección social del 20% más pobre de sus comunidades. Observé una sociedad civil energizada en muchos lugares: visité una iglesia católica en San Francisco (St. Boniface – el Gubbio Project) que abre sus puertas a las personas sin hogar todos los días entre los oficios religiosos; vi una extraordinaria resiliencia y solidaridad comunitaria en Puerto Rico; visité una increíble iniciativa de salud comunitaria en Charleston (West Virginia) que atiende a 21.000 pacientes suministrando servicios dentales, farmacéuticos y otros servicios de forma gratuita, supervisados por médicos, dentistas y otros voluntarios (WV Health Right), y comunidades indígenas haciendo presentaciones en una conferencia de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos en Atlanta en la que elogiaban el sistema de atención sanitaria avanzada de Alaska para las comunidades autóctonas, diseñado con la participación directa del grupo enfocado.

6. El excepcionalismo norteamericano fue un tema constante en mis conversaciones.  Pero en vez de materializar los compromisos admirables de sus fundadores, hoy los Estados Unidos está demostrando ser excepcional de formas mucho más problemáticas que están terriblemente en conflicto con su inmensa riqueza y su compromiso histórico con los derechos humanos.  Como consecuencia, abundan los contrastes entre la riqueza privada y la miseria pública.

7. Mientras conversaba con la gente en los diferentes estados y territorios, con frecuencia me preguntaban cómo se compara Estados Unidos con otros países.  Si bien tales comparaciones no son siempre perfectas, una sección transversal de comparaciones estadísticas suministra una visión clara del contraste entre la riqueza, la capacidad innovadora, y la ética laboral de los EE. UU., y los resultados sociales y de otra índole que se han alcanzado.

• Según la mayoría de los indicadores, EE. UU. es uno de los países más ricos del mundo.  Gasta más en defensa nacional que China, Arabia Saudita, Rusia, Reino Unido, India, Francia y Japón juntos.
• Los gastos en atención sanitaria per cápita de EE. UU. son el doble del promedio de la OCDE y mucho más altos que en todos los otros países. Pero hay muchos menos médicos y camas hospitalarias por persona que el promedio de la OCDE.
• En 2013 las tasas de mortalidad infantil en los EE. UU. fueron las más altas en el mundo desarrollado.
• Los norteamericanos pueden esperar vivir vidas más cortas y más enfermas, en comparación con gente que vive en cualquier otra democracia rica, y la “brecha de salud” entre EE. UU. y países equivalentes continúa creciendo.
• Los niveles de desigualdad en EE. UU. son mucho más altos que los de la mayoría de países europeos.
• Las enfermedades tropicales desatendidas, incluyendo el Zika, son cada vez más comunes en EE. UU.  Se estima que unos 12 millones de norteamericanos viven con una infección parasítica desatendida. Un informe de 2017 documenta la prevalencia de anquilostomiasis en el Condado Lowndes en Alabama.
• EE. UU. tiene la prevalencia de obesidad más alta en el mundo desarrollado.
• En términos de acceso al agua potable y saneamiento, EE. UU. ocupa el puesto 36 en el mundo.
• Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, más que la de Turkmenistán, El Salvador, Cuba, Tailandia y la Federación Rusa. Su tasa es casi 5 veces el promedio de la OCDE.
• La tasa de pobreza juvenil en Estados Unidos es la más alta en toda la OCDE con una cuarta parte de los jóvenes viviendo en pobreza comparado con menos del 14% en toda la OCDE.
• El Stanford Center on Inequality and Poverty clasifica a los países más ricos en términos de mercados laborales, pobreza, red de protección, desigualdad de riqueza y movilidad económica. EE. UU. está en el último lugar de los 10 países principales más ricos, y ocupa el puesto 18 entre los 21 países principales.
• En la OCDE, Estados Unidos ocupa el puesto 35 de 37 en términos de pobreza y desigualdad.
• Según la Base de Datos Mundial de Desigualdad de Ingresos, Estados Unidos tiene la tasa Gini (que mide la desigualdad) más alta de todos los países occidentales.
• El Stanford Center on Poverty and Inequality caracteriza a Estados Unidos como “un caso atípico claro y constante en la liga de pobreza infantil”. Las tasas estadounidenses de pobreza infantil son las más altas entre los seis países más ricos – Canadá, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Noruega.
• Cerca del 55,7% de la población en edad de votar de Estados Unidos votó en las elecciones presidenciales de 2016. En la OCDE, Estados Unidos ocupó el puesto 28 en participación electoral, comparado con un promedio del 75% de la OCDE.  Los electores inscritos representan una participación mucho menor de los electores potenciales en Estados Unidos que en casi cualquier otro país de la OCDE. Solamente el 64% de la población de Estados Unidos en edad de votar (y el 70% de los ciudadanos en edad de votar) estaba inscrito en 2016, comparado con el 91% en Canadá (2015) y el Reino Unido (2016), 96% en Suecia (2014), y casi el 99% en Japón (2014).

II. La dimensión de los derechos humanos

8. Las sucesivas administraciones, incluyendo la actual, han rechazado decididamente el concepto de que los derechos económicos y sociales son derechos humanos plenos, a pesar de su reconocimiento claro no solo en tratados clave que Estados Unidos ha ratificado (como la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial), y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Estados Unidos siempre ha insistido que otros países deben respetar.  Pero la negación no elimina la responsabilidad, ni tampoco anula las obligaciones.  La normativa internacional de los derechos humanos reconoce el derecho a la educación, el derecho a la atención médica, el derecho a la protección social a quienes la necesiten, y el derecho a un estándar de vida adecuado.  En la práctica, Estados Unidos es el único entre los países desarrollados en insistir que, si bien los derechos humanos son de importancia fundamental, éstos no incluyen derechos que protegen contra morir de hambre, morir por falta de acceso a atención médica asequible, o crecer en un contexto de indigencia total.

9. Dado que Estados Unidos rehúsa reconocer derechos económicos y sociales acordados por la mayoría de los estados (excepto por el derecho a la educación en las constituciones estatales), la atención principal de este informe se centra en esos derechos civiles y políticos reflejados en la Carta de Derechos de Estados Unidos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Estados Unidos.

III. ¿Quiénes son ‘los pobres’?

10. Me ha sorprendido el grado en que al electorado se le ha vendido el discurso caricaturizado acerca de las supuestas diferencias innatas entre los ricos y los pobres por algunos políticos y medios, y se les ha permitido definir el debate.  Los ricos son industriosos, emprendedores, patrióticos y los impulsores del éxito económico.  Los pobres son derrochadores, perdedores y estafadores.  Como consecuencia, el dinero que se invierte en bienestar social es dinero tirado a la basura.  Para completar el cuadro, se nos dice que los pobres que quieren tener éxito en Estados Unidos lo pueden lograr fácilmente: ellos pueden lograr el sueño americano solo si trabajan arduamente y se empeñan. 

11.  Sin embargo, la realidad que he visto es muy distinta.  Es un hecho que muchos de los ciudadanos más ricos no pagan impuestos a las tasas que otros lo hacen, acumulan mucha de su riqueza en paraísos fiscales, y frecuentemente obtienen sus beneficios de la pura especulación en vez de contribuir a la riqueza general de la comunidad norteamericana. Entonces, ¿quiénes son los pobres?  Los estereotipos racistas generalmente no están muy lejos de la superficie.  Se supone de forma abrumadora que los pobres son personas de color, ya sean afroamericanos o ‘inmigrantes’ latinos.  La realidad es que hay 8 millones más de blancos pobres que negros.  De igual manera, se supone que un gran número de receptores de la previsión social viven la gran vida.  Algunos políticos y funcionarios políticos con los que sostuve conversaciones estaban totalmente convencidos del discurso de que dichos estafadores estaban sentados cómodamente en sofás frente a televisores a color mientras navegaban sus teléfonos inteligentes, todo esto pagado por la previsión social.  Me pregunto cuántos de estos políticos han visitado alguna vez las zonas pobres, mucho menos hablar con la gente que vive allí. Hay muchas anécdotas, pero no se encuentran las pruebas por ningún lado.  En toda sociedad existen los que abusan del sistema, tanto en los niveles superiores de ingresos como en los bajos.  Pero los pobres que conocí de entre los 40 millones que viven en pobreza eran abrumadoramente ya sea personas que habían nacido en la pobreza, o personas que habían sido lanzados allí por circunstancias fuera de su control como discapacidades físicas o mentales, divorcios, desintegración familiar, enfermedad, vejez, salarios de hambre, o discriminación en el mercado laboral.

12. El rostro de la pobreza en Estados Unidos no solo es negro, o latino, pero también blanco, oriental y de muchos otros colores.  Ni tampoco está limitado a un grupo etario en particular.  La automatización y robotización ya están apartando a muchos trabajadores de mediana edad de trabajos en los cuales ellos alguna vez creyeron estar seguros.  En la economía del siglo veintiuno, solo un mínimo porcentaje de la población está inmune de la posibilidad de caer en la pobreza como consecuencia de situaciones negativas fuera de su propio control.  El Sueño Americano se está convirtiendo rápidamente en la Quimera Americana, ya que los Estados Unidos ahora tiene el índice más bajo de movilidad social de cualquiera de los países ricos.

IV. El grado actual de pobreza en los EE. UU.

13. Existe un amplio debate sobre el grado de pobreza en EE. UU., pero para los objetivos de este informe se centra más que nada en las estadísticas oficiales del gobierno, elaboradas principalmente por la Oficina de Censos de EE. UU.

14. Con el fin de definir y cuantificar la pobreza en Estados Unidos, la Oficina de Censos utiliza ‘umbrales de pobreza’ o Mediciones Oficiales de Pobreza (OPM, por sus siglas en inglés), que se actualizan cada año.  En septiembre de 2017, más de uno de cada ocho norteamericanos vivía en pobreza (40 millones, equivalente al 12,7% de la población). Y casi la mitad de ellos (18,5 millones) vivían en pobreza extrema, con ingresos familiares reportados por debajo de la mitad del umbral de pobreza.

V. Problemas con las políticas existentes

15. No existe una receta mágica para eliminar la pobreza extrema, y cada nivel de gobierno tiene que tomar sus propias decisiones de buena fe.  Pero al final del día, particularmente en un país rico como los EE. UU., la persistencia de la pobreza extrema es una elección política hecha por los que están en el poder.  Con voluntad política, se podría eliminar fácilmente.

16. Lo que se sabe, a partir de la larga experiencia y ante las obligaciones del gobierno respecto a los derechos humanos, es que existen ingredientes indispensables para un conjunto de políticas diseñadas para eliminar la pobreza.  Éstas incluyen: toma de decisiones democráticas, políticas de empleo pleno, protección social para los vulnerables, un sistema judicial justo y eficaz, igualdad de género y racial y respeto de la dignidad humana, políticas fiscales responsables, y justicia ambiental.

17. Actualmente, Estados Unidos está muy por debajo en cada uno de estos objetivos.

1. El socavamiento de la democracia

18. La piedra angular de la sociedad norteamericana es la democracia, pero está siendo socavada constantemente.  El principio de una persona un voto se aplica en teoría, pero está muy lejos de la realidad.  En una democracia, la tarea del gobierno debería ser el facilitar la participación política asegurando que todos los ciudadanos puedan votar y que sus votos tengan el mismo valor.  En EE. UU. existe la inhabilitación manifiesta de un gran número de criminales, una regla que predominantemente afecta a los ciudadanos negros ya que ellos son los que específicamente son objeto de penalización.  Además, existe el requisito a menudo de que las personas que ya han pagado su deuda con la sociedad no puedan recuperar su derecho a votar hasta que hayan pagado todas las multas y cargos pendientes.  También existe la inhabilitación encubierta, que incluye la manipulación dramática de distritos electorales para privilegiar a grupos particulares de electores, la imposición de requisitos artificiales e innecesarios de credencial de elector, la manipulación flagrante de las ubicaciones de mesas electorales, la reubicación de Centros de Servicios al Conductor (CESCO) para dificultar la obtención de credenciales de ciertos grupos, y el incremento de obstáculos para votar especialmente para aquellas personas sin recursos. El resultado neto es que la gente que vive en pobreza, las minorías, y otros grupos desfavorecidos sistemáticamente se les priva de sus derechos a votar.

19. Una explicación común es que la gente no ve una mejora en su bienestar no importa a quien ellos eligen, por lo tanto no tiene sentido votar.  Pero la explicación más convincente y desalentadora que recibí fue en respuesta a mi pregunta de por qué las tasas de votación son tan extraordinariamente bajas en West Virginia. Un funcionario estatal señaló la apatía, la cual explicó diciendo que “cuando la gente es pobre simplemente desisten del sistema electoral”.  Si este es el caso, como parece, algunas élites políticas tienen un fuerte interés propio en mantener a la gente en la pobreza.  Como un político me comentó, sería instructivo realizar una encuesta de las comparecencias de los políticos durante las campañas en distritos abrumadoramente pobres.

2. Un énfasis ilusorio sobre el empleo

20. Las propuestas para recortar las exiguas disposiciones de bienestar social existentes ahora se venden más que nada en base a que los pobres necesitan salir del sistema de bienestar y ponerse a trabajar.  La hipótesis es que existen muchos empleos esperando a ser llenados por individuos con estándares educativos bajos, a menudo con discapacidades de un tipo u otro, a veces con la carga de antecedentes penales (quizá por el crimen de indigencia o por no haber podido pagar una multa de tráfico), y sin capacitación o ayuda significativa para obtener empleo.  También supone que los empleos que ellos podrían obtener les volvería independientes de la asistencia estatal. Sin embargo, conversé con empleados de Walmart y de otras tiendas grandes que no podrían sobrevivir con un salario de tiempo completo sin depender también de los cupones para alimentos.  Se estima que se gasta tanto como hasta $6 mil millones de dólares del programa SNAP para apoyar a dichos trabajadores, brindando así un subsidio virtual a las corporaciones pertinentes.

21. En términos del mercado laboral, la realidad es muy distinta de la que reflejan los que proponen salir del sistema de bienestar a trabajar.  Ha habido una disminución de largo plazo en las tasas de empleo.  Por ejemplo, en 2017 sólo el 89% de los hombres de 25 a 54 años estaban empleados.  Si bien los factores de ‘oferta’ tales como las crecientes tasas de discapacidad, el aumento en la inmovilidad geográfica, y tasas más altas de encarcelamiento son pertinentes, un informe de 2016 del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca concluyó que las reducciones en la oferta laboral eran menos importantes que las reducciones en la demanda laboral para explicar la tendencia a largo plazo.   Factores tales como la automatización y las nuevas tecnologías como los vehículos sin conductor, impresoras 3D y fábricas y depósitos dotados de robots conducirán a una disminución en la demanda de mano de obra no calificada.

22. Reflexionando sobre estos asuntos, expertos destacados en la materia han llegado a la conclusión que:

Debido al creciente desempleo, la población pobre de EE. UU. se está convirtiendo en una clase desfavorecida e indigente, que está desconectada de la economía y es incapaz de satisfacer las necesidades básicas. ... el 40 por ciento de la población pobre en 1999 estaba en la pobreza extrema ... [comparado al 46 por ciento de la población pobre en 2015… . Asimismo, las tasas de pobreza extrema (es decir, personas que viven con menos de US$2 por día por persona) también están aumentando, de nuevo debido a la disminución del empleo así como a la creciente “desconexión” de la red de seguridad.

3. Deficiencias en protección social básica

23. Existen muchos temas que se podrían incluir bajo este encabezamiento.  Dadas las limitaciones de espacio, me centraré en tres principales preocupaciones.

(i) Pueblos indígenas

24. Los jefes y representantes tanto de tribus reconocidas como no reconocidas me presentaron pruebas de pobreza extrema generalizada en comunidades indígenas en EE. UU.  Ellos señalaron el reconocimiento federal como un primer paso fundamental para abordar la pobreza, indicando que sin ello su estilo de vida es criminalizado, están desamparados, y su cultura está destruida – todo lo cual perpetúa la pobreza, la mala salud, y las impactantes altas tasas de suicidio. Las condiciones de vida en Pine Ridge, Lakota, fueron descritas como comparables a las de Haití, con ingresos anuales de menos de US$12.000 y tasas de mortalidad infantil tres veces más altas que la tasa nacional. Se han perdido nueve vidas a causa de suicidios en los tres últimos meses, incluyendo un pequeño de seis años. No obstante, los programas financiados por el gobierno federal para prevenir el suicidio han perdido el financiamiento.

25. Los testimonios también revelaron la necesidad urgente de recolectar datos sobre la pobreza en todas las comunidades indígenas, mayor acceso a la atención sanitaria, y mayor protección contra el abuso privado y empresarial. La tribu navajo de Red Water Pond habló acerca de los préstamos abusivos con tasas de interés del 400%, y la alta incidencia de cánceres de riñón, hígado y páncreas.

(ii) Niños en condiciones de pobreza

25. Un impactante alto número de niños en EE. UU. viven en condiciones de pobreza. En 2016, el 18% de niños – cerca de 13,3 millones – vivían en condiciones de pobreza, de los cuales los niños representaban el 32,6% de toda la gente viviendo en condiciones de pobreza.  Las tasas de pobreza infantil son más altas en los estados sureños, con un 30% en Mississippi y New Mexico y un 29% en Louisiana.

26. Contrario a los supuestos estereotípicos, el 31% de los niños pobres son blancos, el 24% son negros, el 36% son latinos, y el 1% son indígenas.  Cuando se examina a los niños pequeños y a los bebés, el 42% de todos los niños negros son pobres, el 32% son latinos, y el 37% de los niños pequeños y los bebés son indígenas americanos. La cifra para los blancos es del 14%.

27. Los niños pobres también se ven afectados de forma importante por la crisis de vivienda asequible y adecuada en EE. UU. Alrededor del 21% de las personas sin hogar son niños.  Si bien la mayoría se supone que viven en albergues para indigentes, la falta de estabilidad financiera, las altas tasas de desalojos, y las altas tasas de movilidad repercuten negativamente en la educación, y la salud física y mental.

28. Un aspecto positivo es que la mayoría de los niños en condiciones de pobreza sí tienen seguro médico. Debido a la expansión de Medicaid y la creación en 1997 del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, en inglés), en 2016 cerca del 95% de todos los niños tenían seguro médico.  El Medicaid y el CHIP han bajado la tasa de niños sin cobertura médica del 14% en 1997 a 5,3% en 2015.

29. También existen otros programas de apoyo que son importantes, tales como el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, en inglés) que se estima saca a cinco millones de niños de condiciones de pobreza anualmente, a la vez que en 2015 el Crédito Tributario por Ingresos Devengados (EITC, en inglés) y el Crédito Tributario por Hijo (CTC, en inglés) sacaron a cinco millones más de niños de condiciones de pobreza.  En cambio, el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) no está alcanzando a suficientes niños ya que menos del 25% de todas las familias pobres elegibles para recibir asistencia en efectivo con el TANF no la están recibiendo.  Los recortes propuestos a la mayoría de estos programas tendrían consecuencias dramáticas.

(iii) Atención dental para adultos

30. La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, en inglés) amplió la disponibilidad de atención dental para los niños, pero la situación de los adultos en condiciones de pobreza es lamentable.  Su único acceso a la atención dental es a través de la sala de urgencia, lo que en general significa que cuando el dolor se vuelve insoportable o discapacitante, ellos son elegibles a que se les extraiga el diente.  La higiene oral deficiente y los perfiles dentales deformantes conducen a la incapacidad de obtener empleo en muchos trabajos, ser rechazados en la comunidad y ser incapaces de funcionar eficazmente.  No obstante, no existe un programa nacional y muy pocos programas estatales para abordar estos temas que afectan fundamentalmente a la dignidad humana y, en última instancia, los derechos civiles de las personas afectadas.

4. Dependencia en la penalización para esconder el problema

31. Los estimados de indigentes publicados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en diciembre de 2017 muestran una cifra a nivel nacional de 553.742, que incluye a 76.500 en New York, 55.200 en Los Angeles y 6.900 en San Francisco.   Estas cifras son consideradas subestimadas, como ha sido demostrado con estimados de 21.000 en San Francisco por varios expertos con quienes me reuní.

32. En muchas ciudades, las personas sin hogar son efectivamente criminalizadas por la situación en la que se encuentran.  Dormir en la intemperie, sentarse en lugares públicos, mendigar, y la micción en público (en ciudades que prácticamente no proveen baños públicos) y una infinidad de otras infracciones han sido concebidas para atacar la ‘desgracia’ del desamparo.  Regulaciones cada vez más exigentes e intrusivas conducen a avisos de infracción que rápidamente se convierten en delitos menores, derivando a la emisión de órdenes de detención, encarcelamiento, imposición de multas impagables, y el estigma de una condena penal que a la vez impide el empleo posterior y el acceso a la vivienda.  Sin embargo, las autoridades en ciudades como Los Angeles y San Francisco a menudo alientan este círculo vicioso.  En Skid Row, Louisiana, se informó que se habían realizado 6.696 detenciones de personas sin hogar entre 2011 y 2016.  En vez de responder a las personas sin hogar como afrentas a los sentidos y a sus vecindarios, los ciudadanos y las autoridades locales deberían ver en su presencia una dura crítica a las políticas comunitarias y gubernamentales.  El desamparo a esta escala está lejos de ser inevitable y de nuevo refleja las decisiones políticas para ver al orden público como la solución en vez de a la vivienda de bajo costo, al tratamiento médico, a la consejería psicológica y a la capacitación laboral.  Pero la inutilidad de muchos de los enfoques existentes era demasiado obvia mientras caminaba alrededor de muchas de las zonas más afectadas.

33. En muchas ciudades y condados el sistema judicial penal es efectivamente un sistema para mantener a los pobres en la pobreza mientras genera ingresos para financiar no solo el sistema judicial pero también diversos programas.  El uso del sistema legal, no para promover la justicia sino para recaudar ingresos, como lo documenta tan convincentemente el informe del Departamento de Justicia sobre Ferguson, está muy extendido en el país.  Las así denominadas ‘multas y recargos’ se apilan de forma que las infracciones menores se vuelven inmensamente onerosas, un proceso que solamente afecta a los miembros más pobres de la sociedad que son los que pagan la gran mayoría de dichas sanciones.  Las policías estatales, condales y municipales y los organismos del orden público no siempre son motor de cambio en dichos entornos. Si bien ellas desempeñan un papel para mantener a la ciudadanía segura, algunas veces ellas también presionan a las legislaturas para mantener niveles altos de personal y políticas de horas extras, a expensas de enfoques menos costosos que abordarían los retos sociales de forma constructiva y eficazmente y eliminaría la necesidad de una respuesta de las fuerzas del orden.

34. Otra práctica que afecta a los pobres casi exclusivamente es la aplicación de grandes fianzas para los acusados que buscan obtener su libertad en espera del juicio.  Anualmente alrededor de 11 millones de personas son admitidas a las cárceles locales y en un día cualquiera más de 730.000 personas son detenidas, de las cuales casi dos tercios están esperando juicio, y por lo tanto se presumen inocentes. Sin embargo, los jueces fijan cada vez más grandes cantidades de fianza, lo que significa que los acusados ricos pueden obtener su libertad mientras que es más probable que los acusados pobres permanezcan en prisión, con todas las consecuencias que ello conlleva en términos de pérdida de sus empleos, interrupciones en su atención infantil, incapacidad de pagar sus rentas, y mayor hundimiento en las profundidades de la indigencia. Un movimiento importante para eliminar las fianzas está ganando impulso y precisa ser apoyado por todos aquellos que se preocupan por el impacto totalmente desproporcionado del sistema judicial sobre los pobres.

35. Finalmente, se debe mencionar la práctica generalizada de suspender las licencias de conducir para una amplia gama de faltas no relacionadas con la conducción, tales como el impago de multas.  Esta es una forma perfecta de asegurar que los pobres que viven en comunidades que han resistido tenazmente invertir en sistemas serios de transporte público no puedan ganarse la vida, lo que podría haber ayudado a pagar la deuda pendiente.  Hay dos caminos: penuria, o conducir ilegalmente, arriesgando así a una criminalización aún más grave y contraproducente.

5. La naturaleza de género de la pobreza

36. Se podría citar varias estadísticas para demostrar el grado en que las mujeres soportan una carga particularmente pesada como consecuencia de vivir en condiciones de pobreza. Por ejemplo, ellas están más expuestas a la violencia, son más vulnerables al acoso sexual y discriminadas en el mercado laboral.  Luke Shafer y Kathryn Edin concluyen que el número de niños en hogares con una madre sola que viven en pobreza extrema por un año completo se ha disparado de menos de 100.000 en 1995 a 895.000 en 2011 y 704.000 en 2012.  Pero quizá el daño menos reconocido es que las políticas de austeridad que reducen los servicios suministrados por el estado inevitablemente significan que la carga resultante se les impone más bien a los cuidadores primarios dentro de las familias, que abrumadoramente son mujeres.  Las legislaturas dominadas por los hombres raramente toman en cuenta esta consecuencia de los recortes al bienestar social que ellos imponen.

6. Racismo, discapacidad y demonización de los pobres

37.   La demonización de los pobres puede tomar muchas formas.  Esto ha sido internalizado por muchos pobres que orgullosamente resisten a solicitar los beneficios a los cuales ellos tienen derecho y luchan con valentía para sobrevivir contra las adversidades.  El racismo es una dimensión constante y lamento que en un informe que busca cubrir tanto terreno no haya lugar para analizar con mayor profundidad este fenómeno. Las disparidades raciales, que ya son inmensas, se están afianzando y agravando en muchos contextos.  En Alabama, yo vi varias casas en zonas rurales rodeadas de aguas residuales que fluían de sistemas sépticos averiados o que no existían.  El Departamento de Salud del Estado no tenía la más mínima idea de cuántos hogares existían en estas condiciones, a pesar de las graves consecuencias sanitarias.  Tampoco tenían ningún plan para averiguar, o diseñar un plan para hacer algo al respecto.  Pero como la mayoría de los blancos viven en las ciudades, donde reciben un buen servicio de los sistemas de alcantarillado construidos y mantenidos por el gobierno, y la mayoría de los que viven en zonas rurales como Lowndes County son negros, el problema no aparece en la pantalla del radar político o gubernamental.

38. Lo mismo se aplica a personas con discapacidades.  En la prisa por afirmar que muchos beneficiarios están estafando al sistema, a menudo se afirma, aunque con escasa evidencia, que muchos de los que reciben subsidios por incapacidad no lo merecen.  Cuando investigué las altas tasas de personas con discapacidades en West Virginia, los funcionarios gubernamentales explicaron que la mayoría de los receptores habían logrado niveles bajos de educación, trabajado en trabajos manuales y a menudo habían estado expuestos a riesgos a los que los empleadores no estaban obligados a protegerlos.

7. Políticas antidroga confusas y contraproducentes

39. La crisis de los opioides ha atraído mucha atención, cuál debe ser.  Ha devastado a muchas comunidades y la adicción a menudo conduce al abuso de la heroína, metanfetaminas y otras substancias.  Muchos estados han introducido regímenes altamente punitivos dirigidos contra las mujeres embarazadas en vez de intentar brindar tratamientos compasivos y maximizar el bienestar del feto.  Como un participante afirmó:

En Alabama las madres enfrentan procesos penales que pueden resultar en años de encarcelamiento, así como procedimientos civiles de bienestar infantil que tienen el poder de separar a las familias y cortar los derechos parentales de una persona. En Estados Unidos las familias que viven en condiciones de pobreza son desproporcionadamente objeto de investigaciones de bienestar infantil. Los expertos han hallado que los niños pobres sufren desproporcionadamente imposiciones del sistema de bienestar infantil, y las familias que reciben asistencia pública tienen una probabilidad cuatro veces mayor que otras de ser investigadas y que sus niños sean separados del hogar familiar con base en el supuesto maltrato infantil.

40. De igual manera, los estados tratan cada vez más imponer pruebas de drogas a los receptores de beneficios del bienestar social mediante programas que conducen a la expulsión del programa de infractores reincidentes.  Estas políticas son totalmente contraproducentes, sumamente intrusivas y punitivas en donde lo que se requiere es atención.  La justificación que se me dio en West Virginia fue que el estado no debería mantener a alguien que es adicto a las drogas.  Sería interesante ver si la misma justificación se aceptaría si se propusiera que los legisladores y oficiales superiores, que deben mantener la confianza pública, también deberían ser sometidos a pruebas de drogas, y castigados si no están libres de drogas en un corto tiempo.

41. Del mismo modo, el contraste entre las largas sentencias que se les impone a aquellos que usan drogas como la cocaína en crack, contrasta dramática e incomprensiblemente con el enfoque aplicado en la mayoría de los casos a la adicción de opioides.  La variable clave parece ser la raza.  La lección que se debe extraer es que la respuesta generalmente compasiva y solidaria para los que usan opioides debería aplicarse a la mayoría de los casos de drogadicción.

8. El uso del fraude como una pantalla de humo

42. Las demandas para la reforma del bienestar ocurre contra un constante redoble de denuncias de fraude generalizado en el sistema.  El contraste con la reforma fiscal es instructivo.  En ese contexto, se le pone demasiada fe en la buena voluntad y el altruismo de los beneficiarios corporativos mientras que con la reforma del bienestar se aplican supuestos contrarios.  Los pobres son inherentemente perezosos, deshonestos y solo les importa sus propios intereses.  Y los oficiales gubernamentales con quienes me reuní insistieron que los estados están utilizando el sistema para defraudar al gobierno federal, las personas constantemente elaboran nuevas formas para darse la gran vida a costa del bienestar, y los grupos comunitarios exageran los números. La realidad, por supuesto, es que existen buenos y malos actores corporativos y buenos y malos beneficiarios del bienestar.  Pero mientras el financiamiento para que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) audite a los contribuyentes ricos se ha reducido, se han intensificado los esfuerzos para identificar el fraude del bienestar.  La respuesta es la regulación gubernamental matizada, en lugar de una abdicación respecto a los ricos, y el refuerzo de políticas intrusivas y punitivas para los pobres.  Las revelaciones de evasión fiscal generalizada de compañías e individuos muy ricos no producen ninguna reacción, solo la aquiescencia y el mantenimiento de lagunas fiscales y otros arreglos diseñados para facilitar tales arreglos.  Las revelaciones de cupones alimentarios utilizados para otros propósitos que no sean para mantenerse vivos desatan gritos de indignación de oficiales gubernamentales y sus simpatizantes en los medios.

9. Privatización

43. Las soluciones a los grandes retos sociales en EE. UU. se consideran cada vez más como que se encuentran en la privatización.  Si bien las firmas involucradas se han beneficiado inmensamente, no queda muy claro que se hayan logrado resultados óptimos para las poblaciones usuarias pertinentes.  En particular, se debe dar mayor consideración al papel de las corporaciones que impiden la toma racional de decisiones y abogan contra reformas con el fin de mantener sus ganancias a costa de los miembros más pobres de la sociedad. Durante mi visita me hablaron de varios ejemplos.  Por ejemplo, las corporaciones de bonos de fianza que existen en solo otro país en el mundo, precisamente porque distorsionan la justicia, alientan niveles de fianza excesivos y a menudo innecesarios, y alimentan y cabildean por un sistema que por definición penaliza a los pobres.  Los ricos siempre pueden pagar y pueden evitar el 10% o aún más que las compañías de bonos de fianza exigen como un pago inicial no reembolsable. Escuché casos de personas que pagaron miles de dólares para la fianza, y lo perdieron todo cuando se retiraron los cargos un día después. Si ellos fueran acusados posteriormente con un delito distinto, el proceso completo comienza de nuevo y se pierden todos los pagos previos.  Otros ejemplos incluyen el manejo por parte de corporaciones de cárceles privadas con fines de lucro, así como los cazadores de recompensas.

10. Sostenibilidad ambiental

44. En Alabama y West Virginia me informaron acerca de la alta proporción de la población que no estaba siendo atendida por servicios de alcantarillado público y suministro de agua.  Contrario al supuesto en la mayoría de los países que tales servicios deben extenderse sistemáticamente y eventualmente integralmente a todas las zonas por el gobierno, en ninguno de los estados pude obtener cifras respecto a la magnitud del reto o detalles de ningún plan gubernamental para abordar los problemas en el futuro.

VI. Respuestas principales actuales del gobierno

45. El análisis a continuación está enfocado principalmente en el nivel federal.  El federalismo complica las cuestiones de responsabilidad, pero la ironía que surgió claramente de mi visita es que aquellos que gritan más fuerte defendiendo los derechos de los estados, también pelean muy duro para negar los derechos de la ciudad y el condado.  Si la retórica acerca de alentar los laboratorios de innovación ha de ser significativa, la libertad para innovar no puede restringirse a solo los políticos estatales.

1. Reforma fiscal

46. Parece que se adoptarán cambios profundos y dramáticos en los próximos días mientras el Congreso considera una versión final unificada de la Ley Fiscal.  Desde la perspectiva de los derechos humanos, la falta de debate público, la naturaleza cerrada de las negociaciones, la exclusión de los representantes de casi la mitad del pueblo norteamericano del proceso, y la imposibilidad de que los representantes elegidos conozcan algún detalle sobre lo que se les pide que voten, plantea serios problemas.  De igual modo, el cambio inmediato propuesto de muchos arreglos de larga data sobre la base en la cual los ciudadanos han planeado sus futuros plantea temas importantes relativos a la necesidad de un grado de predictibilidad y respeto a las expectativas razonables en la adopción de la reforma fiscal. 

47. Una preocupación primordial sin embargo es el enorme ímpetu que se le ha dado a la desigualdad en los ingresos y la distribución de la riqueza en las reformas propuestas. Si bien la mayoría de los otros países, y todas las instituciones internacionales principales como la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reconocen que las desigualdades extremas en la distribución de la riqueza y los ingresos son económicamente ineficientes y socialmente perjudiciales, el paquete de reforma fiscal es esencialmente una apuesta para convertir a EE. UU. en el campeón mundial de la desigualdad extrema.  Como se señaló en el Informe de Desigualdad Mundial 2018, tanto en Europa como en EE. UU. el 1% superior de los adultos ganó alrededor del 10% del ingreso nacional en 1980. En Europa esa cifra ha aumentado hoy en día al 12%, pero en EE. UU. ha alcanzado el 20%. Durante el mismo período, en EE. UU. los ingresos anuales para el 1% superior ha aumentado al 205%, mientras que para el 0,001% superior la cifra es de 636%. En comparación, el salario anual promedio del 50% inferior ha estado estancado desde 1980.

48. Al nivel estatal, la demonización del impuesto, como si fuese inherentemente malo, significa que la legislatura efectivamente rehúsa recaudar impuestos aun cuando existe una desesperada necesidad.  En cambio, ellos imponen cargos y multas por la puerta trasera, algunos de los cuales financian el sistema judicial y otros son asignados a los proyectos favoritos de los legisladores.  Esta técnica de prestidigitación es una ganadora, en el sentido que los ricos políticamente poderosos no tienen que pagar más impuestos, mientras que los pobres marginados políticamente soportan la carga pero no pueden hacer nada.

2. Reforma del bienestar

49. Al calcular cómo se pueden pagar los recortes tributarios propuestos, el Departamento del Tesoro ha listado explícitamente la reforma del bienestar como una fuente importante de ingresos.   De hecho, varios oficiales clave han hecho la misma observación de que será preciso hacer grandes recortes en la provisión de bienestar.  Dados los amplios y en algunos casos incesantes recortes que se han hecho en años recientes, las consecuencias para un sistema de protección social ya sobrecargado e inadecuado probablemente serán fatales para muchos programas, y posiblemente también para aquellos que dependen de ellos.

3. Reforma del sistema sanitario

50. El líder de la mayoría en el Senado recientemente escribió que “el Senado también votó para socorrer a los norteamericanos de ingresos bajos y medios mediante la derogación del mandato fiscal individual del Obamacare. Durante mucho tiempo las familias han sufrido este impuesto impopular e injusto impuesto bajo una ley inviable”. Muchos observadores con quienes conversé consideran que esta movida, con el tiempo, hará que el resto del ACA sea inviable, destituyendo a millones de personas de las filas de los asegurados.

51. También se han hecho muchas referencias en declaraciones de oficiales superiores de la conveniencia de reducir los gastos de Medicare y Medicaid.  Cuando pregunté a oficiales estatales qué pensaban que serían las consecuencias de derogar la expansión de Medicaid de la ACA, la respuesta unánime fue que sería desastroso, no solo para las personas afectadas pero también para los sistemas de atención sanitaria estatales.

52. Además, existe mucha incertidumbre acerca del financiamiento del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), del cual dependen casi 9 millones de niños de bajos ingresos para su atención primaria de salud y dental. Si no se asegura el financiamiento a largo plazo, esos niños podrían quedarse sin protección. Si se asegura el financiamiento, pero las amenazas para disminuir gradualmente el financiamiento para los programas en el corto plazo se concretan, esto tendría efectos devastadores en la salud de millones de niños pobres en EE. UU.

De igual modo, los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQCH, en inglés) son financiados con fondos federales, proveedores de atención integral de salud primaria y preventiva de la “red de seguridad”, independientemente de si cuentan con seguro o tienen capacidad de pago. El programa del centro de salud ha podido crecer debido a la expansión de la elegibilidad de Medicaid y aumentos en el financiamiento de subvenciones federales, incluyendo la Ley de Atención Médica Asequible. Sin embargo, el futuro de estos centros es incierto, con la aprobación de la Cámara de una ley de refinanciamiento pero con la aprobación del Senado retrasada. Si se pierde el financiamiento, se podrían cerrar cerca de 2.800 centros de salud en todo el país, 9 millones de pacientes podrían perder acceso a atención primaria y preventiva, más de 51.000 proveedores y funcionarios podrían perder sus empleos, y se perderían US$7,5 mil millones en ingresos en comunidades con situaciones económicas difíciles. Si se disminuye el financiamiento, uno puede suponer que los efectos serán proporcionalmente devastadores.

4. Nuevas tecnologías de la información

53. La ‘nueva tecnología de la información’ o ‘nueva tecnología’ no está bien definida, a pesar de su frecuente uso. Se utiliza comúnmente para fenómenos ampliamente diferentes pero interrelacionados como el aumento espectacular en la potencia informática, ‘Big Data’, aprendizaje automático, algoritmos, inteligencia artificial y robotización, entre otras cosas. Estos términos separados a menudo también carecen de una definición clara.   Existen claros beneficios del rápido desarrollo de nuevas tecnologías de la información. Un informe de la Casa Blanca de 2016, por ejemplo, destaca los grandes beneficios de la nueva tecnología de inteligencia artificial “para el público en campos tan diversos como la atención sanitaria, el transporte, el medioambiente, la justicia penal, y la inclusión económica” en la inteligencia artificial. Pero los riesgos también son cada vez más claros.  Es preciso prestar más atención a las formas en las cuales la nueva tecnología repercute en los derechos humanos de los norteamericanos más pobres.   Esta investigación es pertinente a un grupo más amplio ya que la experiencia nos muestra que los pobres a menudo son un campo de pruebas de prácticas y políticas que luego se pueden aplicar a otros.  Estas son algunas inquietudes pertinentes.

(i) Sistemas coordinados de entrada

54. Un sistema coordinado de entrada (CES, en inglés) es, esencialmente, un sistema establecido para combinar a la población indigente con los servicios disponibles para las personas sin hogar. Dichos sistemas están ganando popularidad y su repercusión en los derechos humanos aún no se ha estudiado extensivamente. Yo hablé con una gama de organizaciones de la sociedad civil y oficiales gubernamentales en Los Angeles y San Francisco acerca del CES.

55. En Los Angeles, el CES es uno de los pilares de la estrategia del alcalde Garcetti para enfrentar la crisis de desamparo en la ciudad. El sistema está administrado por Los Angeles Homeless Service Authority (LAHSA). Decenas de miles de la población sin hogar de Los Angeles han sido incluidos en el sistema desde que se estableció en 2013.  Funciona como sigue: Un asistente social o voluntario del servicio entrevista a la persona sin hogar utilizando una encuesta denominada Índice de vulnerabilidad-Herramienta de Asistencia para la Decisión de Servicio Prioritario (VI-SPDAT, en inglés). Estos datos son almacenados en un Sistema de Gestión de Información de Personas sin Hogar (HMIS, en inglés) que guarda los datos. Un algoritmo de clasificación le da a la persona sin hogar encuestada un puntaje de vulnerabilidad de entre 1 a 17 y un segundo algoritmo de emparejamiento, empareja a la persona sin hogar más vulnerable con las oportunidades de vivienda apropiadas.

56. El CES reemplaza un sistema previo de emparejar a las personas sin hogar con viviendas que me fue descrita por varios interlocutores como disfuncional. Se basa en el principio de ‘Primero Vivienda’, que se enfoca en suministrar vivienda antes que otra cosa. Pero a pesar de las buenas intenciones de oficiales en Los Angeles, hay un aspecto Orwelliano del CES. Me expresaron inquietudes similares acerca del CES de San Francisco.

57. Una primera y principal inquietud es que la encuesta VI-SPDAT pregunta a personas sin hogar que provean detalles íntimos de sus vidas. Entre muchas otras preguntas, la encuesta VI-SPDAT requiere que las personas sin hogar contesten si comercian con el sexo, si alguna vez robaron medicamentos, cuán a menudo han estado en contacto con la policía y si han “planeado actividades cada día más allá de simplemente sobrevivir que les hace sentir felices y realizados”. Conocí un investigador que ha entrevistado a personas sin hogar que tomaron la encuesta VI-SPDAT quien me comentó que muchos sentían que estaban cediendo su derecho humano a privacidad a cambio de su derecho humano a la vivienda.

58. Una organización de la sociedad civil en San Francisco explicó que muchas personas sin hogar se sienten profundamente ambivalentes acerca de los millones de dólares que se están gastando en nuevas tecnologías para canalizarlos a viviendas que no existen. Según algunos de mis interlocutores, solo una minoría de esas personas sin hogar que están siendo entrevistadas realmente adquieren una vivienda permanente, debido a la escasez crónica de vivienda asequible y cupones de vivienda de la Sección 8 en California. Como lo expresó una participante en una asamblea pública de la sociedad civil en San Francisco: “Las computadoras y la tecnología no pueden solucionar el desamparo”.

59. Una tercera inquietud relacionada al acceso a y el intercambio del acervo de la información recolectada a través de los sistemas coordinados de entrada y almacenado en el HMIS. De acuerdo a las normas de datos de 2004 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, las organizaciones de personas sin hogar que registran, usan o procesan la Información Personal Protegida de clientes sin hogar para un HMIS pueden compartir esa información con la policía en ciertas circunstancias, incluyendo en respuesta a “una solicitud oral con el fin de identificar o ubicar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida” sin necesidad de una orden judicial o cualquier otra forma de supervisión judicial.

60. Supe a través de organizaciones de la sociedad civil que personas sin hogar que habían sido entrevistadas para el VI-SPDAT habían expresado temor, un temor que no parece ser injustificado en vista del actual régimen legal, que la policía accedería a los datos personales muy confidenciales almacenados en el HMIS.  Cuando me reuní con el Director Ejecutivo de LAHSA, él me aseguró que LAHSA está elaborando una decisión de política para denegar el acceso de LAPD al HMIS, lo que sería un paso muy importante para salvaguardar el derecho humano a privacidad y otros derechos civiles de las personas sin hogar. Otros oficiales locales y del condado también me aseguraron que el LAPD actualmente no tiene acceso al HMIS.

61. Sin embargo, en vista que las normas federales permiten dicho acceso y dado el hecho que el LAPD me informó que es “lamentable” que ellos actualmente no tengan acceso a los datos del CES, es probable que continúe la presión a LAHSA y organismos similares en otras municipalidades que den acceso a la policía a esta ‘mina de oro’ de información. El acceso de la policía al HMIS está a solo una decisión política de distancia.

(ii) Herramientas de evaluación de riesgo en la fase previa al juicio

62. A lo largo de Estados Unidos, se está formando un movimiento para reformar el sistema de detención preventiva antes del juicio. El objetivo de la reforma representa un esfuerzo para desconectar la detención preventiva antes del juicio de la riqueza y en su lugar conectarlo con el riesgo. Y para lograr esa meta, un número creciente de jurisdicciones están adoptando herramientas de evaluación de riesgo (también conocidas como herramientas actuariales, o Instrumentos de evaluación actuarial de riesgo antes del juicio (APRAI, en inglés ) para asistir en la liberación antes del juicio y decisiones de custodia. Este cambio de detención preventiva antes del juicio y fianza monetaria a evaluación de riesgo tiene un amplio apoyo, pero emergen nuevos riesgos a los derechos humanos de los pobres en Estados Unidos con el uso de herramientas de evaluación de riesgo.

63. Las herramientas automatizadas de evaluación de riesgo toman “datos acerca del acusado, los introducen en un algoritmo computarizado, y generan una predicción de la probabilidad estadística de que la persona cometerá un delito en el futuro, particularmente un nuevo crimen o no asistirá a una comparecencia en la corte”. El sistema generalmente indicará si el riesgo para un acusado en particular, comparado con resultados observados entre la población de personas que comparten ciertas características, es ‘alto’, ‘moderado’, o ‘bajo’. Los jueces tienen el poder, en teoría, de ignorar el puntaje de riesgo.

64. Una crítica fundamental es que las evaluaciones de riesgo están basadas en convertir circunstancias individuales en categorías de riesgo. Los acusados abrumadoramente pobres que se enfrentan con estas nuevas prácticas son clasificados en clases de riesgo ‘alto’, ‘mediano’ o ‘bajo’, un proceso degradante para los involucrados que va directamente en contra del principio de un sistema judicial penal individualizado.

65. Varios interlocutores alertaron que estas herramientas pueden parecer que producen puntajes objetivos, pero que la decisión de clasificar qué nivel de riesgo es ‘alto’ o ‘bajo’ no es objetivo, sino que es una elección política que en última instancia debe ser decidida por los votantes, no los desarrolladores de estas herramientas, a menudo privados.

66. Las herramientas de evaluación de riesgo presentan el mismo riesgo asociado con la privatización de funciones públicas que actualmente plagan el sistema monetario de fianza. Me reuní con un Jefe de División en la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Angeles quien me explicó la presión que están sufriendo los sistemas judiciales para que compren herramientas de evaluación ‘listas para usar’ de vendedores privados. Como en otros contextos, el funcionamiento interno de dichas herramientas como propietarias de la compañía que las vende, lo cual conlleva a serias inquietudes de proceso debido que afectan los derechos civiles de los pobres en el sistema judicial penal.

(iii) Acceso a banda ancha de alta velocidad en West Virginia

67. Las organizaciones de la sociedad civil me han instado reiteradamente que me centre en los obstáculos de conexión a internet en comunidades empobrecidas en West Virginia. Este es un problema persistente en el estado, donde el 30% de los residentes de West Virginia carecen de acceso a banda ancha de alta velocidad (comparado con el 10% a nivel nacional) y 48% de los que viven en zonas rurales carecen de acceso (comparado con el 39% de la población rural a nivel nacional). Pero cuando le pregunté a la oficina del Gobernador en West Virginia acerca de los esfuerzos para expandir el acceso a banda ancha en comunidades pobres, rurales, solo me pudieron mencionar a un esfuerzo de expansión de banda ancha en 2010. Le restó importancia a la envergadura del problema afirmando que había “ciertos problemas” con el acceso a internet en los valles de West Virginia.

5. Puerto Rico

68. Estuve dos días de los nueve días que viajé fuera de Washington, D.C., en Puerto Rico. Fui testigo de la devastación que dejaron los huracanes Irma y María en Salinas y Guayama en el sur de la isla, así como en el pobre barrio Caño Martín Peña en San Juan. Tanto en el sur como en San Juan escuché a personas en condición de pobreza y a organizaciones de la sociedad civil sobre cómo estos desastres naturales son solo los últimos en una serie de malas noticias para los puertorriqueños, lo que incluye una crisis económica, una crisis de deuda, una crisis de austeridad y, presumiblemente, una crisis política estructural.

69. Los derechos políticos y la pobreza están inextricablemente relacionados en Puerto Rico. Si fuese un estado, Puerto Rico sería el estado más pobre en la Unión. Pero Puerto Rico no es un estado, es simplemente un ‘territorio’. Los puertorriqueños no tienen un representante con derecho pleno al voto en el Congreso y, a menos que vivan en EE. UU., no pueden votar en la elección del presidente de EE. UU. En un país que le gusta verse como la democracia más antigua en el mundo y un firme defensor de los derechos políticos en el escenario internacional, más de 3 millones de personas que viven en la isla no tienen electricidad en su propia capital.

70. Puerto Rico no solo tiene un déficit fiscal, sino que también tiene un déficit de derechos políticos, y ambos no se pueden desenredar fácilmente. Me reuní con el Director Ejecutivo de la Junta de Supervisión y Gestión Financiera impuesta por el Congreso a Puerto Rico como parte de PROMESA. Esta declaración no es el lugar para cuestionar los planteamientos económicos de las políticas propuestas por la Junta, pero hay pocos indicios que las inquietudes de protección social figuran de forma significativa en los análisis de la Junta.  En un momento cuando hasta el FMI insiste en que la protección social debe incluirse explícitamente en las recetas de ajuste (es decir, austeridad), parecería esencial que la Junta tomara en cuenta las inquietudes de los derechos humanos y la protección social en la reforma del bienestar, salario mínimo y regulación del mercado laboral.

71. No me corresponde a mí sugerir ninguna resolución al tema tan reñido del estado constitucional de Puerto Rico.  Lo que sí está claro es que muchos, probablemente la mayoría, puertorriqueños creen firmemente que ellos están en situación de colonia y que el Congreso de EE. UU. no tiene problema en dejarlos en tierra de nadie, con ninguna representación significativa en el Congreso y sin capacidad de realmente hacer algo para gobernarse ellos mismos.  A la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema y la adopción por parte del Congreso de PROMESA, pareciera que existen buenas razones para que el Comité de Descolonización de la ONU concluya que la isla ya no es un territorio autónomo.