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Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

28 de julio de 2021

Un cordial saludo para todos ustedes y mi agradecimiento al Alto Representante para Asuntos Exteriores y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, por esta invitación. 

Los especialistas en política exterior suelen sugerir que existe cierta rivalidad entre el compromiso con los principios de derechos humanos y las ásperas realidades de los intereses económicos, geoestratégicos o de seguridad.

Sin embargo, un compromiso genuino con los derechos humanos es sin duda fundamental para promover, no solo los intereses de la Unión Europea, sino también la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo entero.

He recibido con beneplácito el compromiso de la UE de situar los derechos humanos en el centro mismo de un multilateralismo reforzado, basado en normas universales. Como expresó la UE en su Comunicación sobre el multilateralismo, emitida para apoyar y promover la democracia y los derechos humanos en el mundo entero, la Unión Europea es una “aliada natural” de las Naciones Unidas.

Tal como señaló el Secretario General, Antonio Guterres, ante el Parlamento Europeo el pasado mes de junio, necesitamos un multilateralismo inclusivo, cuya coordinación puede correr a cargo de los Estados, pero que ha de fundamentarse en la interacción abierta, frecuente y genuina con los jóvenes, las mujeres, las autoridades locales, el sector privado y la sociedad civil.

Mi Oficina está dispuesta a profundizar nuestras relaciones con la UE, a fin de propiciar la consecución de estos objetivos.
Especialmente ahora, en este momento crucial para los asuntos mundiales, estoy convencida de que encuadrar nuestro análisis de los acontecimientos en un marco de derechos humanos y adoptar una estrategia de derechos humanos para la formulación de políticas, son los dos instrumentos fundamentales que nos permitirán construir sociedades más resilientes.

En los últimos 18 meses hemos vivido inmersos en un torbellino de crisis sucesivas que nos ha planteado enormes problemas. A lo largo de la pandemia de COVID-19, sus múltiples repercusiones sociales y económicas se han visto potenciadas por las fracturas y debilidades subyacentes en nuestras sociedades. Y aunque en algunos países la pandemia parece estar remitiendo, esa tendencia podría ser temporal, mientras que en otros lugares el tsunami económico y social prosigue, con efectos de gran alcance.   

Es preciso que evaluemos claramente las dimensiones del daño recibido y que comprendamos cuáles han sido sus vectores. Necesitamos esa comprensión porque es muy urgente llegar a ver y aprender las lecciones del COVID-19 antes de que nuestras sociedades queden fracturadas sin remedio. Y porque luego tendremos que emprender la reconstrucción y reconstruir de otra manera. 

Necesitamos sistemas más eficaces, instituciones más integradoras y políticas que respeten y honren la dignidad y los derechos de cada miembro de la sociedad, de modo que todos podamos ser más fuertes. Todos los presentes conocemos el lema “Reconstruir mejor”: en determinados círculos se ha convertido en una consigna vacía. Pero aún así, es cierto, tenemos que reconstruir mejor. Y volver a la antigua normalidad no es lo que ninguna sociedad debería desear o tratar de conseguir. Debemos hacerlo mejor.

Dicho de otro modo, este es el momento perfecto para examinar la función que la UE desempeña como promotora de los valores y la democracia en el mundo. Se trata, quizá, de un instante decisivo en la historia de la humanidad, en la historia de Europa y en la historia de los derechos humanos.

Las alarmas se habían activado mucho antes de que comenzara la pandemia. En una época en que avances sin precedentes estaban al alcance de la mano -en lo relativo a erradicar la pobreza, eliminar la discriminación y garantizar el desarrollo sostenible en el marco de sociedades inclusivas- ya nos acechaban graves desafíos a los derechos humanos y a nuestro planeta.

Extensas zonas del mundo estaban azotadas por la guerra, la violencia y el desplazamiento, por la discriminación y las desigualdades de todo tipo, y por la corrupción y el abuso de poder.

Nuestro medio ambiente estaba expuesto a daños flagrantes e irreparables. La represión de las libertades fundamentales estaba y está clausurando el espacio cívico en numerosas sociedades, a menudo mediante el uso de instrumentos digitales de vigilancia. A través del programa Proteger a los defensores, la UE ha proporcionado ayuda decisiva a miles de activistas del mundo entero cuyos derechos se están vulnerando. La tarea de proteger el ámbito cívico y la libertad de información, y de defender el Estado de derecho, incluso dentro de la propia Unión Europea, será fundamental para la credibilidad de la UE en su función de promotora de los derechos humanos.   

La xenofobia, el racismo, el odio y los prejuicios étnicos y religiosos resurgieron de los rincones oscuros donde habían quedado relegados, tras décadas de progreso de los derechos humanos. Azuzados por demagogos que se aprovechaban de la ansiedad de los ciudadanos que se sentían desatendidos y poco representados por sus gobiernos, vimos cómo crecían el odio y la intolerancia, incluso dentro de la propia UE. 

Esas tendencias que amenazaban a los derechos humanos estaban debilitando la urdimbre de la sociedad. Y cuando la pandemia de COVID-19 se desató, sus efectos se propagaron a lo largo de estas grietas, que aceleraron y amplificaron su repercusión negativa.   

Para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad -que han estado expuestos de manera desproporcionada al contagio y la muerte, a la pérdida de medios de subsistencia, de la educación, de los servicios esenciales y al aumento de la discriminación- todos los aspectos de la vida se han visto afectados.   

Hemos presenciado un drástico aumento de la mortalidad materna y una disminución de la vacunación infantil. En 2020, tan solo en Asia Meridional, los trastornos que la pandemia causó en los servicios sanitarios pueden haber contribuido a que fallecieran unos 228.000 niños más que la media anual y a unas 11.000 muertes maternas adicionales. Numerosos niños de familias de bajos ingresos han sido incapaces de seguir las lecciones que se impartían únicamente por Internet y han abandonado los estudios. Al parecer, hay un incremento significativo del trabajo infantil y la trata de niños. Las mujeres se han quedado sin empleo de manera más que proporcional y han visto cómo se multiplicaban sus tareas domésticas. Los afrodescendientes y los miembros de minorías étnicas o religiosas se enfrentan a un aumento severo de las penalidades y la discriminación.

Vemos por doquier un declive de proporciones históricas, un retroceso quizá equivalente a diez años en avances que se habían logrado en la consecución de objetivos de derechos humanos. Pero aquí surge un aspecto esencial: en muchos lugares todavía no estamos recabando información al respecto.   

Por ejemplo, la mayoría de las políticas que los Estados han adoptado para responder a la repercusión económica y social del COVID-19 no prestan atención a las diferencias de género. Según el PNUD y ONU Mujeres, solamente el 13 por ciento de las políticas que examinaron abordan las cuestiones específicas que sustentan la seguridad económica de la mujer.  

Para proceder con eficacia, es fundamental que cualquier respuesta a la magnitud sin precedentes de lo sucedido tenga en cuenta la repercusión desproporcionada que han padecido determinados grupos sociales. Pero en muchos países, tal vez en la mayoría, no disponemos de datos desglosados. No alcanzamos a ver los efectos y, por eso, no logramos integrar esas realidades en las respuestas políticas. Los gobiernos se empeñan en actuar como si sus poblaciones fueran colectivos homogéneos, sin tener en cuenta el ingreso, la geografía, el contexto económico o las formidables barreras sociales, tales como la discriminación sistemática. Esa carencia de datos tiene graves consecuencias para las vidas de sus ciudadanos.  

Además, el COVID-19 debilita aún más la capacidad estadística. En los países de ingresos medios y bajos, nueve de cada diez oficinas nacionales de estadística han padecido recortes por causa de la pandemia. Setenta y tres países han solicitado ayuda externa para abordar los nuevos problemas en la materia, tales como la compilación de datos a distancia.

Al respecto, este es el primer punto que quisiera someter a la consideración de ustedes: para formular políticas que aborden de manera dinámica los múltiples daños causados por el COVID-19, necesitamos datos precisos y desglosados. En realidad, necesitamos esos datos para abordar los factores y las múltiples capas de privación, desventaja y discriminación que causan la vulnerabilidad. ¿Qué ocurre con las mujeres negras de edad avanzada? ¿Qué pasa con los niños gitanos? ¿Y con los niños y las niñas de etnia gitana que además tienen discapacidades?   

En el pasado, cuando desempeñé los ministerios de Defensa y Salud Pública, y luego la Presidencia de mi país, entre mis responsabilidades figuraba la tarea de formular políticas. Soy plenamente consciente de los problemas que plantea la elaboración de indicadores de derechos humanos. Y voy a decirles lo que, con toda probabilidad, les está ocurriendo a esas personas. Carecemos de estadísticas que reflejen su situación, de modo que no tenemos medidas políticas que aborden sus problemas específicos y esa es la razón por la que esos colectivos se van quedando cada vez más rezagados.

Esta situación es inaceptable. Nos perjudica a todos. Necesitamos que nuestras sociedades coordinen esfuerzos para reconstruir un tejido social que sea más resiliente, coherente e integrador, y no una urdimbre colectiva cada vez más deteriorada, frágil y plagada de dolencias. Nuestra Oficina sigue reforzando los vínculos institucionales y la cooperación entre las instituciones nacionales de derechos humanos y los sistemas estadísticos de cada país, con miras a lograr que los derechos humanos sean pertinentes para todos. También promovemos el uso más amplio posible de indicadores de derechos humanos en la formulación de políticas y hemos realizado un esfuerzo considerable con el fin de elaborar herramientas útiles e importantes.   

Pero esta es una tarea que requiere más apoyo internacional. Cuando este discurso se incorpore hoy al sitio web del ACNUDH, pediré que se añada a la página un enlace que permita acceder a determinados documentos relativos al tema, para que ustedes puedan examinarlos.   

Segundo punto: comprobamos ahora que el acceso desigual a las vacunas, junto con las deficiencias subyacentes de muchos países en lo tocante a invertir en la protección de los derechos humanos fundamentales, están reforzando la posibilidad de que la recuperación se produzca de maneras muy divergentes, tanto en Europa como en el resto del mundo.

Esta tendencia no solo representa un perjuicio potencial para millones de seres humanos: es un factor que nos perjudicaría a todos. En las zonas donde el COVID-19 se propague libremente se incubarán cada vez más variantes del virus y algunas de ellas terminarán por penetrar las barreras sanitarias implantadas en los países más ricos.  

Del mismo modo que el cambio climático no puede combatirse en un solo país, también la pandemia pone de manifiesto la necesidad de políticas concertadas, flexibles y multilaterales. La Unión Europea debe usar su influencia en la escena mundial para garantizar el acceso justo y equitativo de todos a las vacunas.   

Necesitamos una mejor comprensión de lo que significan los bienes públicos mundiales, del conjunto cada vez mayor de elementos que condicionan el bienestar y los derechos de la humanidad. Es preciso que demostremos nuestra solidaridad, colaborando en la gestión de los problemas comunes, de manera que podamos repartir equitativamente las cargas y los costes; que reconozcamos el interés común y procedamos en función del mismo -lo que abarca la universalidad de la dignidad y los derechos humanos- porque la solidaridad opera también en beneficio de nuestro propio interés particular.  

Asimismo, es preciso integrar de manera más eficaz las perspectivas de largo plazo, tanto en los mecanismos de gobernanza nacionales como internacionales, a fin de proteger en el futuro la sostenibilidad de la vida humana y sus derechos, sin que nadie quede rezagado.   

Permítanme que examine aquí algunos aspectos específicos.

Es preciso que ayudemos a reconstruir la confianza de la población en las sociedades donde la marginación y la injusticia están socavando peligrosamente la cohesión y la estabilidad. Para esto sería necesario que las instituciones recuperasen su fiabilidad. De acuerdo con lo proclamado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el marco de trabajo de los derechos humanos impone a los Estados la obligación de velar por que las instituciones sean transparentes, participativas e integradoras, y que ofrezcan a todos los medios de exigir sus derechos.  

Necesitamos sistemas sólidos que faciliten el acceso eficaz a la atención sanitaria de calidad, la protección social de amplio espectro, el trabajo decente, el agua potable, la vivienda y otros derechos fundamentales que contribuyen a la seguridad de todas las personas.

Debemos definir y erradicar todas las modalidades de discriminación, que impiden el desarrollo personal y generan agravios duraderos. Luchar contra la discriminación y respetar la diversidad en todas sus formas -ya sea en lo tocante al género, la etnia, la cultura, las creencias o la condición migratoria- no son esfuerzos que nos dividen, sino tareas que nos unen.

Los derechos a la libertad de expresión, de información y de investigación fundamentada, la máxima ampliación del espacio cívico y la facultad de protestar pacíficamente son elementos esenciales para garantizar que las instituciones respondan adecuadamente a las personas a las que deben servir. No hay atajo que sustituya al derecho a manifestarse libremente y a expresar sus necesidades y opiniones; no hay justificación alguna para menoscabar estas libertades cívicas fundamentales.

La transparencia, la participación y la no discriminación también deben formar parte de la gobernanza de los recursos públicos, especialmente en un contexto como el actual, en el que la disminución de ingresos fiscales, combinada con la necesidad cada vez mayor de gasto social, plantean opciones difíciles a los responsables de tomar decisiones en la materia.   

La mejor inversión que un país puede realizar consiste en asignar fondos públicos para hacer realidad los derechos humanos. En muchos casos, esto significa la aplicación de una fiscalidad progresiva y la reorientación de recursos hacia los grupos marginados, con el fin de reducir las desigualdades.    

También es probable que se traduzca en una financiación del desarrollo, con el apoyo de la solidaridad internacional.
Sin duda, también ha de traducirse en inversiones para cumplir con el derecho humano a un medio ambiente saludable, en un mundo más verde y más limpio, al tiempo que se organizan nuevos sistemas económicos que aborden las desigualdades, que sean más integradores y más justos. Exhorto a la UE y a sus Estados Miembros a que apoyen el reconocimiento mundial del derecho humano a un ambiente saludable, incluso en el contexto de la Asamblea General. Además, les insto a que integren los derechos humanos en los procesos orientados a la aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.

Porque la situación a la que nos enfrentamos en 2021 es una divisoria de aguas: una oportunidad excepcional de abandonar los modelos de sociedad que en el pasado generaron desigualdades y fragilidad y de orientar al mundo hacia un futuro más inclusivo.

La normativa de derechos humanos es nuestra brújula para alcanzar este futuro. Esos principios de derechos humanos contribuyen a forjar sociedades que serán más sólidas y seguras, porque serán clarividentes, respetuosas y equitativas.

En los últimos 18 meses esto ha quedado ampliamente demostrado. Hemos comprobado que las medidas de protección social pueden mantener el funcionamiento de la economía y salvar a millones de personas de la exclusión social de larga duración. Esas medidas permitieron que la gente sobreviviera y pudiera satisfacer sus necesidades fundamentales. En esto consiste el derecho a la seguridad social: la pérdida de ingresos o la enfermedad no deberían conducir a la indigencia. Esta pandemia debería enseñarnos que la promoción de los derechos humanos no es solo la acción correcta, sino que también es la acción inteligente. 

He recibido con beneplácito el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia de la Unión Europea (2020 – 2024), que redobla el hincapié en los derechos económicos, sociales y culturales, insiste en el vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente y confirma el apoyo a los principios democráticos; al tiempo que presta más atención a la necesidad de maximizar los beneficios de las tecnologías digitales y de reducir al mínimo sus riesgos.
En un mundo gravemente amenazado por el cambio climático, la desigualdad y la división que lo polariza, es preciso que defendamos unidos los principios de derechos humanos, antes de que esos pilares, erosionados, atacados y debilitados, terminen por derrumbarse.   

Hace 75 años, la creación de las Naciones Unidas aportó esperanzas a los pueblos que habían sido víctimas de la guerra, el genocidio, el despojo y la explotación.   

Al igual que la Unión Europea, las Naciones Unidas se concibieron para facilitar la resolución pacífica de los conflictos, la resistencia contra las tiranías, la igualdad de todas las personas y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos naturales.   

Este ideario y esta promesa conservan hoy toda su importancia y la misma eficacia que entonces. Ambos nos recuerdan que este continente, en particular, se enfrentó en el pasado a calamidades aún peores y que logró superarlas.

No debemos permanecer al margen de estas tendencias y contemplar pasivamente la erosión de nuestros derechos. Hay alternativas a la indiferencia, la pasividad y la preocupación. Podemos defender los valores de decencia y compasión que animan a nuestras sociedades. Podemos aunar esfuerzos con nuestros congéneres para reclamar un liderazgo mejor, leyes más adecuadas y más respeto a la dignidad humana.  Podemos defender -de manera individual o colectiva, a escala local- el compromiso general con los derechos humanos, y estar dispuestos a hacer frente a todos los desafíos mundiales.