Segmento de Alto Nivel – COP1 Escazú

Excelencias,

En este Día Internacional de la Madre Tierra, me complace acompañarles en la primera Conferencia de los Estados Parte del Acuerdo de Escazú.

En primero lugar, saludo a todos los Estados que han ratificado este Acuerdo pionero, dando muestra de su liderazgo a nivel regional y global en la búsqueda de nuevas herramientas para proteger tanto el medio ambiente como a sus defensores. Insto a los Estados que aún no lo ratificaron, que lo hagan prontamente.

Hace 30 años, con la adopción de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se sentaron las bases de los compromisos adquiridos para avanzar en la esfera de los derechos ambientales. A nivel internacional, hemos visto pasos en este sentido, como la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y el reconocimiento por parte del Consejo de Derechos Humanos del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en 2021.

El compromiso de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales, y de promover la armonía con la naturaleza tiene eco en el Llamamiento a la Acción para los Derechos Humanos del Secretario General de las Naciones Unidas, que incluye los derechos de las generaciones futuras y la justicia climática.

Sin embargo, vemos que la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad está afectando gravemente el pleno goce de derechos, como el derecho a una alimentación adecuada, al agua, a la educación, a la vivienda, a la salud, al desarrollo e incluso a la propia vida.

La crisis también ha generado un aumento de conflictos sociales, tensiones y desigualdades estructurales, quellevan a las personas a enfrentar situaciones de mayor vulnerabilidad, en particular las personas con alto riesgo de exclusión, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, las mujeres que viven en zonas rurales, la población campesina o la población viviendo en situación de extrema pobreza.

La intensificación de estas crisis con el tiempo constituye un gran desafío para los derechos humanos.

Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para que los Estados cumplan con sus responsabilidades en el cuidado del planeta, promoviendo y protegiendo los derechos de las personas.

En este sentido, el Acuerdo representa una gran oportunidad para que los Estados implementen medidas eficaces sobre el acceso a la información, participación, justicia y protección, poniendo en el centro a las personas y grupos históricamente vulnerados y marginalizados.

Excelencias,

El Acuerdo de Escazú es, sin duda, un hito pues los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú en que “Si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden”. 

Sin embargo, según los datos recopilados por mi Oficina, 3 de cada 4 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe.

Por otra parte, activistas ambientales enfrentan demandas y acciones judiciales, muchas veces presentadas por empresas del sector extractivo, con relación a actividades realizadas en el legítimo ejercicio de su labor como activistas.

Estos datos muestran una realidad inaceptable y la necesidad de que la región aborde este tema de forma prioritaria. En nuestra región, las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, así como las organizaciones que las asisten, no cuentan con un entorno seguro ni con espacios de participación y decisión efectivos. Si esto no cambia, las acciones y políticas seguirán destinadas a fracasar.

El más reciente informe del Grupo de Expertos Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), releva que, las vulnerabilidades estructurales al cambio climático se pueden reducir a través de intervenciones legales, políticas y de procesos cuidadosamente diseñados e implementados desde lo local hasta lo global que aborden las desigualdades basadas en el género, el origen étnico, la discapacidad, la edad, la ubicación y los ingresos. Esto incluye enfoques basados ​​en derechos que se centran en el desarrollo de capacidades, la participación significativa de los grupos más vulnerables y su acceso a recursos claves, incluido el financiamiento, para reducir el riesgo y adaptarse.

Como lo expresa el Acuerdo, el derecho a la participación en asuntos ambientales abarca la participación en las políticas públicas y normativas ambientales, así como la participación en proyectos y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. El público, los titulares de derechos, las organizaciones de la sociedad civil, son actores claves para la democracia, que muestran aspectos críticos y oportunidades que pueden fortalecer las políticas en materia ambiental y las políticas de desarrollo.

El Acuerdo de Escazú proporciona una voz crítica para la democracia ambiental. Además, está en línea con el compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás.

Al concluir, reitero el compromiso de mi Oficina para apoyar todos sus esfuerzos por proteger nuestro planeta y adoptar medidas que hagan del mundo un lugar más seguro para las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.

Gracias.