Discurso de Nada Al- Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Sr. Presidente,
Excelencias:

Me honra presentar, en nombre de la Alta Comisionada, su informe sobre la situación de derechos humanos en Sudán desde el golpe de Estado militar del 25 de octubre de 2021.

En el documento se hace hincapié en que siguen siendo muy preocupantes las pautas de violaciones de derechos humanos registradas desde el golpe.

Los grandes avances realizados en materia de derechos humanos, justicia  transicional y consolidación del Estado de Derecho durante el periodo de trasición se han estancado. Esta situación coincide con un notable deterioro de las condiciones socioeconómicas del país, que afecta gravemente a los grupos de población más vulnerables. Desde el 25 de octubre de 2021, los precios de numerosos artículos y servicios básicos han aumentado considerablemente; el precio del pan se ha encarecido un 100 por ciento, los combustibles en un 130 por ciento y la electricidad es un 2.500 por ciento más cara. Además, ahora se prevén peores cosechas. Se calcula que el número de personas que padecerán hambre aguda se duplicará hasta superar los 18 millones de aquí a septiembre de 2022.

El pueblo de Sudán -con la juventud a la vanguardia- sigue manifestándose en las calles para reclamar pacíficamente la democracia y la vuelta a un régimen civil.

Aplaudo la iniciativa del Mecanismo Trilateral, compuesto por la Misión Integrada de las Naciones Unidas para la Transición en Sudán, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), orientada a facilitar el diálogo a fin de solucionar la actual parálisis política.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a Adama Dieng, Experto de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Sudán, por su dedicación y a las autoridades competentes por su colaboración con este mandato. El Sr. Dieng visitó el país por segunda vez del 1 al 4 de junio.

Reconozco y agradezco a las víctimas y los testigos de las vulneraciones de derechos humanos, cuyas declaraciones constituyen la base de este informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en Sudán desde el golpe militar, que he presentado al Consejo de Derechos Humanos.

Excelencias:

El informe, que abarca el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2021 y el 10 de abril de 2022, pone de relieve el uso continuo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en respuesta a las manifestaciones de protesta contra el golpe. Esta actuación de las fuerzas de seguridad ha causado la muerte de 101 personas (entre ellas una mujer y 15 niños) y heridas a más de 5.000, la mayoría de ellas en el Estado de Jartum.

Fue impresionante saber que, en la mayoría de los casos, las muertes de los manifestantes fueron causadas por heridas de bala en el pecho o la cabeza. Los botes de gas mostaza disparados directamente contra ellos produjeron cuatro muertes y causaron casi un tercio de los heridos.

También se puso de manifiesto un esquema de arrestos y detenciones masivas de activistas. Aunque, por lo general, los manifestantes fueron puestos en libertad tras un breve periodo, a menudo a los dirigentes de las protestas, a los miembros de los comités de resistencia y a los activistas se les retuvo en situación de incomunicación por plazos que se prolongaron hasta dos meses. Estas medidas son emblemáticas de la reducción del espacio cívico, en particular para las activistas femeninas de la sociedad civil, que cada vez afrontan más acoso y amenazas, incluso las que proporcionan apoyo a las víctimas de la violencia sexual. 

Durante el periodo que abarca el informe, se verificó la existencia de 16 incidentes de violencia sexual o de género perpetrados en Jartum por miembros de las fuerzas de seguridad o por policías de civil en el contexto de las protestas. Esta verificación la realizó la Oficina Conjunta a través de testimonios de primera mano. Entre los casos comprobados hubo siete violaciones masivas cometidas por personal uniformado.

La violencia entre comunidades se ha recrudecido desde el golpe de Estado, especialmente en las regiones de Darfur Septentrional y Occidental, lo que se ha traducido en múltiples pérdidas de vidas y destrucción de propiedades y medios de subsistencia. La muerte de al menos 172 personas, víctimas de la violencia intercomunitaria en Kerenik (Darfur Occidental), del 22 al 24 de abril de 2022, puso de manifiesto las deficiencias persistentes en lo relativo a la protección de la población civil.

Excelencias:

Contra este telón de fondo, aplaudo la decisión de levantar el estado de emergencia y poner en libertad a todas las personas detenidas con arreglo a las leyes de excepción. También reconozco los adelantos en la investigación judicial motivada por las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas desde el 25 de octubre y exhorto a las autoridades a que hagan públicos esos progresos, aceleren la investigación y lleven a los responsables ante los tribunales de justicia.

Asimismo insto encarecidamente a las autoridades a que tomen medidas adicionales, en particular para poner fin al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, a que revoquen el decreto de emergencia que amplió las facultades policiales de las fuerzas regulares y el Servicio General de Inteligencia, y les otorgó inmunidad provisional ante la Fiscalía, y a que supriman la práctica de arrestar y detener arbitrariamente a los ciudadanos. Les pido que respeten y protejan los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la libertad de opinión y expresión, y el derecho a la libre reunión y asociación, y que actúen con diligencia para prevenir las vulneraciones de los agentes estatales, en particular las fuerzas conjuntas de seguridad.

La protección de la población civil es un objetivo de suprema importancia. El Acuerdo de Paz de Juba y el Plan Nacional para la Protección de los Civiles deben aplicarse sin más dilación.

Por último, exhorto a la comunidad internacional a que apoye las iniciativas orientadas a obtener una solución política duradera en Sudán y a que siga apoyando la labor del Experto y de la Oficina Conjunta.

Las exigencias del pueblo sudanés en materia de derechos humanos son nítidas y no deben quedar sin respuesta. Cualquier solución política a la parálisis actual debería colocar a los derechos humanos, comprendida la rendición de cuentas por las vulneraciones recientes y las cometidas en el pasado, en el centro y la vanguardia de su programa.

Muchas gracias.