Comentarios del portavoz de la Oficina del ACNUDH Jeremy Laurence sobre la violencia de las pandillas en Haití y el aumento de los abusos de derechos humanos

Nos preocupa profundamente el recrudecimiento de la violencia en Port-au-Prince (Haití) y el aumento de casos de abusos de derechos humanos cometidos por pandillas armadas contra la población local.

Instamos a las autoridades a que garanticen que los derechos humanos sean protegidos y situados en la vanguardia de las respuestas a esta crisis. La lucha contra la impunidad y la violencia sexual, junto con el fortalecimiento de la vigilancia y la elaboración de informes sobre derechos humanos debe seguir siendo una prioridad.

Hasta el momento, hemos registrado, de enero a fines de junio de este año, 934 asesinatos, 684 casos de lesiones y 680 secuestros en la capital. En un periodo de cinco días, del 8 a 12 de julio, al menos otras 234 personas resultaron muertas o heridas en actos de violencia relacionados con las pandillas en la zona de Cité Soleil. La mayoría de las víctimas no estaban directamente involucradas en la actividad pandilleril y fueron directamente agredidas por esos elementos. Asimismo, hemos recibido informaciones acerca de nuevos actos de violencia sexual. 

Exhortamos a los responsables de esta violencia armada y a quienes los apoyan a que cesen de inmediato estos ataques y a que respeten las vidas y los medios de subsistencia de todos los haitianos, la mayoría de los cuales vive en extrema pobreza.

Las pandillas fuertemente armadas llevan a cabo acciones cada vez más complejas y a menudo realizan ataques simultáneos y coordinados en diversas zonas. En el derecho internacional de los derechos humanos el derecho a la vida tiene carácter supremo y el Estado tiene la obligación de protegerlo, incluso de las amenazas procedentes de individuos y entidades privadas.

Como parte de sus tácticas, algunas pandillas impiden que la población local pueda acceder a bienes de consumo básicos, como el agua potable o los alimentos. Estas medidas han agravado la prevalencia de la desnutrición aguda, principalmente entre los niños, en las zonas afectadas. La violencia también ha agravado la escasez de combustible, ya que el depósito principal de la ciudad se encuentra en Cité Soleil, con lo cual los costes del transporte han aumentado considerablemente. La gravedad de la situación socioeconómica ha provocado protestas callejeras y ha empeorado la ya deteriorada situación de seguridad, por lo que el miedo ha llevado a muchos residentes y comerciantes a encerrarse en sus hogares.

En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que Haití es signatario, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para conservar su salud y bienestar, lo que abarca los alimentos, la ropa, la vivienda, la atención médica y los servicios sociales necesarios.

Desde principios de junio, las pandillas también han atacado las principales instituciones de Port-au-Prince, incluso los tribunales y las oficinas de gestión del puerto. También se ha informado de amenazas de ataque contra el Parlamento, el reclusorio nacional, el banco nacional y la Corte Suprema de Auditores y Contenciosos Administrativos. Las autoridades parecen superadas por la situación: las instituciones están paralizadas por la falta de recursos, la corrupción y la violencia, lo que genera más impunidad. Aunque la Policía Nacional ha reaccionado lo más pronto posible, sus limitados efectivos se han visto desbordados.

Aplaudimos la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de prorrogar el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), lo que dará un nuevo impulso a la respuesta internacional a la crisis de derechos humanos que tiene lugar en este país y contribuirá a mejorar la circulación de la ayuda humanitaria internacional.

FIN