Presentación del informe sobre los derechos económicos, sociales y culturales

Excelencias,
Distinguidos delegados,
Estimados colegas:

Me complace la oportunidad de compartir hoy con ustedes los puntos más destacados del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, (E/2022/…), que actualmente se encuentra en preparación y que pronto estará disponible.

Tras el informe presentado el año pasado al ECOSOC, el documento de este año pone de relieve el apoyo que nuestra Oficina brinda a los Estados Miembros para que respondan al llamamiento del Secretario General en pro de un nuevo contrato social mediante el trabajo de la Iniciativa Surge, lanzada por el ACNUDH en 2019.

La pandemia de COVID-19 ha sumido al mundo en la peor crisis económica ocurrida desde la Segunda Guerra Mundial, y ha agravado las situaciones previas de discriminación, marginación y desigualdad. Esta crisis ha arrasado numerosas vidas y medios de subsistencia, y ha hundido en la pobreza a más de cien millones de personas.

La pandemia ha dejado de manifiesto las drásticas consecuencias de la insuficiencia crónica de inversiones en ámbitos relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, tales como la salud pública, la protección social, la alimentación, la vivienda, la educación, el agua y los saneamientos.

En el contexto de la iniciativa “por una mejor recuperación”, el Secretario General formuló un conjunto de medidas prácticas necesarias para transformar la economía, en su programa “Nuestra Agenda Común”.

Esta evolución nos exige que apreciemos mejor la función que la economía desempeña en la promoción y protección de los derechos humanos, y que la traduzcamos en medidas concretas.

Más que nunca, necesitamos hoy conectar la economía, el desarrollo y los derechos humanos, en vez de dejarlos en compartimientos estancos, aislados unos de otros.

En los dos últimos años, nuestra Oficina ha dado prioridad a la tarea de vincular mejor los derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales, con los métodos de desarrollo y la formulación de políticas económicas.

En junio del año pasado, en un discurso pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada abogó por “una economía que refuerce los derechos humanos”. Nuestra labor en este ámbito se ha visto potenciada por la Iniciativa Surge, lanzada en respuesta al aumento de los conflictos sociales, la pobreza y la desigualdad, así como al lento avance de la Agenda 2030.

Para nosotros, resulta evidente que una economía que realce los derechos humanos defendería la dignidad y los derechos de todos y promovería un tipo de desarrollo sostenible que no dejaría a nadie rezagado.

Esto nos lleva a plantear algunos interrogantes. ¿Cómo podríamos aumentar las inversiones en salud, educación y protección social, considerando que los beneficios derivados de esos gastos solo se obtienen a medio y largo plazo? ¿Cómo podríamos promover el bienestar de todos? ¿Cómo velar por que los beneficios del crecimiento económico no dejen a nadie rezagado? ¿Cómo es posible ajustar mejor las políticas económicas con los objetivos de derechos humanos y justicia medioambiental? ¿Qué forma asumirían las medidas y los instrumentos económicos destinados a potenciar los derechos humanos?

Estas son preguntas fundamentales que tratamos de responder a medida que colaboramos estrechamente con los asociados de las Naciones Unidas y los equipos de país en la tarea de apoyar a los Estados Miembros. El informe que presento hoy hace hincapié en algunos de estos esfuerzos, incipientes pero cada vez mayores, en el marco de la Iniciativa Surge, orientados a asistir a los países y a nuestros aliados con análisis y asesoramiento específicos, adaptados al contexto, en los que aprovechamos nuestras competencias combinadas en macroeconomía, derechos humanos y desarrollo sostenible.

Permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos de nuestra labor en pro de una economía capaz de potenciar los derechos humanos.

En Kenya y Zimbabwe, nuestra Oficina realiza actualmente análisis del presupuesto nacional basados en los derechos humanos, con miras a definir las opciones para ampliar el espacio fiscal y la inversión en ámbitos prioritarios con miras a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

En Malasia y Somalia, estamos examinando cómo los programas de protección social podrían alinearse mejor con los principios y las normas de derechos humanos expuestas en los convenios de derechos humanos y de la OIT; esta labor se lleva a cabo en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Examen Periódico Universal y los órganos de tratados.

En el distrito colombiano de Buenaventura, nuestra Oficina ha apoyado a las autoridades locales con el fin de mejorar la rendición de cuentas y el monitoreo en el contexto de la aplicación de los Acuerdos de Buenaventura de 2017, que ese año puso fin a una huelga general. Durante la huelga, alrededor del 70 por ciento de la población de ese distrito de mayoría afrocolombiana se echó a la calle para protestar por las vulneraciones estructurales de los derechos económicos, sociales y culturales, y pedir que se destinaran más recursos a los servicios públicos.

En Nepal, nuestra Oficina también contribuye a evaluar el costo de los servicios mínimos esenciales para hacer realidad los derechos a la salud reproductiva de las trabajadoras más marginadas, comprendidas las empleadas del hogar y las trabajadoras sexuales. Habida cuenta del costo económico de la estigmatización y la criminalización de determinados medios de subsistencia, las trabajadoras sexuales suelen pagar tres o cuatro veces más por esos servicios, ya que prefieren acudir a clínicas privadas distantes para evitar los hospitales públicos de su vecindario.

Excelencias:

La economía es un elemento crítico de la vida social que durante demasiados años ha operado al margen de las salvaguardas que los derechos humanos pueden proporcionarnos. Una economía que potencie los derechos humanos es una parte esencial de la solución que nos permitiría abordar las desigualdades, combatir la pobreza, recuperarnos mejor del COVID-19 y forjar sociedades más resilientes ante las crisis venideras. Sobre todo, para que la solución sea sostenible y justa, los derechos humanos deberían ocupar una posición privilegiada entre los objetivos y las políticas económicas.

Replantear la economía a través de un enfoque basado en los derechos humanos también será fundamental para abordar el cambio climático, la violencia, el descontento social y los conflictos en el mundo entero. Una economía que funcione en beneficio de todos, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, será una de las claves de un nuevo contrato social y un elemento esencial para restablecer la confianza pública en los gobiernos y las instituciones.

La experiencia obtenida mediante la Iniciativa Surge ha demostrado la utilidad de los marcos de derechos humanos para orientar las políticas económicas nacionales, promover y proteger la igualdad y la no discriminación, propiciar la participación y el empoderamiento de la población en los procesos de toma de decisiones, y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Nuestra Oficina está en disposición de seguir apoyando cada vez más a los Estados Miembros con el fin de situar los derechos humanos en el eje de sus políticas económicas y sus estrategias de desarrollo, en el esfuerzo por constuir un mundo más justo y sostenible.

Muchas gracias.