Discurso en vídeo de la Subdirectora General Ilze Brands Kehris para la Cumbre de Ciudades de las Américas sobre gobernanza local de la acción sostenible en materia de narcóticos

Excelencias,
Damas y caballeros:

Más del 50% de la población mundial vive hoy en las ciudades.

Según datos recientes de las Naciones Unidas, casi el 70% de la población vivirá en ciudades de aquí a 2050.

A medida que aumenta la población urbana, es más probable que las desigualdades económicas y sociales crezcan también, con la consiguiente amenaza a los derechos a la alimentación, la vivienda, el agua y los saneamientos, y al acceso a los servicios de salud y educación para todos.

Al mismo tiempo, los problemas relativos a las políticas contra el uso de narcóticos se agravan y adquieren más notoriedad en todas las ciudades del mundo.

Estimados colegas:

En la última década, la reforma de las políticas relativas a las drogas ha logrado avances sin precedentes en los planos internacional, regional, nacional y subnacional.

Hemos sido testigos de estos cambios y los hemos acompañado.

En 2016, la reunión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el consumo de narcóticos aprobó un documento final en el que se reorientaba la política de control de drogas hacia medidas más equilibradas, de base empírica, fundamentadas en criterios de salud pública y derechos humanos. En este documento se puso de relieve el compromiso de los Estados de promover y proteger los derechos humanos en el marco de la aplicaclión de todas las políticas relativas a los estupefacientes.

En 2018, el sistema de las Naciones Unidas adoptó una posición común en relación con las drogas, que además proporciona orientaciones para lograr que las políticas relativas a los narcóticos cumplan con los principios de derechos humanos.

El mes pasado, el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra aprobó una nueva resolución sobre políticas relativas a las drogas, en la que se insta a los Estados a elaborar y aplicar medidas basadas en los derechos humanos y que sean sensibles a las diferencias de género.

Debates de alto nivel sobre las políticas relativas a los narcóticos se han iniciado también en foros regionales intergubernamentales de varias regiones, entre otros en las Américas.

Asimismo, se llevan a cabo debates de ámbito nacional sobre la reforma de las políticas relativas a las drogas.

Es fundamental que las ciudades y los ayuntamientos participen en estas iniciativas.

Las autoridades de ámbito local y municipal suelen tener responsabilidades directas en el tratamiento de la situación relativa a las drogas, y por lo tanto desempeñan una función importante en la aplicación práctica de las leyes y las medidas sobre los narcóticos que se aprueban en el plano nacional.

Por lo tanto, esta reunión es a la vez oportuna y urgente.

Estimados colegas:

Aunque los gobiernos centrales ejercen la responsabilidad primordial en materia de derechos humanos, las administraciones locales también tienen una importante función que desempeñar.

Esta afirmación también es válida cuando se trata de los esfuerzos para abordar el problema de las drogas en las ciudades.

Los alcaldes y los gobiernos municipales deberían disponer del espacio y los recursos políticos e institucionales necesarios para adoptar y aplicar respuestas basadas en los derechos humanos a las situaciones locales relativas a las drogas.

En vez de promover la estigmatización asociada a la criminalización del uso de estupefacientes, la policía especializada en la lucha contra la droga, tanto en el plano local como en el nacional, debería centrarse en reducir los daños causados a los usuarios y a actuar sobre la base de pruebas concretas.

Por ejemplo, en varios países del continente, tales como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, la posesión de drogas para uso personal no constituye delito.

El objetivo de este enfoque es abordar los obstáculos que impiden el acceso al tratamiento y a otros servicios de salud, y así salvar más vidas.

También hemos comprobado que la ampliación de los servicios de mitigación de daños en las ciudades ha repercutido considerablemente sobre el número de nuevos casos de VIH entre quienes consumen drogas por vía intravenosa.

Los alcaldes y las autoridades municipales deben velar por que se cumplan las normas de derechos humanos y se pueda empoderar y alentar a los agentes de la policía local encargados de aplicar la ley, para que traten con dignidad a los consumidores de narcóticos.

Estas autoridades también deben desempeñar una importante función al recabar la participación de todos los interesados en la elaboración y aplicación de políticas basadas en los derechos humanos en el plano local. Lo anterior abarca a la policía, los fiscales, los trabajadores sociales y del sector sanitario, los docentes, los usuarios de drogas, las familias afectadas y la sociedad civil. 

La búsqueda del consenso es clave para lograr políticas bien fundadas y eficaces en relación con los narcóticos.

Estimados colegas:

En conclusión, quisiera referirme a las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas.

Estas directrices ofrecen un conjunto exhaustivo de normas de derechos humanos que permiten situar la dignidad humana, la salud pública y el desarrollo sostenible en el centro de nuestras respuestas al negocio de las drogas ilícitas.

Además, estas directrices constituyen una herramienta útil para la formulación de políticas relativas a los narcóticos y deberían aplicarse tanto en el plano local como en la esfera nacional.

Espero que en el mundo entero las autoridades de todos los niveles utilicen estas importantes orientaciones para fomentar respuestas al problema de las drogas basadas en los derechos humanos.

Nuestra Oficina seguirá participando en estos asuntos esenciales y espero poder colaborar con las autoridades en todos los ámbitos para situar los derechos humanos en el eje de las políticas relativas a las drogas y su aplicación.

Les deseo un debate fructífero en este evento.

Muchas gracias.