Türk pronuncia un discurso ante el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos de Irlanda

Les agradezco profundamente la invitación para hacer uso de la palabra en este acto. Me complace en particular coincidir de nuevo con David Donoghue, con quien tuve el placer de colaborar estrechamente en la elaboración de la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, que tanto debe a su competencia. Debo añadir que siempre he admirado su experiencia en materia de multilateralismo.

Cuando uno piensa en Irlanda asocia de inmediato este nombre con los derechos humanos. La segunda Alta Comisionada del ACNUDH fue una irlandesa, la ex presidenta Mary Robinson. Quienes nos hemos formado y trabajado en este contexto sabemos qué importante ha sido la contribución de Irlanda a la causa general de los derechos humanos, con su dinámica sociedad civil y su política exterior fundamentada en esos derechos.

De modo que este seminario que se difunde por conducto de Internet (webinar) servirá para enriquecer el debate público sobre las principales prioridades en la materia, tanto en Irlanda como en el resto del mundo.

Este debate acontece en un momento decisivo, cuando celebramos el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me complace tener la oportunidad de dirigirme a ustedes sobre la necesidad de revitalizar el espíritu de este documento y los compromisos mundiales relativos a la promoción de los derechos humanos.

Este año se conmemora también el 30º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena, que dio origen a la Oficina que yo represento actualmente.

Conozco muy bien vuestro instituto y su reputación de independencia y competencia en materia de políticas públicas.

Guardo gratos recuerdos de la hospitalidad -¿podría llamarla la célebre hospitalidad irlandesa?- que recibí aquí hace seis años, cuando visité este país. Esa visita la realicé en calidad de Alto Comisionado Adjunto del Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR.

Comienzo por los aniversarios ya citados. Cuando asumí este cargo, hace ocho meses, pensé -debido al contexto geopolítico- que era importante revitalizar y reconstruir el consenso en torno a los derechos humanos. Los aniversarios constituyen una oportunidad para hacerlo. Con esa idea en mente lanzamos la iniciativa Derechos Humanos 75, a fin de hacer realidad las promesas de igualdad, justicia y derechos humanos para todos.

Necesitamos que los países renueven sus compromisos con esas promesas fundamentales y con su universalidad.

Conocemos los problemas que el mundo afronta.

En primer lugar, las amenazas a la paz y la seguridad. En Europa, desde la invasión de Ucrania por tropas rusas el 24 de febrero de 2022, cada día nos ha aportado nuevas imágenes de los combates.

Solo el cálculo de los desplazados representa una cifra inimaginable: 14 millones de personas. Irlanda ha desempeñado una función importante al acoger a numerosos refugiados ucranianos. Pero esta es tan solo una de las muchas situaciones de conflicto y violencia que nos preocupan. No debemos olvidar otros gritos de ayuda, entre ellos los procedentes de Sudán, que estuvo en el centro de la atención de la prensa durante breve tiempo, pero ha salido de las pantallas de radar desde que se produjo la evacuación de la mayoría de los miembros de la comunidad diplomática, a pesar de que continúa el inmenso sufrimiento del pueblo sudanés. Yo estuve allí en noviembre, durante mi primera misión en calidad de Alto Comisionado, y es descorazonador comprobar los retrocesos ocurridos en el progreso y la esperanza de ese país. Toda la nación sudanesa está secuestrada por la pugna entre dos hombres.

En segundo lugar, las repercusiones catastróficas de la triple crisis planetaria -el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la diversidad biológica- también resultan evidentes. En fechas recientes, el Secretario General se ha expresado claramente acerca de estos peligros. Ningún país está al margen del sufrimiento y el caos que esta crisis genera. Las repercusiones en materia de derechos humanos que causan estas amenazas medioambientales ya son considerables y seguirán en aumento. Cuando se mira al futuro, si no se cumple el objetivo de limitar a 1,5 grados centígrados el aumento de la temperatura media del planeta y en su lugar experimentamos un alza -digamos- de 3 grados centígrados de aquí a finales de siglo, es fácil imaginar las consecuencias caóticas que eso puede acarrear en el mundo entero. Una situación así repercutiría directamente sobre las personas y sobre el cumplimiento de nuestros derechos humanos.

Fue idóneo que el año pasado la Asamblea General acordara que todas las personas, cualquiera que sea el lugar donde vivan, tienen derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, en medio de una biodiversidad y unos ecosistemas duraderos. Mi Oficina seguirá promoviendo la supresión rápida y equitativa de los combustibles fósiles, así como soluciones para las personas que han sido perjudicadas por el cambio climático.

En tercer lugar, figuran los desafíos digitales. Seguramente ustedes conocen los informes sobre la inteligencia artificial, los videomontajes trucados (deep fakes) y la bioingeniería, tecnologías que avanzan tan rápido que las regulaciones gubernamentales encuentran dificultades para mantenerse a su ritmo. Las posibles consecuencias de estas tecnologías para los derechos humanos y para la actividad humana en general son enormes. Cuando no sabemos con certeza qué es verdadero y qué es falso, nadie puede sentirse seguro. Es probable que en esa situación la confianza se deteriore considerablemente, tanto la confianza en las instituciones como entre los mismos seres humanos.

Es preciso que los gobiernos implanten regulaciones cuidadosas que permitan aprovechar los beneficios de la tecnología y superar la brecha digital que padecemos, y que, al mismo tiempo, limiten los posibles perjuicios de esos factores mediante la aplicación de una perspectiva de derechos humanos. Por supuesto, las Naciones Unidas deben desempeñar una función importante gracias a su capacidad de convocatoria y su experiencia en la promoción de soluciones. En Europa, la regulación de la IA ha logrado avances considerables, que podrían servir de modelo al resto del mundo.

En cuarto lugar, debemos combatir las tendencias que amenazan los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+. Y para contrarrestar estos retrocesos, debemos esforzarnos para resistir a las restricciones cada vez mayores que se imponen sobre la sociedad civil y el espacio público.

En muchos países del mundo, las personas no están empoderadas para participar en las mesas de negociación en las que se decide su futuro y esta situación agrava todas las demás crisis: las del clima, la seguridad, la tecnología, la discriminación y las desigualdades.

El lenguaje común de los derechos humanos es la brújula que señala el camino para salir de la confusión actual. Nos permite evitar los retrocesos que privan a las personas de sus derechos y libertades. Es el sendero que nos orienta hacia la promoción de la paz, a un nuevo contrato social y a la prosperidad compartida.

El concepto de universalidad significa que todos los agentes deben comprometerse a usar esa brújula.

Creo firmemente que debemos renovar este consenso mundial en torno a los derechos humanos para superar las múltiples crisis a las que se enfrenta la humanidad.

Debemos fundamentar nuestras acciones en los derechos humanos, si queremos mantener la esperanza de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030, un plazo que es ya inferior a siete años.

Y tal como ha demostrado la crisis climática, debemos prestar especial atención a la influencia que nuestros actos de hoy podrían ejercer sobre la protección y el fomento de los derechos fundamentales de los jóvenes y las generaciones venideras.

La iniciativa Derechos Humanos 75, coordinada por mi Oficina en colaboración con otros asociados, se centra en la universalidad, el progreso y el compromiso. Los días 11 y 12 de diciembre celebraremos en Ginebra un evento de alto nivel y esperamos recibir allí las promesas y los compromisos de los Estados y otros agentes, entre ellos las ciudades, las empresas, las entidades de la sociedad civil y de las Naciones Unidas, con ideas visionarias sobre los derechos humanos y los desafíos del futuro.

Espero que, cuando nos reunamos en diciembre, podamos contar con el compromiso de Irlanda y de muchos de ustedes. Durante largo tiempo, Irlanda ha sido un adalid de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales para todos, incluso durante los tres años en que ocupó un escaño en el Consejo de Derechos Humanos, y centró su atención especialmente en el derecho a la libertad de culto o creencia, el derecho a la libertad de expresión, la ampliación del espacio cívico, la igualdad de género y los derechos del colectivo LGBTIQ+. Irlanda también ha apoyado desde hace mucho tiempo a los defensores de derechos humanos, en particular mediante su programa especial de visados humanitarios y los subsidios y la ayuda que ha proporcionado a organizaciones como Frontline Defenders y Civicus. Hace poco me entrevisté con la Relatora Especial sobre los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, que es una firme promotora de ese apoyo.

Permítanme volver ahora a las crisis que mencioné al principio, empezando por la situación del espacio cívico, que es clave para las transformaciones a largo plazo.

Sabemos que la máxima participación posible en la gobernanza en todos los niveles, del local al mundial, tiene más probabilidades de garantizar una distribución equitativa de los recursos y soluciones más legítimas y eficaces a los desafíos que afrontamos.

Este aspecto también está vinculado directamente a los derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos civiles y políticos y el derecho al medio ambiente. La integración de diversas opiniones, especialmente las de los colectivos que han sido marginados o discriminados, contribuye a abordar los agravios y prevenir tensiones y conflictos. Tal como señaló el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “las medidas de adaptación y mitigación que priorizan la igualdad, la justicia social, la justicia climática, las estrategias basadas en los derechos y la inclusión generan resultados más sostenibles… (y) apoyan el cambio transformador”. Me complace que el IPCC señalara esto, porque en el pasado no siempre hemos oído el lenguaje de los derechos humanos y estas ideas indican dónde está la solución.

Otro tanto ocurre con la Agenda 2030. Para mejorar la consecución de sus objetivos, poner fin a la pobreza y crear un mundo más pacífico, inclusivo y justo, las personas deben ser libres para asociarse, intercambiar información y plantear sus preocupaciones. Esa es la esencia de la sociedad abierta.

Pero, en realidad, si examinamos diversos países del mundo, el espacio disponible para el debate crítico, la disidencia y la protesta está severamente limitado y eso también ocurre, por desgracia, en Europa.

Al menos 50 gobiernos de distintas partes del mundo han aprobado leyes que limitan la capacidad operativa de las ONG o su derecho a recibir financiación del extranjero, o ambos a la vez.

En algunos países, cuando los ciudadanos critican a sus líderes, es más fácil culpar a la influencia extranjera que abordar los problemas reales. Es preciso que tomemos medidas para contrarrestar esta tendencia a la restricción del espacio cívico, que tan nociva resulta.

A principios de este mes viajé a Austria, donde participé en la celebración del 30º aniversario de la Conferencia Mundial de Viena, que dio origen a la creación de mi Oficina.

Cuando miré a los participantes en la mesa redonda, me di cuenta de que tres de las seis personas que me acompañaban eran exiliadas que habían tenido que abandonar sus países de origen porque se habían atrevido a defender los derechos humanos.

Fue una experiencia enriquecedora compartir el podio con esas tres mujeres que habían pagado un alto precio por defender los derechos humanos en Afganistán, Irán y Rusia.

Sus biografías ilustran cabalmente la idea de que un espacio cívico abierto es fundamental para la defensa de los derechos humanos, pero también para que las sociedades prosperen y tengan acceso a la innovación y la creación necesarias para abordar los retos contemporáneos.

En diciembre próximo, además de celebrar el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a conmemorar el 25º aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos.

En este documento se reconoció por primera vez en la historia el derecho específico a defender los derechos humanos.

Pero si examinamos la situación mundial, los defensores de derechos humanos suelen ser objeto de agresiones, amenazas, campañas de desprestigio y persecución a causa de su abnegada labor.

Los defensores del medio ambiente están en una situación particularmente peligrosa. Las estadísticas al respecto son terribles: más de tres activistas fueron asesinados cada semana durante la última década. Este es un índice muy revelador.

Sus campañas en pro de sociedades más justas y equitativas incluyen esfuerzos para cambiar leyes, lograr la excarcelación de otros activistas y poner de relieve la corrupción.

Pero, tal como informó a principios de año al Consejo de Derechos Humanos la Relatora Especial Mary Lawlor, el éxito que estas personas cosechan en sus esfuerzos puede redoblar el peligro al que están expuestas. Estos activistas les cantan las verdades a los gobiernos, se enfrentan a poderosos intereses creados y revelan problemas que muchos preferirían ocultar.

En este año del 75º aniversario de la DUDH, al tiempo que debatimos sobre cómo renovar el compromiso universal con los derechos humanos, es preciso que redoblemos los esfuerzos para ampliar el espacio cívico y proteger más a los defensores de derechos humanos.

Debemos conectar con las comunidades y, en particular, debemos estimular a los jóvenes, que son quienes encabezarán la lucha por los derechos humanos universales en los decenios futuros.

En Irlanda, ustedes saben muy bien qué importantes son esos derechos para la promoción de la paz, la sociedad civil y la voz de las comunidades de base.

Fue gracias a iniciativas de base que se creó en 1984 la Convención de Paz de Tipperary, con el fin de alentar y reconocer a quienes trabajan en pro de la paz, las causas humanitarias y los derechos humanos. Y los esfuerzos de Irlanda para establecer formatos de participación innvadores han sido impresionantes, por ejemplo, en asuntos tales como el matrimonio igualitario.

Cuento con vuestro apoyo para ayudarnos a forjar un ecosistema de derechos más sólido, que opere de manera eficaz y que sea económicamente sostenible para todos los dispositivos de derechos humanos en vigor.

Confío en que nos ayudarán a proteger y promover los derechos humanos en cada rincón del mundo durante los próximos 75 años.

Muchas gracias.