Las economías ancladas en los derechos humanos pueden sanar las fracturas sociales, dice el Alto Comisionado

Diálogo Hernán Santa Cruz, Chile
Mensaje de vídeo de Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Hace siete décadas y media, los líderes mundiales adoptaron un texto inspirador para ayudar a encontrar una salida a la tragedia y destrucción generadas por dos guerras mundiales, y facilitar una recuperación económica inclusiva tras la Gran Depresión.

Al cumplirse 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que dar las gracias a sus redactores, entre ellos Hernán Santa Cruz, diplomático chileno que luchó activamente por la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales.

Estos diálogos celebran su legado. Rindo homenaje a su visión y su valentía.

Santa Cruz escribió una vez sobre la dolorosa paradoja de la coexistencia de una riqueza inimaginable con una miseria atroz.

Estaba decidido a abordar las profundas desigualdades del mundo.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo.

La brecha entre ricos y pobres es grande, y no se está cerrando.

Se estima que 201 millones de personas en América Latina vivían en la pobreza a finales del año pasado.

En muchos países, los pueblos indígenas se enfrentan a tasas de pobreza mucho más elevadas.

Las zonas rurales doblan las tasas de pobreza extrema de los centros urbanos.

La crisis económica mundial ha disparado los precios de los alimentos y la energía y ha sumido en la pobreza a millones de personas más.

Ningún país se ha librado de las devastadoras consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19.

Y ningún país se librará del impacto humano, medioambiental y económico masivo de la crisis climática, a menos que tomemos medidas de amplio alcance, y lo hagamos ahora.

En tiempos de crisis, las economías se tambalean. La inversión disminuye y el empleo se resiente.

Las desigualdades se amplían y profundizan.

Pero las economías ancladas en los derechos humanos pueden resistir estos embates.

Son economías que distribuyen sus recursos de forma más justa y que dan prioridad y ofrecen protección social, educación y servicios de salud de calidad para todas las personas.  

Son países que actúan con decisión frente a la crisis climática.

Son los que garantizan que las personas disfruten de todas sus libertades fundamentales, que tengan el espacio para alzar su voz y exigir sus derechos y que puedan participar activamente en los asuntos que les afectan.

Al recordar la visión de Santa Cruz y otros delegados hace 75 años, inspirémonos en el espíritu y la sed de cambio que aportaron a la mesa de redacción.

Los gobiernos de la región tienen ahora la oportunidad de revitalizar su compromiso con los derechos humanos.

Pueden modificar el rumbo, marcar el camino y lograr un cambio económico y social para bien.

Luchando contra la corrupción e impulsando reformas fiscales que promuevan contribuciones más justas por parte de los que están en mejor situación, y que movilicen recursos para lograr la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Basando las políticas, planes y programas económicos en las obligaciones y principios de los derechos humanos.

Y garantizando que los presupuestos nacionales reflejen provisiones para una inversión sólida en derechos económicos, sociales y culturales, así como en los esfuerzos para alcanzar la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta región se están dando grandes pasos hacia una mayor colaboración en sistemas fiscales globales más eficaces, sostenibles e inclusivos. Son bienvenidos.

Y hago eco del llamado del Secretario General de Naciones Unidas a una reforma drástica de la arquitectura financiera internacional. Les insto a todos y todas a apoyar la Iniciativa de Bridgetown, un paquete de propuestas que cambiará las reglas del juego para aliviar las dificultades de la deuda, aumentar la inversión en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y garantizar una transformación ecológica de nuestras economías.

Por último, me complace que Chile haya ratificado el histórico Acuerdo de Escazú. Se trata de un instrumento esencial, que contribuye a actuar frente al cambio climático y a lograr la justicia ambiental en la región. Llamo a aquellos estados de la región que no lo han ratificado aun, a hacerlo.

Cerrar la brecha de las desigualdades exigirá una voluntad política decidida. Garantizando que los derechos humanos sean el cimiento sobre el que se construyen y sostienen nuestras economías, tendremos más posibilidades que nunca de sanar las fracturas sociales y avanzar hacia la prosperidad, la dignidad y la justicia para todas las personas.

Promovamos y volvamos a comprometernos con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Muchas gracias.