Estamos sumamente preocupados por el cierre de numerosas organizaciones de la sociedad civil ocurrido recientemente en Malí, una medida que parece ser parte de las crecientes restricciones de derechos humanos y libertades fundamentales que se aplican en ese país.

Desde diciembre de 2023, al menos cuatro organizaciones han sido disueltas, entre ellas la Coordinadora de Movimientos del Azawad, la Asociación de Simpatizantes del Imam Mahmoud Dicko (CMAS) y el Observatorio para las Elecciones y la Buena Gobernanza de Malí.

Pedimos a las autoridades del gobierno de transición que permitan que esas organizaciones disueltas puedan reanudar sus actividades. Es indispensable que las autoridades estatales protejan el espacio cívico y garanticen el pleno respeto y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, así como los derechos a la libertad de asociación y reunión, de conformidad con las leyes de Malí y con sus obligaciones en virtud de los tratados regionales y el derecho internacional de los derechos humanos.